La ley que otorga al Ministerio de Justicia, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la capacidad de mantener el servicio de alimentación en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta el 30 de junio de 2025, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado de la República.
Posterior al 30 de junio de 2025, la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en las URI y estaciones de policía recaerá en los municipios y departamentos, conforme a la orden de la Corte Constitucional en 2022.
Actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Uspec en las URI y estaciones de policía. La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Inpec en 2023 es de seiscientos cuarenta y siete mil millones de pesos ($647.000.000.000), destinando noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis millones novecientos veinte mil setenta y ocho pesos ($92.956.920.078) para centros de detención transitoria durante dicho año.
Para 2024, se proyecta un presupuesto de seiscientos setenta mil seiscientos cincuenta y seis millones ciento ochenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos ($670.656.189.163) para el servicio de alimentación.
La ley, compuesta por solo cuatro artículos, busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios.
El proyecto fue elaborado en colaboración armónica con entidades territoriales, resultado de mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia, con la participación de la Uspec, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Esta ley solo espera la conciliación de Senado y Cámara, así como la firma del presidente de la República.