A la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada parece ‘resbalarle’ estar en el centro de los escándalos de la alimentación escolar en el país. A pesar de los múltiples señalamientos, sigue quedándose con los multimillonarios contratos de la comida de los estudiantes.
Una muestra de ello fue lo que ocurrió la semana pasada con el PAE de Neiva. La Bolsa Mercantil de Colombia, a la que la Administración de Rodrigo Lara Sánchez le transfirió la responsabilidad de adjudicar el negocio, terminó seleccionando a la polémica Cooperativa, en medio de una negociación a la que se presentaron otros 6 interesados.
Según la Bolsa Mercantil, que dice ser un “escenario de negociación transparente, seguro y efectivo”, la puja terminó cuando la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, a través de la firma comisionista Comiagro S.A., ofreció ejecutar el Programa de Alimentación Escolar por $9.180 millones, $1.300 millones menos al valor presupuestado inicialmente.
En un escueto comunicado de prensa, la Bolsa informó de la adjudicación del PAE Neiva, habló del ahorro de los $1.300 millones, pero se abstuvo de dar a conocer quién estaba detrás de Comiagro S.A.
Involuntaria o no la omisión, el detalle no era de poca monta. La Cooperativa ganadora es la misma que ha estado en boca de todo el país durante los últimos años por cuenta del lío penal que tiene en la cárcel a Germán Trujillo, conocido como el ‘Zar del PAE’.
Según la Fiscalía, a través de los contratos de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones en el departamento de Santander, Trujillo Manrique se alzó con más de $2.200 millones. Pagos a proveedores ‘fantasmas’ y millonarios desvíos de fondos, fueron algunas de las irregularidades.
Las ‘perlas’
En el municipio de Algeciras, a muchos kilómetros de distancia de Santander, compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros que no presta este tipo de servicios.
En Suaza, hicieron aparecer un pago por $290 millones a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. El comprobante de egresos N° 00022457 está fechado el 22 de abril de 2016. La Asociación está inactiva y nunca realizaron negocios con esa empresa. Tampoco producen frutas. Esta plata se utilizó para la compra del apartamento que a Germán Trujillo le sirvió hasta hace poco como reclusorio en vez de cárcel.
También aparece otro pago por $100 millones por la compra de carne para el PAE de Santander a favor de la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Medio Oriente del municipio de Tello. El comprobante de pago N° 00023007 fue expedido el 4 de mayo de 2016 por $100 millones. El representante del restaurante escolar no vende carne. Según la Fiscalía, el cheque fue cobrado por una persona de confianza del ‘Zar del PAE’.
Según el comprobante de egresos N° 00023027 del 5 de mayo de 2016, se pagaron $100 millones por concepto de mercados para el programa de restaurante escolar. Estos recursos fueron girados supuestamente a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Sartenejal, en Guadalupe. El cheque fue cobrado por ventanilla por el mensajero de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada. El representante legal del restaurante escolar reportó que la agremiación está inactiva y nunca ha vendido alimentos.
Sin embargo, el caso más polémico fue el del suministro de tamales, que se realizó en Acacías, Meta, por $30 millones con la Asociación de Operadores de Grúas T&A. Los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Adicionalmente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.
Todas estas evidencias recaudadas por la Fiscalía llevaron a que en abril pasado, un juez de Bucaramanga condenara a Germán Trujillo a tres años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La condena fue benevolente en razón a que el empresario ya había admitido esos cargos y aceptó devolver la plata que se había alzado, es decir más de $2.200 millones, a través de la polémica Cooperativa.
No obstante, esa condena le generó burlas a la Justicia. La propia vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, publicó una foto sonriente de Trujillo que alguna vez le tomó LA NACIÓN y dijo: “¿De qué se reirá este personaje que resultó condenado por robarse la plata de la alimentación escolar PAE para comprarse apartamentos y carros? Debe ser por la condena irrisoria con la cual su delito casi queda en la impunidad”.
La exdirectora nacional del ICBF, Cristina Plazas, fue otra que lanzó fuertes cuestionamientos por la irrisoria condena. “En tres años veremos al bandido de Germán Trujillo en su casa de Anapoima, disfrutando de la plata que le robó a los niños. Bandido, mil veces bandido”, dijo.
Medida cautelar vigente
La condena de 36 meses de cárcel contra Germán Trujillo estuvo antecedida por una medida que la Fiscalía tomó a principios de este 2019 contra sus bienes.
Según el ente investigador, a nombre del ‘Zar del PAE’, fueron encontrados 6 bienes, avaluados en $33.000 millones, entre ellos la sede de la Cooperativa.
LA NACIÓN indagó y corroboró que además hay vigente sobre la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, identificada bajo el NIT 813-009-879-7, una medida de “embargo, suspensión del poder dispositivo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios”.
Bajo el radicado 201800346, la medida cautelar fue inscrita en febrero pasado ante la Cámara de Comercio de Neiva por orden del Fiscal 44 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Faride García.
La SIC con la lupa
El otro escándalo del que no se ha podido desprender la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones lo develó a mediados del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Este organismo la investiga actualmente por ‘cartelización empresarial’ en la alimentación escolar de Bogotá.
Históricamente, Germán Trujillo negó su relación con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones. Sin embargo, la SIC documentó lo contrario.
Durante una visita de sus investigadores a la Cooperativa, Trujillo Manrique interrumpió de forma “abrupta” la diligencia. Y luego, ordenó a la representante legal de la Cooperativa –Luisa Fernanda Flórez Rincón, condenada en agosto pasado a 42 meses de cárcel– que no atendiera más la declaración.
Como si fuera poco, ‘echó’ de sus instalaciones a los funcionarios de la SIC. La SIC concluyó que aunque Germán Trujillo se identificó como asesor financiero de la Cooperativa, su comportamiento ante quien supuestamente es su empleadora, no correspondió con el propio de un subordinado.
Los sueldos al interior de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones fue otro hecho que llamó la atención de la Superintendencia de Industria y Comercio en sus investigaciones. Mientras la representante legal tenía un salario mensual de menos de $2 millones, Germán Trujillo Manrique tenía una asignación básica mensual como contratista de $20 millones.
Igualmente, la Cooperativa le pagó mensualmente a Trujillo honorarios por $80 millones. De manera adicional, por concepto de anticipos, gastos de representación y varios, recibió de manos de la Cooperativa en 2015 más de $1.500 millones y en el año 2016 otros $1.000 millones.
Finalmente, hubo un elemento más que tuvo en cuenta la SIC para determinar que Germán Trujillo siempre ha tenido el “control efectivo” de la Surcolombiana de Inversiones: los permanentes mensajes que Trujillo, desde su cuenta de correo electrónico german_trujillo@hotmail.com, cruzó con la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos, Asoproval.
‘Máquina’ de dinero
En 2009, los activos de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones no superaban los $8 mil millones. Año tras año, su evolución financiera ha sido fabulosamente notoria. En 2012, por ejemplo, ya registraba activos por $12.426 millones.
Para 2017, la polémica Cooperativa reportó activos por $31.980 millones. Ese mismo año, registró ingresos superiores a los $81 mil millones.
Extrañamente, Surcolombiana de Inversiones ha dejado de reportar su información financiera a la Superintendencia de la Economía Solidaria. O al menos, desde 2018, el nombre de la Cooperativa no aparece en la relación de las entidades que entregan su contabilidad a la entidad que los vigila.
En el papel
¿Quiénes —al menos en el papel— hacen parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones? Como es una entidad de economía solidaria, esta cooperativa tiene un consejo de administración, que está integrado por principales y suplentes.
Los miembros principales son: Andrés Felipe Camacho Sanint, Carmen Peña Rojas, Álvaro Hernando Díaz Cardoso, Hugo Ferney Ávila Perdomo y Paola Lorduy Castro. Los suplentes son: Alba Graciela Muñoz Avendaño, Luz Alba Martínez Ceballos, Ederled Bonilla Perdomo, Yaneth López Audor y Santiago Nicolás Camacho Sanint.
La mujer que desde marzo de 2018 figura como gerente es Marcela Isabel Covilla Castillo.
La gran inquietud
¿Es posible que una Cooperativa tan cuestionada se quede otra vez con el PAE de Neiva? El jefe de Contratación de la Alcaldía, Fernando Iglesias, parece tener la respuesta: “Si las autoridades que investigan, no le instauran a esta Cooperativa una inhabilidad o un impedimento para contratar con el Estado, uno como servidor público no puede hacer esa limitante”.
¡Pedimos claridad!
Por: Israel Silva Guarnizo, director de Asocooph
Ante los recientes hechos donde resultó favorecida la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones en la licitación para la adjudicación de la alimentación escolar para los niños de Neiva, manifestamos desde Asocooph como organismo de defensa y representación gremial en el Huila, que estos hechos presentados merecen toda la aclaración por parte de los organismos de control. Verificada la información que deben reportar las entidades de manera periódica se encuentra que esta entidad no presentó la documentación a diciembre 31 de 2018. La última información reportada corresponde a diciembre de 2017.
A pesar del cumplimiento que deben hacer todas las organizaciones para el reporte de la información ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, es deber de los asociados en las empresas solidarias cumplir de manera eficaz toda la filosofía para el logro de las actividades misionales; igualmente los asociados deben ejercer todos los mecanismos de autocontrol para evitar que sus organismos de dirección como son el consejo de administración y la gerencia desvirtúen con sus acciones los fines y propósitos que tienen estas organizaciones de carácter solidario.
La situación presentada con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones en el Huila, Santander y otros lugares donde ha sido sancionada la organización y sus miembros por delitos contra el patrimonio público es una clara señal de las malas prácticas y el mal uso de la figura cooperativa con fines distintos para lo cual son creadas. Las condenas aplicadas por los organismos de control y los jueces de la República constituyen una grave sanción penal, social y moral contra la figura cooperativa y solidaria. Por esta razón llamamos a la Supersolidaria para que vigile a este tipo de organizaciones de forma más rigurosa y evite que hechos como estos afecten el buen nombre de las empresas solidarias. Como Gremio solidario certificamos que la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, no se encuentra asociada a ningún organismo de integración gremial, lo cual vulnera uno de los principios contemplados en la doctrina cooperativa como es el de “Cooperación entre Cooperativas”. Este principio de integración gremial aunque voluntario por cada organización refleja el desconocimiento y el riesgo que corren aquellas entidades que por acción u por omisión pueden incurrir en malas prácticas o con el desvió de la gestión económica, social o administrativa hacia intereses individuales.