Auditoría fiscal encontró serios hallazgos en la ejecución de programas, propios de la presencialidad, estando en educación a control remoto.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
A pesar de la virtualidad que precipitó la pandemia en el sistema educativo, la administración de Neiva desarrolló durante 2020 la mayoría de los programas, propios de la presencialidad.
Aunque parezca curioso, mantuvo el transporte escolar; contrató un plan masivo de mantenimiento y repotenciación de computadores portátiles y tabletas digitales y se dedicó a reparar y dotar los restaurantes escolares, cuando la prioridad era mercados para preparar en casa.
Proyectos como los de educación inclusiva tuvieron resonancia para estudiantes con discapacidades, lo mismo que las asesorías para la realización de obras restauración, mantenimiento y reparaciones de la infraestructura de las instituciones educativas oficiales.
Solo que estas acciones, propias de la normalidad académica, no tuvieron todos los soportes, registraron serias deficiencias y pusieron en duda su ejecución.
Las conclusiones corresponden a un análisis de la inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones.
La contralora Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología Rubiela Mercedes Benavides, reveló que la auditoría constituyó 24 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen alcance fiscal por $447.192.852, 16 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 serán objeto de una indagación preliminar.
Los recursos
El Municipio de Neiva recibió recursos del Sistema General de Participaciones para educación en la vigencia de 2020, por $196.967 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $189.053 millones. De éstos se pagó el valor de la nómina docente durante la vigencia 2020 que ascendió a 134.274 millones de pesos durante ese año.
Para esa vigencia se asignaron recursos por 5.118 recursos transferidos a las 36 instituciones educativas de la capital huilense por $3.907.944.755.
La auditoría evaluó la gestión de doce instituciones educativas por 2.619 millones, recursos equivalentes el 51% del total asignado.
Transporte escolar
Aunque la pandemia provocó la virtualidad, la administración mantuvo el transporte escolar contratado desde el 2019 a los estudiantes de las instituciones educativas de la zona rural y la población con capacidades especiales de la zona urbana. Muchos de ellos, siguieron en alternancia, según explicaron funcionarios de la Secretaría de Educación. El contrato 670 de 2019 ascendió a 2.226 millones de pesos.
Calidad educativa
Para educación de calidad se financiaron 16 contratos por valor de 1.836 millones de pesos de los cuales se evaluaron cinco contratos, por 567,41 millones, y el contrato No. 1506 de 2020 (recursos calidad por $504.849.831), que fue analizado en el desarrollo del programa alimentación escolar PAE, para un total de la muestra de $1.072.267.004, equivalente al 58%, del total de recursos contratados.
Alimentación Escolar
El examen fiscal abordó uno de los temas polémicos, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) origen de investigaciones fiscales y disciplinarias, en el inicio de la pandemia.
Se evaluó la ejecución los recursos asignados al municipio de Neiva durante la vigencia 2020 para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar. La inversión ascendió a 19.381 millones de pesos.
Dichos recursos se ejecutaron a través de diez contratos, bajo la modalidad de contratación directa, representados en contratos de prestación de servicios profesionales de suministro e interventoría, de los cuales se verificaron 4 por $18.679.477.440, que equivalen al 96% del valor total de la contratación SGP
Entre estos figura el polémico contrato 698 por 5.250 millones de pesos adjudicado a dedo a la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando Colombia) para suministrar raciones escolares para preparar en casa.
A la Distribuciones Vargas Ramírez se le adjudicó la contratación para suministro de paquetes alimentarios ración para preparar en casa por 12.509 millones de pesos.
Anomalías
La auditoría puso en evidencia un posible sobrecosto. Se detectaron diferencias entre el precio establecido en la minuta contractual frente a las registradas en Sipsa – Dane, la herramienta que ofrece los precios favorables o económicos a mayoristas.
Según el examen final se presentó un total de 7.828 kits que fueron avalados de más por el supervisor, lo que generó que el contratista recibiera reconocimientos por raciones no entregadas, no ejecutadas para el desarrollo del cumplimiento normal del contrato de suministro.
Además, numerosos beneficiados con la entrega del kit alimentario no se encuentran registrados en ninguna de las tres plataformas (Sisbén – Adres – Simat).
“Esta situación ocasionó un posible detrimento al patrimonio público de 391,40 millones de pesos, disminuyendo de esta manera la oportunidad de acceder a nuevos titulares del derecho a este programa”, reseñó el reporte fiscal.
Lo que confirma la entrega de kits a quienes efectivamente no son titulares del derecho, y a beneficiarios que no son objeto del programa.
Restaurantes
Aunque se suspendió la presencialidad por la pandemia y se suprimió la entrega de las raciones escolares, en plena emergencia sanitaria la administración de Neiva contrató la dotación de los restaurantes escolares que estaban cerrados.
El proyecto se ejecutó a través del contrato1506 adjudicado a la UT American Group (de origen costeño) para adquisición e instalación de mobiliario, menaje y equipos de cocina para dotar las instituciones educativas de Neiva cerradas por la pandemia. El contrato tuvo un costo de 1.720 millones de pesos.
De los recursos asignados del Programa de Alimentación Escolar para la compra de menaje y utensilios de cocina se destinó un 29%, equivalente a $112.584.650, y el saldo restante de los recursos del programa, $269.834.650, equivalente al 71%, se destinaron para compras de mobiliario según lo establecido en el plan de inversión del anticipo, los cuales no está demostrada su adquisición con los respectivos soportes”, concluyó la auditoría. Esta cifra constituyó un presunto detrimento patrimonial.
“En suma, agregó, los recursos destinados para el contrato con fuente de recursos Nos. 1204 y 1848 del Programa de Alimentación Escolar, no cumplieron el fin para el cual son destinados (compra de menaje, equipo y utensilios)”.
Mantenimiento
A pesar de la virtualidad, la administración adjudicó el contrato 1486 de 2020, para el mantenimiento preventivo y correctivo a los computadores (equipos de mesa, miniportátiles y tabletas) de las instituciones educativas inscritas al SEM, incluyendo el suministro de repuest.
Se presentaron graves deficiencias, no hubo seguimiento ni debido control. No se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales. También se detectaron deficiencias de planeación en la elaboración de los estudios previos y la determinación de la necesidad que pretendía cumplir el contrato.
Inició el 16 de octubre de 2020 por un valor contratado 1.823, 83 millones de pesos, accionado por otros 313, 65 millones para un total del contrato de 2.137 millones de pesos. El contrato fue firmado Juan Pablo Díaz Puyo (Tecnomusic).
En la verificación de los informes presentados por el contratista sobre los suministros y mantenimientos realizados, se encontró planilla Excel con la totalidad de cifras reportadas en el cobro, pero no aparecieron los soportes de entrega de los mantenimientos realizados, ni recibos de suministro de parte de los rectores de las instituciones educativas.
Al verificar los informes de supervisión, no existen actas de recibo parcial elaboradas, aprobadas y certificadas por el supervisor. Tampoco aparecieron los soportes de entrega de suministros a las instituciones educativas debidamente firmadas por los rectores, ni las planillas de mantenimiento recibidas y firmadas en cada institución educativa o en su defecto por quien estaba en la obligación de refrendar dicho hecho administrativo. Por esta anomalía la Contraloría anunció una indagación preliminar.
Más plata
El contrato fue adicionado en mantenimiento y prórroga, por 313.65 millones de pesos ante la necesidad de la adición en tiempo y valor, argumentando que existían colegios a los cuales no se les realizó el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo, y algunos no se encontraban en el listado inicial suministrado en el proceso de contratación.
Sin embargo, por deficiencias en la planeación no presentaron los soportes ni el inventario o cantidad de equipos tecnológicos que estas nuevas sedes educativas requerían para el mantenimiento
Educación inclusiva
La administración local ejecutó recursos de discapacidad y educación inclusiva en el año 2020 a través del contrato No. 456 de 2020, por un valor inicial de $822.60 millones de pesos, adicionado en 210.22 millones para un total de 1.033 millones de pesos.
El contrato fue suspendido el día 25 de agosto, hasta el 29 de septiembre de 2020, debido a que el contratista no contaba con el personal idóneo para la prestación del servicio de apoyo pedagógico en las instituciones educativas.
En los informes de supervisión se registraron actividades sin evidencias que permitan determinar si los estudiantes con discapacidad visual recibieron apoyo del personal de apoyo tiflológico, respecto a la promoción del aprendizaje del braille, ábaco y refuerzo pedagógico.
Los padres de familia no supieron sobre el “Plan Individualizado de Ajustes Razonables”, herramienta importante para materializar la inclusión,
La auditoría encontró inconsistencias en las bases de datos del Simat, respecto a los estudiantes con discapacidad, ya que al realizar encuesta los padres de estos estudiantes se muestran sorprendidos ante la caracterización de sus hijos; se detectaron números de teléfonos que no corresponden a estudiantes registrados en la misma.
Las falencias
En el desarrollo del contrato No. 456 de 2020, cuyo objeto fue la de “Prestación de servicios de apoyo pedagógico para la atención a los estudiantes con discapacidad auditiva, cognitiva, motora, visual múltiple, con discapacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva en las instituciones educativas oficiales de Neiva”, se presentaron deficiencias de supervisión en la verificación de cumplimiento de los perfiles del personal con los requerimientos establecidos en el contrato y necesidades especiales del servicio y deficiencias de seguimiento y control en la actualización de las bases de datos del SIMAT de la Secretaría de Educación municipal.
Además, encontró deficiencias en los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (Piar), un proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a cabo en cada institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase,
La auditoría encontró que en los informes del contratista, no se evidenciaron, ni se certificaron por parte de los rectores de las instituciones educativas, la estructuración y desarrollo de los Planes Individuales de Ajustes Razonables, como tampoco las actas de acuerdo con los compromisos que se adquirieron frente a las situaciones particulares requeridas por cada estudiante.