El problema de la concentración de la tierra en Colombia se mantiene y el gobierno actual sabe que debe enfrentarlo si quiere dar pasos importantes hacia una sociedad más justa. En la década de 1930, durante la consolidación de las reformas burguesas en el marco internacional, los gobiernos liberales impulsaron una serie de reformas para modernizar una sociedad que, de acuerdo con el teórico Alejandro López (1982): estaba aún atravesada por actitudes feudales. Con influencias de este tipo y con revueltas agrarias que generaban temor a los hacendados, se comenzaba a ambientar un escenario propicio para la Ley 200 de 1936 promovida en el mandato de Alfonso López Pumarejo.
La Ley 200 formalizó la tierra en Colombia; los terratenientes que no demostraron posesión tuvieron que devolver los terrenos a la nación y esto facilitó la compra a los colonos. Los títulos eran entregados a quienes probaban la posesión de la tierra por más de 30 años, un asunto muy cómodo para grandes hacendados de las regiones cafeteras y otras zonas del país. Con la promulgación de esta norma se derogó una sentencia que dictaba que todos los terratenientes tenían que demostrar el título original de lo que poseían. Además, se crearon tribunales especiales que dirimían los conflictos sobre la tierra; de esta forma, arrendatarios y despojados adquirieron derechos a ser resarcidos. Se promovieron los préstamos a campesinos a través de la Caja Agraria y se impulsó la parcelación de tierras “para 1940, el gobierno y el Banco Agrícola habían adquirido 470 propiedades, que fueron subdivididas en 20.140 fincas de tamaño familiar” (Henderson, 2006). Parecía que Colombia entraba en un proceso de modernización sobre la base de una premisa fundamental: la función social de la tierra. Pero no fue así. La lucha por la tierra se intensificó y cada uno pujaba por conseguir su propiedad. Si bien se generaron avances importantes durante el gobierno de López Pumarejo en temas laborales, fiscales y económicos, sobre todo en lo que tenía que ver con la tenencia de la tierra, en un ambiente de ideas socialistas y socialdemócratas, las presiones de la religión y de los sectores más retardatarios de los partidos terminaron por doblegar ese impulso reformador.
La Constitución de 1886 continuaría reinando por varias décadas y López Pumarejo terminaría frenando sus propuestas. Se arrepintió. Desde entonces, la modernización en Colombia quedó suspendida y los Santos continuaron afianzando su poder sobre el lomo del atraso, la pobreza y la desigualdad.