RICARDO AREIZA
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Los tradicionales paseos por el río Magdalena, uno de los atractivos turísticos ofrecidos desde hace años en el muelle de La Gaitana, se convirtieron en el centro de una inusual batalla. El servicio prestado informalmente por decenas de canoeros artesanales está hoy en el ojo de una crucial tormenta judicial.
La controversia inicialmente local se desató entre Asotransfluvial, la asociación que congrega a los canoeros, curtidos en el oficio y Taxis Ríos SAS, la primera empresa con licencia para transportar pasajeros.
El origen de la contienda ‘naval’: la informalidad y la ilegalidad con la que se presta el servicio a lo largo del Malecón en la capital huilense.
Ángel Arlex Martínez Noguera, gerente de Taxis Ríos, decidió recurrir a las vías judiciales para proteger su actividad, en su opinión, amenazada por la falta de controles.
El empresario instauró una tutela reclamando la intervención del Ministerio de Transporte y demás autoridades para ponerle freno a esta actividad que se realiza sin los permisos.
En su sentir, las autoridades aún no han adoptado una decisión de fondo que dé estricto cumplimiento a la normativa que regula el transporte fluvial.
En concreto solicitó la designación de un funcionario de la Superintendencia de Puertos y Trasporte para que ejerza la inspección vigilancia y control en el muelle La Gaitana, el principal epicentro de esta actividad.
Además, reclamó sanciones inmediatas a los canoeros que no tengan habilitación y permiso por parte del Ministerio de Transporte. La acción judicial abrió el debate.
En los estrados
La batalla librada inicialmente en el muelle La Gaitana, pasó ahora a los estrados judiciales.
La tutela fue admitida el 19 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila.
La corporación vinculó al Ministerio de Transporte, a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a la Superintendencia de Puertos y a la Alcaldía de Neiva.
En el mismo auto vinculó a la Procuraduría General de la Nación, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y a la Asociación de Transporte Fluvial y Servicios (Asotransfluvial La Gaitana).
De hecho, la tutela que se volvió nacional, encendió la polémica.
Ilegalidad
“En la actualidad ninguno de los motoristas que prestan sus servicios en el sector del Malecón del río Magdalena cumple en su totalidad con la normativa vigente para ejercer dicha actividad, reportó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
“Ninguno de los motoristas cumple con las exigencias de Ley 1242 de 2008 (Código de Transporte Fluvial) para prestar los servicios de recorridos turísticos por el río Magdalena, ya que en ninguna embarcación tiene Registro Nacional de Turismo”, precisó el organismo.
Según la normatividad, toda empresa de transporte fluvial de pasajeros, en categoría de turismo, está sujeta a la habilitación y permiso de operación otorgado por el Ministerio de Transporte.
Las embarcaciones que presten el servicio de turismo, recreación y deporte, están obligadas a contar con la dotación de los equipos técnicos de salvamento como chalecos salvavidas, equipos de primeros auxilios, bombas de achique y además con los implementos para atender cualquier accidente.
Las vías fluviales son bienes de uso público y pueden ser navegadas libremente por toda clase de embarcaciones, previo el lleno de los requisitos. En el caso del Huila, no se cumple con las condiciones mínimas.
Y menos con construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura adecuada, como los elementos de balizaje, señalización y ayudas a la navegación fluvial.
Mintransporte
El Ministerio de Transporte advirtió que la vigilancia y control del muelle La Gaitana es responsabilidad de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y de la Policía de Tránsito y Transporte de la jurisdicción. Además, negó que haya autorizado la prestación del servicio fluvial a los canoeros. Igualmente anunció que desde el 30 de marzo de 2016, ya le había informado a la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre la operación ilegal para que tomara las medidas que fueran legalmente procedentes.
“En la medida que el transporte fluvial es un servicio público se debe prestar en condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia, tal y como lo preceptúa la Ley 336 de 1996”, explicó.
Sólo campañas
El Director de Tránsito y Transporte de la Policía anunció que realizado controles pedagógicos y campañas de sensibilización pero insistió en que las labores de control y vigilancia por competencia le corresponde al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia del ramo.
Concertación
En la disputa también entró la Alcaldía de Neiva. La secretaria de la Competitividad, Yamile Rico Torres anunció que la entidad ha realizado la mediación para que las dos empresas puedan prestar los servicios articuladamente. Sin embargo los esfuerzos de concertación no han dado los resultados esperados.
Martínez Noguera, representante de la Empresa Taxis Ríos se ha rehusado a concertar y exige que se haga cumplir las disposiciones legales.
La funcionaria insistió en que se han realizado las acciones de control en coordinación con la Policía Metropolitana y con el Inspector Fluvial de Betania, verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad y la documentación exigida para la prestación de este servicio.
Confirmó que la Asotransfluvial La Gaitana tiene patente de navegación y permiso de tripulantes. “Actualmente se encuentra en proceso de habilitación para operar como empresa de transporte público fluvial”, aseguró.
La funcionaria señaló que los canoeros cuentan con la patente de navegación, el documento que autoriza la circulación de embarcaciones, y se tramita ante el Ministerio de Comercio el Registro Nacional de Turismo.
Controles
La Policía en coordinación con las autoridades regionales encargadas de la regulación del transporte fluvial ha venido realizando campañas pedagógicas sobre la normatividad, formalización y acreditación de los motoristas, lancheros o embarcaciones que prestan sus servicios de paseos o recorridos turísticos por la rivera del rio Magdalena. Pero no basta.
“Al margen de lo anterior, es del caso resaltar, qué en esencia, el actor cuestiona que las autoridades accionadas han incumplido la normatividad que regula el transporte público fluvial”, advirtió el magistrado Ramiro Aponte.
En la medida en que el accionante dispone de otro medio de defensa judicial como la acción de cumplimiento, la corporación negó la tutela por improcedente.
No obstante, el autor la impugnó y la apelación, debidamente aceptada, fue remitida la semana pasada al Consejo de Estado donde se definirá la batalla fluvial que libran en el tradicional muelle, los canoeros del río Magdalena.
Las campañas realizada por la secretaria de la Competitividad, Yamile Rico Torres.