El Senado mexicano aprobó ayer una polémica reforma que abre el sector petrolero al capital privado nacional y extranjero poniendo fin a 75 años de monopolio estatal, un proyecto rechazado por la izquierda y que ahora debe ser discutido en la Cámara de Diputados.
La decisión causó de inmediato reacciones, y una veintena de diputados bloqueó el acceso al Congreso para impedir que comenzara la discusión de la polémica reforma energética.
"Aquí todos los procesos se han violentado, hoy en día ya quieren pasar esta reforma al pleno sin siquiera una discusión previa", denunció la diputada María Luisa Alcalde, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde lo alto de la tribuna de oradores donde se atrincheró junto a una veintena de colegas del PRD, del Partido de los Trabajadores (PT) y de Movimiento Ciudadano.
Con cadenas y sillas bloqueando las puertas de la sala, los diputados impidieron el acceso de otros legisladores a la Cámara de Diputados, que lucía prácticamente vacía, mientras gritaban "¡Quien compra una elección, vende la Nación!" y enarbolaban pancartas que dicen "Querer entregar los recursos naturales a extranjeros es traicionar la patria. ¡Traidores!".
La reforma
La reforma contempla abrir al capital privado la exploración y extracción de hidrocarburos mediante distintos tipos de contrato que "entre otros" pueden ser de servicios, de utilidad o de producción compartida o de licencia, siendo el Estado quien defina en cada caso "el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación".
El proyecto también resta poder al influyente sindicato de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta sería la sexta reforma de gran calado después de una educativa, de telecomunicaciones, financiera, tributaria y política que se aprueba en el primer año de gobierno de Peña Nieto, presentadas en el marco del inédito Pacto por México entre gobierno y oposición, del que el PRD se distanció recientemente por sus discrepancias con la reforma política y del sector energético.