La Nación
Condenado el ‘terror’ de los volqueteros 1 17 enero, 2021
INVESTIGACIÓN

Condenado el ‘terror’ de los volqueteros

Desde la cárcel de Cómbita y no desde un cambuche en las montañas, el jefe de una banda de extorsionistas atemorizaba a conductores y transportadores. Walberto Díaz, un avezado timador paisa, purgará diez años de cárcel.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

 

José Alfonso López, un conocido transportador de material de arrastre fue contactado telefónicamente a mediados de 2016  por un hombre que se identificó como el ingeniero Camilo, contratista del Invías  y le pidió el servicio de dos vehículos para el mantenimiento de la vía El Muelle – Mira Flor en el departamento del Cauca.

Luego, en el camino, el desconocido interlocutor llamó a los conductores y los hizo desviar por la vía hacia Villa Garzón (Putumayo).

Una vez los conductores se encontraban en esa zona, volvió a llamarlos, sólo que ahora se presentó como comandante del Eln y les exigió 20 millones de pesos “a cambio de no quemar los vehículos ni atentar contra la vida de los conductores”.

El dinero fue consignado a través de una empresa de giros que recibieron dos mujeres que estaban en libertad.

La misma historia se repitió con José Rodrigo Rubiano otro volquetero de Neiva. También lo contrataron para prestar un servicio en Vegalarga. Estando en el sitio le exigieron el giro de siete millones de pesos.

A Oscar Mora Quiroga, otro transportador de Aipe, le solicitaron el mismo servicio. Como no podía, recomendó a dos amigos, quienes accedieron. Cuando estaban en el sitio indicado, recibió la llamada del supuesto contratante, anunciándole que sus amigos estaban secuestrados y pedía 20 millones de pesos para dejarlos en libertad. Gina recibió el dinero enviado a través de la misma empresa de giros.

Como estos, hay reportes de muchos casos en otras regiones del país. La misma táctica, el mismo discurso y las mismas amenazas. Solo que todo era una farsa.

La farsa

Luego de una rigurosa investigación, las autoridades confirmaron que las llamadas no provenían de la guerrilla. Igualmente comprobaron que el supuesto  jefe subversivo que los amenazaba era un habilidoso timador preso en Boyacá.

Todas las llamadas extorsivas se hicieron desde la cárcel de alta seguridad de Cómbita (Boyacá). Y detrás de las intimidaciones estaba un avezado estafador con trayectoria criminal en Malambo (Atlántico): Walberto Enrique Díaz Guzmán.

En la costa, según las autoridades, antes de caer preso armó su propio “combo”, bautizándolo con el nombre de ‘El Cartel de Sinaloa’. Tras su captura por porte ilegal de armas, se dedicó a extorsionar a control remoto.  En el 2013 ya había sido condenado por porte ilegal de armas en Cartagena.

Ahora, desde la cárcel de alta seguridad en Cómbita (Boyacá) y no desde las montañas del sur del país, Díaz Guzmán, se hacía pasar como comandante de un frente guerrillero para intimidar a los volqueteros y transportadores. Y lo logró.

 

Sin opciones

Ante las intimidaciones, los transportadores o dueños de maquinaria, sin otra opción, terminaban accediendo a las presiones de los delincuentes.

“Esto es, cancelando a través de empresas de giros los dineros exigidos a nombre de personas que estaban en libertad, generalmente mujeres, quienes luego los repartían según las instrucciones”, reportó el informe del Gaula militar.

Por el temor a represalias, sabiendo que tenían retenida la maquinaria y a sus operarios, preferían negociar y cancelar finalmente los montos pactados.

Condenado el ‘terror’ de los volqueteros 7 17 enero, 2021
Las mujeres encargadas de retirar las extorsiones.

Así timaban

El grupo delincuencial, conocido como ‘Los Contratistas’,  operaba tranquilamente desde el patio número cinco de ese centro de reclusión de alta seguridad. Desde allí, se dedicaban a extorsionar a dueños o administradores de maquinaria pesada, a quienes los contrataban y luego de trasladarlos a lugares solitarios, los llamaban, anunciándose como miembros de grupos subversivos y exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra las vidas de los conductores o destruir la maquinaria.

De inmediato, los timadores, contactaban al propietario, se identificaban como integrantes de una organización armada y les anunciaban que el conductor se encontraba secuestrado, amarrado y vigilado.

“Entonces les exigían sumas que oscilaban entre los 30 y 50 millones de pesos para dejarlo en libertad, no quemar el vehículo y respetarle la vida.
Esa era la modalidad que utilizaban para intimidar. Y lo lograban”, precisó la Fiscalía.

En silencio, los transportadores sucumbían a las amenazas. Hasta que denunciaron el caso, lo que facilitó el primer golpe.

El primer golpe

El 16 de octubre de 2016 el Gaula militar de la Novena Brigada dio el primer golpe. En varios operativos fueron capturados los miembros de la red dedicada a extorsionar a transportadores y volqueteros.

Los operativos se realizaron simultáneamente en los barrios Antonio Galán de Magangué (Bolívar),  El Bosque en Bogotá y Las Villas en Floridablanca (Santander).

Durante la operación fueron detenidas Ginna Paola Ramírez Osorio de 23 años de edad;  Leidy Ximena Alfaro Álvarez de 22 años y Timoteo Díaz de 85 años.

En un segundo golpe fueron detenidos Marina Mejía, Fernando Ipuz Ceballos, John Mauricio Rodríguez Rivera y José Camilo Corzo Calderón.

Gina Paola Ramírez Osorio, cuñada de Walberto Enrique Díaz (‘Diablo Blanco’) y Leidy Jimena Álvarez eran las encargadas de recibir dinero producto de las extorsiones.

Los capturados, terminaron delatando al jefe de la red, actualmente preso en La Picota.

El dinero debía ser consignado a través de empresas de giros, siendo retirados en distintas partes del país para no despertar sospecha y de esta manera evadir el accionar de las autoridades.

Una vez cobraran el dinero, lo giraban a Timoteo Díaz, suegro de Andrés Felipe Martínez, alias “Giovany” o “Balín”, quien estaba recluido en la cárcel de Cómbita. Su compañera Mayerly Díaz Villamizar, quien hacía parte de la red, corroboró la forma como operaban.

La modalidad no solo ocurrió en el Huila. También se registraron casos en Boyacá, Cauca,  Caquetá, Chocó, Santander, Casanare, Cauca y Antioquia.

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Otros miembros de la red también fueron judicializados.

Imputación

“Díaz Guzmán, preso en la cárcel de Cómbita, era el encargado de efectuar las llamadas extorsivas y reclutar las personas encargadas de recibir el dinero producto de los ilícitos”, explicó la Fiscalía al imputarle cargos.

El 8 de mayo de 2016 se realizó la audiencia de acusación, el 10 de diciembre de 2019 concluyó el juicio y finalmente, el 24 de enero de 2020 se profirió la sentencia condenatoria.

Walberto Enrique Díaz Guzmán, de Caucasia (Antioquia),  fue condenado el  24 de enero de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva como coautor responsable por las ‘vacunas’ que le exigía bajo amenazas a volqueteros y transportadores del sur del país.

El juez le impuso una pena inicial de 281meses de prisión más el pago de 30.525 salarios mínimos mensuales vigentes como coautor de la conducta punible de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada en concurso.

Sin embargo, el Tribunal Superior, modificó la pena y lo condenó finalmente a 126  meses de prisión (diez años y cinco meses)  e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso como responsable de concierto para delinquir agravado.

Última maniobra

Desde la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido, Díaz Guzmán, en otra maniobra para eludir a la justicia.

Simultáneamente con la apelación, haciéndose pasar como desmovilizado de las Farc, intentó recobrar su libertad. En septiembre pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz, le negó su ingreso, por carecer de los requisitos exigidos.

La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) rechazó la solicitud al comprobar que no aparece en los listados recibidos y verificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y entregados a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, ni su nombre reposa acta de compromiso suscrita ante la Secretaría Ejecutiva.

“No existe evidencia que haya sido investigado o procesado por su presunta pertenencia o colaboración con el grupo rebelde, como tampoco se advierte que el delito por el que fue condenado en el proceso penal aquí analizado hubiese sido cometido debido a la rebelión o en el contexto del conflicto armado”, explicó el magistrado de la JEP, Juan José Cantillo.