Si son encontrados responsables, todo el peso de la ley debe caer sobre los tres policías que fueron capturados en pasados días en Neiva señalados de múltiples delitos que se derivaron tras la detención de un joven que se movilizaba en una motocicleta robada.
Se trata de un suboficial y dos patrulleros, adscritos a la Policía Metropolitana de Neiva, los que están envueltos en este escándalo, que no es de poca monta.
Nos estamos refiriendo a uniformados que, según las investigaciones, se desviaron de las directrices institucionales y habrían cometido hechos delictivos.
Tal como se reveló en estas páginas el fin de semana pasada, todo empezó con la denuncia de un joven que los policías capturaron, el pasado mes de noviembre de 2022, por transportarse en una motocicleta que figuraba como robada.
El individuo fue trasladado al CAI Los Alpes y, de acuerdo con el denunciante, mientras se adelantaba el procedimiento de rigor, los uniformados le habrían exigido la suma de cinco millones de pesos para dejarlo en libertad y no dejar evidencia documental de lo sucedido.
Los tres policías están acusados de los delitos de concusión, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y prevaricato por omisión.
Los hechos denunciados son de una extrema gravedad y debe la Policía Nacional adelantar sus propias investigaciones para determinar lo ocurrido. Llama la atención que no haya habido acciones disciplinarias cuando ya ha pasado un año de un caso de semejante naturaleza.
La Policía no puede permitirse esta clase de hechos vergonzosos que manchan el honor policial y representan además un golpe duro para la imagen de la institución. Los policías en todos sus grados, responsables de la seguridad ciudadana, deben ser ejemplo de honestidad, integridad y rectitud.