El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, criticaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro por minimizar los hechos de violencia que ocurrieron el pasado 8 de febrero por la no elección de Fiscal General.
El asedio que se vivió el pasado 8 de febrero en la Corte Suprema por la no elección de Fiscal General sigue siendo noticia. Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro rechazó las afirmaciones de un presunto secuestro de magistrados, asegurando que no hubo heridos ni evacuación en helicóptero, subrayando que los jueces podían entrar y salir libremente.
“No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro porque siempre pudieron salir y entrar como quisieran”, declaró Petro.
La respuesta de las cortes
En un primer momento, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, reconoció que por fortuna ninguno de los magistrados del alto tribunal resultó herido, pero le exigió al jefe de Estado que no minimice los acontecimientos ocurridos en contra del alto tribunal.
“El presidente (Gustavo Petro) dijo que los magistrados no estaban imposibilitados de movilizarse; es decir, que podían hacerlo a placer. De entrar y salir. Eso no es cierto por las imágenes que vimos. Creo que es necesario reconciliarnos con la verdad. Hubo desmanes, hubo abusos, hubo extralimitaciones y manifestaciones violentas”, indicó Reyes en un video que divulgó el alto tribunal en sus canales oficiales.
“Agresión y violencia”
De igual forma, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra Castro, señaló que lo sucedido el pasado 8 de febrero no se le puede quitar “la trascendencia y la gravedad” y destacó que fue “evidente que se trató de una agresión y violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados”.
“El hecho de que el general Salamanca (director de la Policía) haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema, no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada la Corte. Cuatro compañeros magistrados de la Corte intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse porqué la Corte estaba física y materialmente bloqueada en sus salidas e ingreso”, reiteró Chaverra.
¿Se aplaza elección de fiscal?
Por otro lado, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, pidió aplazar la elección de Fiscal General. Ante esto, el magistrado Chaverra Castro señaló que “la Corte es un organismo y una corporación autónoma y soberana y será la Corte Suprema de Justicia, en el marco de su Sala Plena, la que analice las circunstancias del momento y a partir de ese análisis directamente la Corte Suprema adoptara la decisión correspondiente”.
Es decir, la elección sigue en pie y la misma se realizará el 22 de febrero.
Petición de la CIDH
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a la Corte Suprema de Colombia a elegir “con la mayor brevedad posible” a una nueva persona para ocupar el cargo de fiscal general. Pero, a la vez, le pidió al Gobierno garantías para que el proceso de elección se lleve a cabo de manera tranquila.
“La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones”, advierte la Comisión.
Martha Mancera asumió como fiscal encargada
La abogada Martha Janeth Mancera asumió como fiscal general encargada de Colombia hasta que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva titular del cargo entre las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro.
Mancera aseguró que está “abierta y dispuesta al diálogo con todas las instituciones del Estado” en referencia a la controversia que enfrenta al presidente con la Fiscalía y con la propia Corte.
“Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la Justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha”, dijo.