La Nación
Con tutela frenan desalojo al alcalde de Guadalupe 2 28 mayo, 2024
INVESTIGACIÓN

Con tutela frenan desalojo al alcalde de Guadalupe

Horas antes de ejecutarse el lanzamiento la orden judicial fue suspendida. Un juez de Garzón dejó sin efecto la orden de restitución del predio que la primera dama reclama por ocupación. Escándalo.

 

RICARDO AREIZA

investigacioneshuila@gmail.com

Aunque parezca inédito, el alcalde de Guadalupe (Huila) Charles Barrera Zúñiga y la primera dama Maribel Rico Tovar lograron frenar el desalojo de la vivienda donde viven ordenado por el Juzgado Único Promiscuo Municipal.

El lanzamiento del inmueble fue ordenado por el juez Luis Fernando Patiño, en el trámite de un proceso de restitución de inmueble arrendado, iniciado por Abigail Barrera Zúñiga, hermana del funcionario quien figura como legítima propietaria.

Horas antes de hacerse efectiva la orden judicial, la diligencia fue sorpresivamente suspendida por el juez Segundo Civil del Circuito de Garzón, Jairo Alfonso Calderón Pajoy lo que provocó una inusual protesta.

En medio del escandaloso episodio, la hermana del alcalde, llenó de grafitis la fachada de la edificación.

Por tercera vez, la primera dama a través de una acción de tutela, se opuso a la entrega del inmueble que reclama como suyo alegando que lo ocupa desde hace 27 años.

La señora Rico Tovar, quien aparece en los actos públicos como ‘gestora social’ argumentó que no fue vinculada al proceso en calidad de arrendataria de la vivienda adquirida legalmente por su cuñada, después de agotado un proceso de sucesión.

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Maribel Rico Tovar y Charles Barrera Zúñiga.

Inusual protesta

Ante la inesperada decisión del juez Segundo Civil del Circuito de Garzón, la propietaria de la antigua casa paterna Abigaíl Barrera, dejó por escrito su indignación y su protesta.

Con un atomizador ‘patentó’ ante la mirada de los vecinos sorprendidos la legitimidad de su propiedad. “Esta casa es de Abigail Barrera Zúñiga. Esta es mi casa”, escribió con letras rojas en aerosol en toda la fachada de la vivienda, ubicada en la Calle 4 No. 2-45 en el barrio Santa Lucía.

En esta causa la secundaron sus demás hermanas, quienes ratificaron las denuncias ante numerosos testigos.

La protesta obligó a la intervención de una patrulla de la Policía, al parecer, por orden del alcalde.

“Si, el alcalde hizo llamar a la Policía. Pretendían llevarla a la estación de policía, menos mal que mi otra hermana les dijo que no se moverían hasta que llegaran sus abogados. Entonces todos se subieron a la patrulla y la acompañaron hasta la Policía”, relató Gloria Janeth Barrera Zúñiga.

“Abigaíl vive en Estados Unidos, -recordó- ella vino porque la diligencia de restitución estaba programada para las ocho de la mañana, como lo ordenó el juez de Guadalupe”.

“Ella ha estado pendiente de este proceso, pegada a lo que la ley diga, pero no le han cumplido nada; antes la ley no se para quien es. Menos mal que llegó nuestra abogada con toda la documentación y le demostró al comandante que ella era la propietaria. Solo así la soltaron luego de firmar un documento que hicieron”, relató.

“Ya no más, hace un mes vine desde los Estados Unidos y me hicieron perder el viaje porque me dijeron que había que esperar que saliera la sentencia. Salió el fallo y ahora, me dicen nuevamente que no se puede hacer la entrega por una tutela, ya no más”, declaró la señora Abigaíl Barrera.

 

La tutela

La acción de tutela fue presentada por la gestora social, para frenar el desalojo. Aunque no tiene la titularidad del inmueble, insistió que le pertenece.

En su criterio, el proceso de restitución de bien inmueble adelantado contra el alcalde Charles Barrera Zúñiga, no produce efectos en contra suya, por no haber sido vinculada al proceso como arrendataria.

“Se trata de una oposición a la entrega de un bien inmueble y no un proceso de prescripción adquisitiva de dominio”, afirmó su apoderada Diana Margarita Morales.

El alcalde guardó silencio, alegando que existe una sentencia ejecutoriada en su contra, que no ha cumplido.  Sin embargo, afirmó que no tiene ningún vínculo de afinidad con la opositora desde hace varios años.

“Lo que hubo fue una liquidación de la sociedad, pero no una disolución de la sociedad o separación de cuerpos o residencia separada, siendo la tutelante, la gestora social del municipio”, le respondieron sus hermanas Gloria y Abigaíl Barrera.  Y adjuntaron material gráfico de la propia Alcaldía donde aparece en actos públicos y se identifica como gestora social.

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La Policía intervino, al parecer, por órdenes de la administración municipal.

Pleito familiar

La casa paterna, adquirida legalmente por la señora Abigaíl, quien le compró los derechos al resto de sus hermanos, fue arrendada por un año al actual alcalde a partir del primero de diciembre de 2018. El canon de arrendamiento pactado fue de 250.000 pesos mensuales. Sin embargo, no cumplió.

Al vencerse el primer año el contrato fue renovado en las mismas condiciones hasta diciembre de 2014. Luego se extendió hasta diciembre de 2015 aumentándole 50 mil pesos al valor del arrendamiento que se prolongó hasta el 2018.

La propietaria Abigaíl Barrera Zúñiga solicitó por vía judicial la restitución del inmueble por no pago.
Durante los cuatro años de vigencia del contrato de arrendamiento, el actual alcalde no pagó. Solo canceló cinco millones de pesos (cerca del 20%) de los 22 millones que debió pagar como canon de arrendamiento. Actualmente reporta un saldo pendiente de pago de 17,2 millones de pesos que no ha cancelado.

Desalojo

Al no haber desvirtuado el no pago, el juez Luis Fernando Patiño Herrera decretó la terminación del contrato de arrendamiento. Además, le ordenó al alcalde Charles Barrera Zúñiga la inmediata restitución del inmueble y la entrega del bien a su hermana Gloria Janeth Barrera Zúñiga.

En el mismo fallo proferido el 30 de mayo de 2019 comisionó al director de Justicia de Guadalupe para que adelantara la diligencia de lanzamiento. La decisión quedó en firme el 12 de diciembre de 2022, pero insólitamente no se ha cumplido.

La demanda de restitución fue radicada el 13 de diciembre de 2018, hace cuatro años y tres meses y sigue sin ejecutarse. La nueva orden de desalojo debía surtirse el miércoles pasado a las ocho de la mañana. Sin embargo, cuando se creía que este viejo pleito familiar había terminado, la primera dama, interpuso la tercera tutela, agudizando el duro enfrentamiento público.

“Está casa no es de ellos, esta casa es mía, es producto de una herencia que mi papá nos dejó. Yo la compré, tengo todos los derechos que les compré a todos los hermanos y tengo todas las escrituras que me acredita como la única dueña”, insistió la señora Abigaíl.

La transacción en efecto, quedó registrada en la Escritura pública No. 087 expedida el 17 de marzo de 1998, suscrita hace 25 años ante la Notaría Única de Guadalupe.

El inmueble aparece con la matrícula inmobiliaria No. 202-6976 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón.

“Se suponía que a las ocho de la mañana me iban a entregar la casa y me encuentro con la sorpresa que no, que la casa no se entrega porque la señora Maribel Rico Tovar puso una tutela diciendo que la casa es de ella, eso es una mentira, la casa es mía, soy la legítima poseedora”, reiteró.

“Llevamos cuatro años, luchando. Ella tiene que devolvernos la casa. Que nos devuelva la casa y que nos devuelva la finca que también nos quitó”, le gritó Violeth Barrera, otra de las hermanas que concurrió a la diligencia.

“¿Dónde está la justicia? ¿Al servicio de quién?”, reiteró frente a la vivienda. Afuera, numerosos vecinos fueron testigos.

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Los documentos que soportan la demanda.

En derecho

El juez de Guadalupe, Luis Fernando Patiño, reiteró las razones jurídicas que tuvo en cuenta para ordenar la restitución del inmueble y reclamó la improcedencia del medio de control.

“Esta agencia judicial, ha obrado con el apego debido al estatuto procesal vigente; así entonces, cada una de las notificaciones dentro del proceso se han surtido de cara a las partes”, anotó. Estimó que la tutela resulta improcedente y debe negarse.

Además, -dijo- “se ha efectuado para cada una de las decisiones adoptadas, una debida valoración probatoria conjunta, de acuerdo a todas y cada una de las probanzas aportadas, y las providencias proferidas preceden de una clara y debida motivación, por lo que las mismas, de ninguna manera, han resultado caprichosas”.

Frenado desalojo

No obstante, el juez Segundo Civil del Circuito de Garzón, Jairo Alfonso Calderón Pajoy, dejó sin efecto la orden de restitución del inmueble.

“En efecto, -dijo- tanto de la prueba documental como de la prueba testimonial y de interrogatorio de parte, se deduce que la opositora se halla en relación material con la vivienda objeto de entrega y que ejerce respecto de ellas el ánimo y la voluntad interna de poseer para sí misma, con independencia de las personas que ostentan su titularidad inscrita”.

“Al colegirse, de las pruebas arrimadas por la opositora, que le asiste el derecho a intervenir en el trámite de la oposición a la entrega, se impone a este despacho, la revocatoria de la providencia objeto de recurso; para, en su lugar, disponer que se le admita la oposición”, concluyó.

Al evidenciarse una irregularidad, determinada por un defecto en el trámite de la oposición a la entrega del bien inmueble, dejó sin efectos las órdenes de desalojo y le ordenó al juez que admita la oposición a la entrega.

Las dos hermanas del alcalde apelaron. El juez negó la reposición y concedió la apelación ante el Tribunal Superior de Neiva.

Por reparto le correspondió a la Sala Civil, Laboral y Familia donde se tramitará la segunda instancia. ¿Prosperará?