El domingo anterior hablábamos de lo peliagudo que venía el 2023, acumulación de riqueza por los superricos e impacto en los sectores populares por el alto costo de vida. Hoy, noticia buena, creando tormenta política tras el anuncio de Petro de controlar precios de servicios públicos, donde la reacción de la oposición, como de los conglomerados económicos sectoriales no se han hecho esperar, cuestionando la legalidad de la medida, como su conveniencia, argumentan que causa incertidumbre en una sociedad de mercado y pone en riesgo la confianza que ha generado la regulación para que se hagan inversiones.
La medida de Petro es oportuna, legal y conveniente, en hora buena reasume las funciones de control de servicios públicos que habían sido delegadas en las comisiones reguladoras, acorde con los artículos 370 de la Constitución Política y 68 de la Ley 142 de 1994.
Es oportuno poner en cintura a quienes abusen o especulen con las tarifas de servicios públicos, agudizando la situación del alto costo de vida y de carestía. Es claro que el incremento acumulado alcanzó un 35%. Lo que más pesa es la energía, indexada con el índice de precios al productor (IPP), el cual venia variando entre el 3% y 5% anual, después de la pandemia éste indicador ha sido de 2% o 3% mensual. Imaginémonos el impacto. A lo anterior se suma la autorización de la CREG a las empresas de servicios públicos para que cobren las inversiones en la red.
No se justifica que con embalses al 85%, el precio de energía supere los $500 KW, cuando en noviembre estaba en $246 KW. Algo no cuadra, y la comisión reguladora no explica, han manipulado el precio en bolsa.
El modelo económico en una sociedad como Colombia, tiene unos principios tutelares: “el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”, significa permitir que las leyes de oferta y demanda actúen, formen precios y se autorregulen, pero cuando esto no ocurra, el gobierno tiene reservados instrumentos para intervenir el mercado y regular los precios, como en este caso. Ni más faltaba, que no pudiera la autoridad poner en cintura a los actores económicos de la cadena de valor que abusen de su posición dominante y especulen o delincan con los precios que están asfixiando al consumidor.
El problema de Colombia, no es que no funcione la ley de oferta y demanda, es que los actores económicos en su insaciable afán de rentabilidad, cooptan a la autoridad y la ponen al servicio de sus intereses. Lo que está ocurriendo acá es lo mismo que con el sistema salud, la autoridad de vigilancia y control como la Supersalud ha sido cooptada por las EPS.