RICARDO AREIZA/LN
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La ampliación del colegio San José de Oporapa quedará como otro monumento al despilfarro. La obra, proyectada desde el 2011 para beneficiar a por lo menos 600 estudiantes, quedó a menos de media marcha y sin recursos.
Las anomalías en el diseño, adjudicación y ejecución, generaron la parálisis y la pérdida de los recursos provenientes de regalías petroleras. El deterioro de lo poco que se construyó, a juicio de los organismos de control, implicará la pérdida total de la obra.
A pesar de los esfuerzos del actual alcalde, Pablo John Trujillo, la cofinanciación no pudo salvarse.
La directora Nacional de Regalías, Amparo García Montaña, confirmó que ante el incumplimiento se ordenó el cierre unilateral del proyecto, se perdió la fuente de financiación y la administración local tendrá que reintegrar los recursos desembolsados.
El proyecto debía culminarse o ajustarse a más tardar el 31 de marzo de 2017 para garantizar los recursos aprobados del Sistema General de Regalías. Además, debía ser avalado por el Ministerio de Educación que respaldó la cofinanciación.
“Lo concreto: en este caso el Ministerio de Educación no le dio la favorabilidad que se requería y los ajustes no fueron autorizados. Tampoco se viabilizó por parte del Sistema de Regalías. En consecuencia, la sede educativa del colegio San José de Oporapa se queda sin el aval financiero”, confirmó la directora administrativa del Fondo Nacional de Regalías, Amparo García Montaña.
LAS SANCIONES
La decisión implica que el Gobierno no podrá girar el saldo de los recursos pendientes de desembolso (1.470 millones de pesos aproximadamente). Adicionalmente el municipio, como entidad ejecutora, tendrá que devolver los 630,20 millones de pesos que giró como anticipo, incluyendo los intereses y rendimientos financieros.
La funcionaria confirmó que hasta la fecha, la entidad ejecutora ha realizado dos pagos correspondientes a los anticipos de los contratos, el 3 de octubre de 2012 entregó la suma de $36.486.800 al contratista de interventoría y el 11 de octubre de 2012 entregó la suma de $593.715.336 al contratista de obra. Estos recursos tendrán que devolverse con los intereses.
ULTIMÁTUM
La ampliación de la sede educativa debió terminarse a más tardar el 31 de marzo de 2017. Este proyecto tenía que ser objeto de un nuevo ajuste administrativo y financiero para salvar los recursos y pudiera aplicar a las normas contempladas en el nuevo Sistema General de Regalías.
“Al no cumplir con los procedimientos contemplados y en virtud de la liquidación del Fondo Nacional de Regalías que deberá culminar el 31 de diciembre próximo, tendremos que realizar el cierre unilateral del proyecto”, anotó la funcionaria.
Esto quiere decir que los convenios pierden fuerza ejecutoria al incumplirse el objeto de la inversión dentro de los plazos estipulados. En otras palabras, las asignaciones provenientes de regalías perdieron efecto”, reiteró García Montaña.
Adicionalmente, como sanción, la entidad territorial tendrá que garantizar forzosamente la terminación del proyecto con recursos propios, independientemente de las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que hubiere lugar por las entidades ejecutoras.
El proyecto distinguido con el No. 33581 estaba destinado a la ampliación de la infraestructura física. La iniciativa la lideró por el alcalde Jaime Calderón Losada, sin terminarse. Su sucesor, Jamit Sterling Sánchez tampoco pudo culminarla.
Según el cronograma la ampliación de la sede educativa debía ejecutarse en el 2011.
El proyecto tenía un costo de 2.188 millones de pesos, de los cuales 2.100 millones los aportaba el Fondo Nacional de Regalías y 50 millones los aportaba como contrapartida la Alcaldía.
El organismo nacional en cumplimiento del convenio suscrito con la administración local giró los primeros 630,20 millones de pesos, correspondiente al 30% del valor total.
Sin embargo, no pudo culminarse. El avance físico llegó al 40,4% según el último informe de evaluación realizado el 7 de abril de 2017, en condiciones diferentes a las aprobadas. La Contraloría estimó el avance apenas en un 30%.
POLÉMICO CONVENIO
El convenio de asociación No. 014 fue suscrito el 28 de diciembre de 2011 (Día de los Inocentes) con la Fundación Edificar de Colombia (Funecol) por valor de 2.028 millones. La entidad foránea, con sede en Bucaramanga, recibió el anticipó y resultó incapaz para ejecutar la obra.
El proyecto se encuentra suspendido desde el 30 de agosto de 2014 lo que ha generado protestas por parte de la comunidad educativa.
La obra como lo denunciaron estudiantes y padres de familia registró desde el principio, graves deficiencias en la planeación y ejecución, reflejadas en los estudios previos. En los estudios aparecen obra que no fueron previstas por parte del diseñador otras presentan déficit en su cantidad. Los planos presentan inconsistencias en especificaciones y medidas y no se presentaron los estudios de suelos.
Esta situación originó considerables retrasos en la ejecución de las actividades programadas y finalmente originó la suspensión de las obras. No existió una adecuada planeación a juicio de los supervisores.
El convenio de asociación fue adjudicado a dedo en tiempo récord mediante convocatoria pública que se inició el 22 de diciembre y terminó con la adjudicación el 29 de diciembre de 2013.
El contrato se entregó sin licitación pública, mediante la figura de contrato interadministrativo vulnerando el Estatuto de Contratación Estatal. Además, la Fundación Edificar de Colombia no es una entidad pública, sino una entidad privada sin capacidad jurídica para celebrar contratos interadministrativos con las entidades públicas.
GRAVES DEFICIENCIAS
Las anomalías detectadas generaron una dura advertencia de la Contraloría General de la República. Sin embargo no pasó nada y la obra quedó inconclusa.
La interventoría técnica se contrató inicialmente con Alex Alberto Calvache y posteriormente el contrato fue cedido a Cesar Mauricio Figueroa, por valor de 121, 48 millones de pesos. También se encuentra suspendido desde el 17 de septiembre de 2014.
La administración municipal, ejecutora y responsable del cuestionado proyecto no atendió los requerimientos para la devolución de los rendimientos financieros. El pasado alcalde Jamit Sterling Sánchez tampoco pudo terminar el proyecto.
Según los organismos de control en este caso, hubo graves deficiencias en la interventoría del convenio. No realizó una adecuada verificación en lo concerniente a los análisis de precios unitarios del presupuesto. Entre las inconsistencias La cercha metálica e instalación de teja termo-acústica, registran los mismos valores a pesar de las notables diferencias y además inconcebibles errores en las unidades de medida. El precio unitario de la cercha metálica en metros lineales fue fijado en 216.884 en los APU y el precio de la teja termo acústica es por el mismo valor y la misma unidad, para una cantidad de (1.959,32 metro lineal).
Este cálculo errado originó una insólita sobrevaloración del proyecto. De haberse cancelado ese ítem podría generar un presunto detrimento patrimonial por gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, cuantificado en la suma de 420 millones de pesos.
Adicionalmente, la interventoría permitió la ejecución de obras distintas a las aprobadas, modificando las condiciones técnicas y financieras del proyecto. Los cambios no fueron validados por la entidad contratante.
Con el visto bueno de la interventoría, el contratista ejecutó obras adicionales no autorizadas por la Dirección Nacional de Regalías. Estas obras además registraban serias deficiencias constructivas que terminaron impactando el proyecto.
“En la parte trasera del bloque 1 que da sobre un talud se construyó doble muro ubicado en el eje 1 A-F, el cual se encuentra con humedad excesiva. Las dovelas del muro estructural no se fundieron en su totalidad quedando vacíos que no fueron llenados adecuadamente”, señala un informe técnico sobre las deficiencias encontradas.
El acero de refuerzo tampoco estaba almacenado correctamente. Al permanecer a la intemperie presentaba alto grado de corrosión. El mismo panorama se detectó con el bloque estructural.
Esta situación originó la suspensión del proyecto poniendo en alto riesgo los recursos públicos invertidos en calidad de anticipo en cuantía de 608.68 millones de pesos correspondiente al 30% del valor total del contrato.
ACELERADO DETERIORO
El abandono total origina el progresivo deterioro de las obras y la suspensión total de las actividades, lo que podría generar una posible demolición.
Los reiterados incumplimientos de los contratistas, interventor y de la propia administración local, originó la pérdida de los recursos y expuso a la entidad territorial a la sanción para la financiación y desarrollo de otros proyectos en el futuro.
“En la visita de verificación de culminación del proyecto adelantada por la Interventorías Administrativas y Financieras entre el 3 y el 7 de abril de 2017, se estableció que una vez cumplido el plazo estipulado por la Ley 1815 de 2016, el proyecto no terminó y no cumplió con el alcance y objeto propuesto”, anotó la Directora del Fondo Nacional de Regalías, Amparo García.
CIERRE ANTICIPADO
Cumpliendo con los parámetros establecidos en la citada norma, el alcalde Oporapa, intentó salvar el proyecto, pero no pudo.
El mandatario solicitó el ajuste del proyecto (Radicado No. 20176630080562 del 22 de febrero de 2017) por la ejecución de las obras en mayores y menores cantidades, ajuste de precios para las obras ejecutadas hasta el 2014 y actualización de precios a 2017 para las actividades pendientes por ejecutar. Además propuso la disminución en el objeto y el alcance del proyecto, manteniendo las fuentes de financiación, sin incorporación de nuevas fuentes.
El pasado 24 de julio de 2017, el Ministerio de Educación Nacional emitió concepto no favorable a las modificaciones solicitadas por el mandatario local.
El 31 de julio de 2017, la Dirección de Vigilancia de las Regalías reconfirmó la decisión y descartó definitivamente la propuesta de modificación y por lo tanto, el retiro de la financiación.
“Sobre el proyecto se encuentra vigente la medida de suspensión preventiva de giros, la cual fue comunicada por la Dirección de Vigilancia de las Regalías, con el oficio No. 20154420721981 del 7 de diciembre de 2015 sin que a la fecha y pese a los requerimientos realizados por la IAF, se hayan adelantado por parte de la entidad ejecutora la totalidad de las actuaciones para subsanar las causales que dieron origen a ésta medida”, aseguró la funcionaria.
A la fecha el proyecto se encuentra en proceso de cierre por pérdida de fuerza ejecutoria, lo cual significa que pierde total obligatoriedad y deja sin piso jurídico los efectos derivados de su contenido.
La decisión fue notificada el 27 de abril del presente año (Oficio No. 20174420254921) y el cierre definitivo se estará notificando la próxima semana. Lo importante: El alcalde debe terminar la obra cueste lo que cueste. El problema es que no tiene los recursos.
Múltiples deficiencias fueron detectadas en la construcción.
El proyecto no tenía estudio de suelos y registraba fallas estructurales.
La protesta de los estudiantes no ha logrado los efectos.
La maqueta del megacolegio.