Con deudas por 300.317 millones de pesos y críticos indicadores de solvencia, el programa de salud, no sale de su estado de asfixia presupuestal que pone el riesgo la prestación de los servicios a sus 549.332 afiliados. Supersalud extendió por seis meses la medida de vigilancia especial.
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La Superintendencia Nacional de Salud, prorrogó por seis meses más, la medida preventiva de vigilancia especial adoptada desde el 2016 por la crítica situación financiera que registra la EPS de la Caja de Compensación Familiar del Huila.
La medida cautelar se extenderá hasta el hasta el 26 de agosto de 2021, según la Resolución 2062 de 2021, firmada por el superintendente, Fabio Aristizabal Ángel.
Examinados los estados financieros, el Comité de Medidas Especiales, reunido el 23 de febrero pasado, concluyó que no se presentaron las condiciones para levantar la medida cautelar y en consecuencia, recomendó su prolongación.
“La EPS Comfamiliar no ha logrado subsanar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva, evidenciando un deterioro que genera un riesgo en la prestación de servicios de salud de la población afiliada”, concluyó el superintendente delegado para las Medidas Especiales Germán Augusto Guerrero Gómez.
“La medida -dijo- busca garantizar la atención de los 549.332 usuarios, y que la EPS continúe identificando mecanismos y estrategias de forma integral en cada uno de sus indicadores, que le permitan operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
La vigilancia especial fue impuesta por la Superintendencia de Salud desde el 4 de agosto de 2016 por la crítica situación que ha venido soportando desde hace 16 años, sin que EPS haya logrado superar el estado de insolvencia.
Sin ninguna solución por parte del Gobierno Nacional, las deudas se han disparado año tras año hasta el punto de comenzar a socavar el patrimonio de la caja. Hoy alcanzan los 300.317 millones de pesos.
La nueva prórroga dejó en el limbo la reorganización funcional, la única salida viable para escindirla y evitar un colapso. Con varias cajas con medidas de vigilancia y otras intervenidas, la escisión y creación de una nueva EPS nacional, prácticamente naufragaron.
Riesgo financiero
Durante las vigencias 2018, 2019 y noviembre de 2020 se observa un patrimonio negativo en Comfamiliar Huila EPS ocasionado por las pérdidas persistentes en los resultados del ejercicio hasta el 2019.
“Pese a que a noviembre de 2020 la entidad presenta un resultado del ejercicio positivo, este no representa una gran mejoría en la situación financiera de la entidad”, aclaró el superintendente Delegado.
El director de la entidad, Luis Miguel Losada, aseguró que pese al panorama la EPS reportó utilidades por 17.000 millones de pesos, y la Caja, 30.000 mil millones.
Además, se evidenciaron situaciones que disminuyen la fiabilidad en la información financiera presentada por la entidad.
“Los indicadores financieros de Comfamiliar Huila EPS muestran un alto endeudamiento, lo cual implica un riesgo asociado a sus operaciones y baja flexibilidad financiera”, reportó.
Además, se evidenciaron problemas de liquidez, es decir, que ante la presentación de una contingencia la entidad no tendría disponibilidad de recursos para responder.
“Por otro lado, se observa un capital de trabajo negativo, por lo que se puede ver comprometida la capacidad de pago de las obligaciones de la entidad a corto plazo”, enfatizó Guerrero Gómez.
Reservas técnicas
Comfamiliar del Huila, al igual que el resto de cajas del país, no cuentan con las condiciones financieras y de solvencia, y por lo tanto no cumplen con los indicadores de capital mínimo para las vigencias 2016, 2018, 2019 y noviembre de 2020, y de patrimonio adecuado para las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y noviembre de 2020.
“Los resultados obtenidos por la entidad en la política de condiciones financieras no muestran una disminución de la brecha del defecto de los indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones”.
La EPS tampoco ha cumplido con el requerimiento del régimen de inversiones que respalda las reservas técnicas desde el año 2015.
Facsímil de la medida cautelar.
Las deudas
El pasivo registrado por la EPS en el mismo periodo asciende a la suma de 300.317 millones de pesos.
El 94% corresponde a obligaciones con prestadores de servicios de salud y proveedores de insumos y medicamentos (PBS) por valor de $281.628 millones. El 2% corresponde a obligaciones con terceros por actividades de apoyo administrativo por valor de 5.533 millones de pesos y el 4% restante a otros conceptos por valor de 13.157 millones de pesos.
En resumen, el pasivo reportado por la EPS, correspondiente a cuentas por pagar a entidades del sector salud y reservas técnicas conocidas liquidadas y no liquidadas asciende a 277.416 millones de pesos.
Entre 2016 y 2019, los ingresos por actividades ordinarias y los costos registraron un crecimiento promedio del 14%. Entre enero y noviembre de 2020, los ingresos operacionales aumentaron el 5% frente al mismo periodo de 2019, mientras los costos por eventos en salud muestran un descenso del 5% según la Supersalud, debido a la menor demanda de servicios producto de la emergencia sanitaria por covid-19 decretada hace un año.
“Esta situación contribuyó para que en la vigencia 2020 se cumpliera con la meta del índice de siniestralidad entre junio y agosto producto de esa coyuntura más no por estrategias de uso racional de los costos”, explicó Superintendente.
No obstante, el director de la entidad, Luis Miguel Losada se apartó de esta opinión y destacó este positivo resultado.
Cuentas pendientes
Para cada trimestre de la vigencia de 2019, marzo, junio y septiembre del 2020, se evidencia que la Caja de Compensación Familiar del Huila, no adelanta las acciones correspondientes para identificar, depurar, conciliar y pagar las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios de salud infringiendo las normas que rigen la materia tendiente a garantizar la destinación del recurso, saneamiento de las obligaciones a favor de terceros, así como el mejoramiento del flujo de recursos a la red prestadora de servicios de salud.
El mayor pasivo por concepto de acreencias lo reportan los servicios de salud. El saldo del pasivo se concentra en más del 50% en este concepto.
La Caja incurre en prácticas indebidas respecto del flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, afectando el derecho de los prestadores a recibir el pronto pago de los servicios.
Por esta presunta irregularidad, la Superintendencia Nacional de Salud corrió trasladado para una investigación administrativa por incumplimiento de los acuerdos logrados en la mesa de flujo de recursos. El año pasado fue sancionada por esta misma razón.
Tampoco se evidenciaron gestiones administrativas para depurar las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en los estados financieros como en los demás reportes contables y de cartera obligados a presentar, de tal forma que estos sean confiables y razonables.
Se evidencia en el avance de conciliación y depuración un cumplimiento del 10,02% de la conciliación programada en el cronograma. Solo cubrió a 38 acreedores de los 379 reportados en el cronograma de conciliación en el mes de septiembre de 2020.
Insolvencia
Los activos totales a noviembre 30 de 2020 se han cuadruplicado. Aun así siguen siendo insuficientes para cubrir los pasivos que se han duplicado durante el mismo periodo, manteniendo niveles de endeudamiento total elevados.
“La relación pasivo total/activo total es del orden de 14 para el año 2016, 7 para la vigencia 2017, 5 para 2018, 10 para 2019 y 7,5 al corte de noviembre de 2020, lo que denota el alto riesgo de insolvencia que presenta la entidad y que eventualmente también pone en riesgo la garantía de prestación de servicios oportuna y con calidad a sus afiliados”, precisó la Superintendencia.
La cartera por concepto de instrumentos financieros, con corte al 30 de noviembre de 2020, asciende a la suma de $59.064 millones, de los cuales el 55% ($32.264 millones) presenta una antigüedad mayor a 360 días; el 10% entre 181 y 360 días ($6.031 millones); el 6% entre 91 y 180 días ($3.788 millones); el 5% entre 0 y 90 días ($3.553 millones) y el 23% a cuentas no vencidas ($13.428 millones; con un deterioro total reconocido del 57% ($33.439 millones).
El 90% de las deudas ($43.449 millones) registradas en instrumentos financieros por concepto de servicios POS y Recobros No Pos, que al 30 de noviembre de 2020 ascienden a $48.150 millones, se concentran en 11 terceros, de los cuales 71% ($30.822 millones) registran una antigüedad mayor a 360 días y el 13% ($5.479 millones) entre 181 y 360 días.
Aunque parezca insólito, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud. (Adres) y la Gobernación de Huila las registran las deudas de mayor antigüedad, deterioro reconocido y monto frente al total por este concepto.
No obstante el cambio de normatividad frente al tema de recobros y el cambio de procedimiento para su radicación por cronograma ante la Adres, la EPS Comfamiliar no ha logrado mejorar ni estandarizar su proceso de radicación de recobros. Esta situación incide de manera directa en el bajo recaudo de cartera en 2020, radicando en promedio el 20% en lo corrido de la vigencia.
La meta establecida para el indicador de recaudo de cartera en 2020 es apenas del 6%. Durante los meses de enero a noviembre de 2020 la EPS en promedio recaudó el 2% del total de cuentas por cobrar sin incluir los anticipos.
Tutelas
La EPS de la Caja de Compensación Familiar del Huila registró entre enero y noviembre de 2020, un total de 1.054 acciones de tutela en salud (617 por servicios del PBS que representa el 59% y 437 por servicios No PBS, correspondiente al 41%). Además, 40 incidentes de desacato. Un año antes reportó 1.875 tutelas.
Los servicios más tutelados corresponden a medicamentos, tratamiento integral y transporte, seguido de barreras de acceso, citas médicas e insumos médicos.
Actualmente tiene 109 procesos judiciales vigentes a la fecha, por 102.357 millones de pesos y embargos por 42.212 millones de pesos.
Las superintendencias delegadas de Medidas Especiales, Riesgos, Institucional y Protección al Usuario concluyeron que “la entidad no logró enervar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva de vigilancia especial, evidenciando un deterioro frente a la situación al inicio de la medida, generando un riesgo en la prestación de servicios de salud de la población afiliada comprometiendo el principio de negocio en marcha”.
Ante este panorama, el Comité de Medidas Especiales, reunido el 23 de febrero pasado, recomendó por unanimidad al Superintendente Nacional de Salud, prorrogar la medida preventiva de vigilancia especial por otros seis meses.
Las medidas de vigilancia especial también afectan a las demás cajas de compensación del país, por presentar graves aprietos financieros, desde el 2005 que las tiene al borde de la quiebra y varias de ellas en proceso de intervención y liquidación.