Recientemente y en reiteradas ocasiones, Gustavo Petro ha hecho conmemoraciones, comentarios y actos de redención del grupo terrorista M-19. Su delirio subversivo lo ha llevado a alabar a los fundadores de esta bandola, así como a intentar falsear la historia del país, presentándolos como héroes nacionales forjadores de democracia.
Para algunos colombianos, su sentimiento de “saudade”, como dirían los brasileros, es legítimo. Para otros muchos, las acciones de Petro son apologéticas del crimen como medio para alcanzar el poder político. Pues, el país y la comunidad internacional conocen los salvajes secuestros, hurtos, asesinatos selectivos y demás actos de barbarie con los que esta guerrilla sembró el terror, principalmente en Colombia.
En otras palabras, el M-19 no fue un grupo de intelectuales, tampoco una congregación religiosa, ni muchos menos un “combo” de jóvenes exploradores. Sus acciones, prácticas y métodos propios de la ilegalidad les define tanto en lo colectivo como en lo individual.
Algunas personas entusiastas de la izquierda, pero con la suficiente laxitud jurídica y ética, dirán que los guerrilleros del M-19 eran revolucionarios. Sin embargo, sus prácticas criminales mancharon de sangre, dolor y muerte muchas páginas de la historia del país, razón por la cual, enarbolar sus banderas es revictimizar a las personas y familias que padecieron su infame yugo. Adicionalmente, esos mismos actos pisotean la bondad del Estado que les perdonó sus delitos en el marco de un proceso de paz que también les premió con participación política, cuando hubiese podido aplicarles el Código Penal en cada uno de sus incisos.
Ahora bien, no se puede pedir a todos aquellos que han hecho parte de estos grupos terroristas que sientan vergüenza de sus propias acciones, ya que, no todas esas personas cuentan con la valentía suficiente para reconocer sus errores y mostrar arrepentimiento. Así las cosas, pedirle a Petro que respete al país, la dignidad presidencial y a las víctimas del grupo terrorista del que hizo parte, es demasiado.
Entonces, la responsabilidad de no aceptar esas redenciones de los victimarios, llámense como se llamen, ‘Cartel de Medellín’, ‘M-19’, ‘AUC’, ‘FARC-EP’, ‘ELP’, entre otros, reside en el resto del país que siente repugnancia del delito.
Así las cosas, desde esta tribuna no podemos dejar de llamar la atención en lo inconvenientes e indolentes que son todas estas “conmemoraciones” con la construcción de un país democrático, en el que el terrorismo y la barbarie, no pueden reconocerse como medios válidos para la participación política. Esto cuestiona el fundamento de todos los procesos de paz que han existido en Colombia, ya que se legitiman la violencia y el delito como medios para conseguir los fines deseados, sin advertir el efecto social desastroso en la formación de futuras generaciones. Pues, el país requiere de jóvenes que honren tener una vida decente y que vean en el estudio y el trabajo arduo, los medios que les facultarán para conseguir sus metas.
Finalmente, el problema que el país enfrenta es la falta de coherencia, pues, legitimar electoralmente el crimen, mientras se exige del Estado mejorar los niveles de seguridad, luchar contra la corrupción y castigar el delito, es un contrasentido, obviamente.