La Nación
EDITORIAL

Alza energética

Las alzas en las tarifas del servicio anunciadas por el gobierno para contrarrestar los efectos del Fenómeno del Niño no se compadecen con el bolsillo de los consumidores, pese los pagos realizados en sus facturas para mitigar épocas de sequía prolongada. Los usuarios del servicio de energía no pueden seguir pagando los platos rotos de la ineficiencia de los generadores.

El Gobierno debe revisar no sólo los alcances de ese cargo de confiabilidad que se cobra mensualmente a todos los usuarios para asegurar el suministro de energía en condiciones de baja hidrología. El Gobierno y los organismos de control tienen la obligación de explicarle al país el destino final de los recursos que se han girado a las generadoras para cubrir las contingencias en épocas de sequía prolongada. Pero se esfumaron.

Y no son de poca monta: 23 billones de pesos pagados en los últimos cinco años. Sólo en el mes de octubre por un cargo adicional por concepto de restricciones les significó a los usuarios un sobrecosto de 270.000 millones de pesos, según lo denunciaron los gremios del sector. Increíble.

La posibilidad de un apagón eléctrico por la intensa sequía quedó descartada pero la inestabilidad hace que los precios estén sujetos a maniobras especulativas a través de la Bolsa Nacional de Energía.

Según la experta María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía, "la mezcla de oferentes de energía está privilegiando la permanencia en el mercado de una serie de plantas ineficientes que están subiendo los precios a niveles exorbitantes por temores a las condiciones adversas del clima.

En su opinión, el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tienen que aceptar que el sistema no es confiable a precios competitivos y que en esas condiciones es muy susceptible a la especulación, imponiendo tarifas lesivas al bolsillo de usuarios comerciales, industriales y residenciales.

En estas condiciones, el gobierno no puede castigar a los usuarios con nuevas alzas frente al incumplimiento de las generadoras. Pero además, amenazarlos con sanciones por supuesto desperdicio cuando los grandes benefactores de estos recursos no se prepararon para asumir las contingencias que estaban advertidas con suficiente anticipación por el Ideam.

Los costos de energía que se cobran en el país, los cuartos más altos de América Latina, le restan competitividad a la industria nacional, afectan también la generación de empleo y aumentan el precio de los productos del país.
 

“El gobierno no puede castigar a los usuarios con nuevas alzas frente al incumplimiento de las generadoras”.

 
EDITORIALITO

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