La Procuraduría abrió investigación contra la alcaldesa de Campoalegre, Elizabeth Motta Álvarez, por presuntas irregularidades en un contrato para realizar desinfección ambiental en la sede de la Alcaldía, ancianato y la parroquia, entre otros lugares. “Hemos cumplido con los principios de la contratación pública”, dijo la mandataria.
Rafael Rodríguez C.
Un contrato, al parecer con posibles sobrecostos, para desinfectar y contrarrestar la propagación de la pandemia del Covid-19, en algunos sectores del municipio de Campoalegre, tiene enredada disciplinariamente a la alcaldesa Elizabeth Motta Álvarez.
Así lo dio a conocer ayer la Procuraduría, al anunciar que abrió una investigación disciplinaria contra la mandataria, luego de la indagación preliminar y analizar la copia del contrato, el certificado presupuestal y el acta de inicio del contrato, entre otros documentos entregados por la Secretaría de Planeación Municipal de Campoalegre.
La Procuraduría Provincial de Neiva, que asumió la investigación, manifestó que con las pruebas practicadas para verificar si ocurrieron las irregularidades e individualizar al servidor público responsable, se estableció que “no se logró desvirtuar la posible ocurrencia de la conducta denunciada, ni se evidenció la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria”.
Sostuvo que con los documentos aportados se logró identificar al presunto responsable, “es necesario que se adelante el procedimiento disciplinario en contra de la doctora Elizabeth Motta Álvarez…”.
La alcaldesa Motta Álvarez, quien será escuchada en versión libre, manifestó que respeta las decisiones de los organismos de control, al señalar que “consideramos que hemos cumplido con los principios de la contratación pública y es lo que vamos a aclarar, decantar y precisar ante la Procuraduría”.
Sobrecostos
La investigación contra la mandataria inició con la denuncia instaurada por el concejal Ardubay Fierro Zapata, el 25 de junio de 2020, quien manifestó presuntas irregularidades en el contrato que suscribió con ocasión de la urgencia manifiesta la alcaldesa Motta Álvarez con Jhonatan Eduardo Mosquera Villa, representante legal de la empresa de fumigación.
El contrato de prestación de servicio número 004 del 24 de abril del 2020, por $48’450.000, tenía como objeto la desinfección de lugares públicos para evitar la propagación del Covid-19 en el municipio. “Manejo integrado de sanitización y desinfección ambiental, para ejecutar acciones que nos lleve a contrarrestar la propagación del Covid-19 en el municipio de Campoalegre”.
El concejal Fierro Zapata sostuvo en la denuncia que se habrían presentado sobrecostos, al señalar que los equipos alquilados para la aplicación de las fumigas suman $27’500.000, “costo que en realidad, es incluso mayor a si estuviera comprando los equipos, cabe anotar que se está pagando el servicio de fumigación y se paga por el servicio, no se están comprando los equipos”.
Agregó que sobre los productor y germicidas utilizados en la fumigación, por un costo de $15’150.000 “en ningún lado se precisa cantidad de cada uno de los elementos, galones, garrafas, canecas. No existe unidad para medir o cuantificar el gasto”.
Precisó el concejal Fierro Zapata que fue testigo de las cantidades utilizadas “como pueblo arrocero que es Campoalegre, es fácil calcular o estimar el costo de la fumigación y las actividades realizadas…es sorprendente lo que han pagado en este contrato…”.
Aseguró que sobre la mano de obra “no se especifica cuantos días” trabajaron los seis operarios que recibieron un pago de $800.000 cada uno. El coordinador recibió un millón de pesos “tampoco se precisa cuanto tiempo”.
La desinfección se adelantó que la sede de la Alcaldía, la estación de Policía, los parques Los Fundadores y el del Arroz, el ancianato ‘María Triana de Ferro’, la plaza de mercado, el pabellón de carnes, la ESE El Rosario, la fundación ‘Luciano Perdomo’, el hogar de paso, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, la parroquia El Divino Amor y el cementerio.
El Procurador Provincial de Neiva anunció que solicitará apoyo a la Dirección de Investigación de la Procuraduría General de la Nación para que rindan informe respecto a la existencia o no de sobrecostos en los servicios que se prestaron con el contrato.