Con el ceño fruncido y la mirada torva los parlamentarios del Centro Democrático denunciaron en el recinto del congreso, el terrible acto de proselitismo armado cumplido por las FARC en el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, del departamento de La Guajira y acusaron al gobierno del presidente Santos de haber autorizado la actividad y estar entregando el departamento de La Guajira al castrochavismo. El escándalo que se armó en la prensa escrita, la radio, la televisión y las redes sociales, por el proselitismo armado de las FARC fue muy superior al de otros hechos que en mi humilde concepto tienen repercusiones peores para el futuro del país, pero que sólo fueron mirados fugazmente por los grandes medios de comunicación de masas. Me refiero a temas como la corrupción en la Policía Nacional, los sobrecostos por cuatro mil millones de dólares (doce billones de pesos) en la construcción de la refinería de Cartagena (Reficar), o incluso un hecho que denunció el propio Iván Márquez en el mitin de Conejo, pero que pasó desapercibido para los medios de comunicación: la muerte de 4.770 niños en la Guájira por física hambre entre los años 2012 y 2015, según denuncia de la Red Nacional de Veedurías al Fiscal General de la Nación, mientras el departamento recibió regalías por valor superior a los dos billones de pesos en los últimos cinco años, que se esfumaron en los bolsillos de una burocracia corrupta, abandonando una necesidad tan sentida como la seguridad alimentaria de las comunidades Wayuu.
Como las negociaciones de paz no han concluido, y falta detallar el punto de cómo garantizar la seguridad de los guerrilleros una vez desmovilizados y desarmados, y como existe la larga tradición en Colombia de que a los rebeldes desmovilizados se les asesina (Rafael Uribe Uribe, Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, Carlos Pizarro, Oscar William Calvo, Ernesto Rojas, 3.000 dirigentes de la Unión Patriótica, etc., ellos han tomado la precaución de garantizar la seguridad de sus dirigentes llevando a sus mítines a guerrilleros armados en calidad de escoltas. Para quienes quieren la continuidad de la guerra hasta el total aplastamiento militar de la guerrilla, sin importar las pérdidas humanas, físicas, económicas ni el tiempo que demore (entre otras cosas porque esos dirigentes guerreristas viven muy seguros en las ciudades y quienes sufren las consecuencias son las gentes humildes) aprovechan un hecho como el de Conejo para atacar el gobierno negociador y hacer exigencias imposibles como aquella de no más de tres “campos de concentración para la guerrilla” en sitios alejados y despoblados a la manera de como lo hicieron los nazis con los judíos en la segunda guerra mundial. Las FARC deben entender que ha llegado la hora de decirle adiós a las armas y pedirle al estado su adecuada seguridad para poder hacer política como desean.