El gobierno nacional ya tiene la que será la hoja de ruta del país y los colombianos para los próximos cuatro años. La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia potencia mundial de la vida’ es un logro del presidente Petro y del Congreso de la República, especialmente de la oposición, que con sus debates y críticas constructivas enriqueció el proyecto y puso freno al exceso de algunos artículos estructurales que no convenían a los ciudadanos, así como a varias entidades e instituciones.
Aunque fueron aprobadas algunas facultades extraordinarias en sectores puntuales como crear una entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte encargada de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales, o para la recuperación del Hospital San Juan de Dios, y artículos como los mecanismos para la compra de tierras para la reforma rural integral, morigerada por senadores y representantes, el Legislativo puso límite a algunos de los súper poderes que pretendía el presidente. Los redujo mucho menos de la mitad, de 24 a 4, como la creación de la Agencia de Seguridad Digital, cambiar reglas de juego en los servicios eléctrico y gas natural y facultades excepcionales ambientales.
Pero, ojo, entidades de control y vigilancia, se colaron temas peligrosos sobre los cuales debemos estar alerta, como habilitar a las entidades públicas a celebrar contratos por la mínima cuantía con organizaciones sociales como las juntas de acción comunal. Estos pequeños montos corren el riesgo de no contar con la debida vigilancia y control y estar en la mira del clientelismo. O la figura de las asociaciones público-populares que permitirá al gobierno contratar con organizaciones sociales la ejecución de obras en infraestructura social, agro, energía, vivienda rural, vías terciarias, producción de alimentos, caminos vecinales, entre otros campos. Nos preocupa cómo se garantizará la capacidad de los ejecutores y no se margine la libertad de oferentes y de competencia. La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que podría significar el fin de las “pequeñas y medianas empresas de ingeniería del país”. Y modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, que hoy marchan bien, dejándolos expuestos a la politiquería.
Sin embargo, tengo la esperanza de que el Plan, que contempla inversiones de 1.154 billones de pesos, con 372 artículos que modifican normas en todos los sectores de la sociedad, sea ejecutado de la mejor manera contribuyendo a cerrar históricas brechas sociales, combatir las desigualdades y contribuya a consolidar la anhelada paz.
El presidente Petro ya tiene el mapa que incorpora la mayoría de sus ideas y propuestas, es hora de actuar, ya terminó la campaña. El gobierno no puede quedarse en metas bien intencionadas y un Plan, sobre el que hay tanta esperanza, en manos del clientelismo.