La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exsecretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Al parecer las raciones alimenticias no fueron suministradas de manera continua durante el año 2020”, dijo el Ministerio Público. El organismo de control, lo destituyó e inhabilitó por 9 años por irregularidades en el PAE.
Un nuevo lío disciplinario enfrenta el exsecretario de Educación de Neiva y actual director Técnico de Educación Técnica y Tecnológica, Giovanny Córdoba Rodríguez, por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el 2020.
La Procuraduría General de la Nación anunció ayer que llamó a juicio disciplinario al entonces titular de la cartera de educación, por supuestas anomalías en la ejecución del PAE durante el año 2020. “Se profirió pliego de cargos”, dijo el organismo de control.
El Ministerio Público manifestó que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, profirió pliego de cargos a Córdoba Rodríguez, porque no habría suministrado las raciones alimenticias a los estudiantes, durante 42 días del año 2020, “con lo que habría afectado a los niños, niñas y adolescentes a los que estaba destinado ese beneficio”, indicó el organismo de control.
Agregó que al parecer Córdoba Rodríguez no realizó de manera adecuada la selección de los operadores que debían distribuir el complemento alimenticio durante toda la anualidad escolar, “pese a que la administración anterior había apropiado los recursos para garantizar la continuidad del programa”.
Para el Ministerio Público, el entonces funcionario, por aparentemente “omitir garantizar el PAE durante toda la vigencia de 2020, violó en forma manifiesta la normativa vigente aplicable al momento de los hechos, así como los principios que regulan la contratación estatal, en un municipio donde muchos niños, niñas y adolescentes lo necesitaban”.
La Procuraduría señaló que el exsecretario de Educación, Córdoba Rodríguez, habría vulnerado los principios de moralidad, eficacia y responsabilidad, calificó su aparente conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.
LA NACIÓN consultó a Córdoba Rodríguez, quien manifestó que no se iba a pronunciar al respecto del proceso disciplinario.
Destituido e inhabilitado
Córdoba Rodríguez fue sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general durante 9 años, al igual que el alcalde Gorky Muñoz Calderón; al secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera y la secretaria Privada Camila Mercedes Ortega Suárez, por irregularidades en dos contratos celebrados durante el COVID-19, en el 2020.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, tomó la decisión de segunda instancia, el pasado mes de agosto, al resolver la apelación de la sentencia de marzo de 2023.
El organismo de control, además de sancionar disciplinariamente al mandatario Muñoz Calderón, también cobijó al secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera; la secretaria Privada Camila Mercedes Ortega Suárez y al director Técnico de Educación Técnica y Tecnológica, Giovanny Córdoba Rodríguez.
El Ministerio Público confirmó que el mandatario Muñoz y el entonces secretario de Educación, Córdoba Rodríguez, escogieron los contratistas en las ordenes de servicio de interventoría 010 con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) y 011 de 2020 con la Fundación Colombia Florece, sin que cumplieran con la experiencia y capacidad para su ejecución, además, “existía entre ellos una inhabilidad, al confirmar que el representante legal de la organización sin ánimo de lucro es miembro de la junta directiva de la corporación, quien fungió como interventor de este”.
Señaló que el Secretario de Educación en este mismo negocio jurídico no detalló las características de los alimentos que estarían dentro del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del municipio, por tanto, “el servidor no realizó estudios técnicos de oferta y mercado para las raciones alimentarias, como el atún, entre otros”.
terio Público confirmó que el mandatario Muñoz y el entonces secretario de Educación, Córdoba Rodríguez, escogieron los contratistas en las ordenes de servicio de interventoría 010 con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) y 011 de 2020 con la Fundación Colombia Florece, sin que cumplieran con la experiencia y capacidad para su ejecución, además, “existía entre ellos una inhabilidad, al confirmar que el representante legal de la organización sin ánimo de lucro es miembro de la junta directiva de la corporación, quien fungió como interventor de este”.
Señaló que el Secretario de Educación en este mismo negocio jurídico no detalló las características de los alimentos que estarían dentro del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del municipio, por tanto, “el servidor no realizó estudios técnicos de oferta y mercado para las raciones alimentarias, como el atún, entre otros”.