El Consejo de Estado confirmó una sentencia condenatoria por agresiones sexuales a las que fueron sometidas varias menores en una sede del Oliverio Lara.
RICARDO AREIZA
La Alcaldía de Neiva tendrá que pagar con sus propios recursos por lo menos 1.653 millones de pesos por el abuso sexual a la que fueron sometidas tres menores de edad en el colegio Olivero Lara.
Adicionalmente, como medidas resarcitorias, tendrá que pedir disculpas públicas a las víctimas y adoptar otras acciones de reparación simbólica, como garantías de no repetición.
La sanción obliga a una entidad territorial a responder patrimonialmente por los daños a la salud ocasionados a las víctimas directas y los perjuicios morales a sus parientes más cercanos.
La decisión, impuesta el 24 de febrero de 2016, hace siete años, por el Tribunal Administrativo, fue confirmada por el Consejo de Estado, al resolver una apelación que colocó el entonces alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, oponiéndose a la condena.
Indemnización
Al modificar la sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) condenó a la Alcaldía de Neiva al municipio de Neiva a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1.175 millones de pesos
Asimismo, condenó a la Alcaldía de Neiva a pagar, por concepto de daño a la salud, la suma equivalente a 250 salarios mínimos mensuales a las menores abusadas.
En su momento la Alcaldía de Neiva se opuso a la condena por que en este caso no se vinculó al Ministerio de Educación, encargado de organizar los concursos para ocupar las plazas de docentes y de revisar las hojas de vida de los participantes.
El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, en calidad de ponente, estimó que la falla en el servicio fue cometida por quien tenía la posición de garante al momento de ser violentadas sexualmente las menores, en este caso, la Alcaldía de Neiva. En consecuencia, desestimó de plano la solicitud para vincular al Ministerio de Educación y a la Gobernación del Huila en el pago de la indemnización a las víctimas, como lo reclamó la administración local.
La agresión
El caso ocurrió hace 15 años en una de la sede Santa Isabel del colegio ‘Oliverio Lara’, una de las más grandes instituciones educativas de la capital huilense.
El abusador, Jorge Luis Vidarte, ya condenado, fue denunciado ante la Fiscalía el 7 de noviembre de 2008 por la madre de una de las tres menores agredidas.
“Las sacaba a la hora del descanso, las llevaba a su casa y allí practicaba actos sexuales con ellas”, relató una de las progenitoras cuyo nombre no puede revelarse por razones legales. Dos días después las madres reportaron el caso ante la rectora de la institución educativa Miriam Teresa Oviedo.
El funcionario fue destituido e inhabilitado después de haber perpetrado conductas abusivas. Actualmente se encuentra en prisión purgando una condena de 180 meses de prisión.
“El docente tenía antecedentes en materia de abuso sexual a sus alumnas y la administración municipal sabiéndolo, no tomó decisiones para impedir que el victimario continuara realizando esta misma clase de conductas depravadas”, explicó el magistrado de primera instancia.
Es más, según directivos de la institución, una vez se presentó el abuso en las menores del grado segundo, el docente fue asignado en el 2009 a otro grado superior donde también hubo quejas sobre acoso sexual a las alumnas.
“El municipio de Neiva, como nominador, administrador y director de la educación en el ámbito de su jurisdicción debió implementar medidas para la protección de los menores”, aseguró. Sin embargo, no lo hizo.
Reparación simbólica
Estimando que con estas conductas se vulneraron gravemente los derechos fundamentales de las menores (educación, integridad personal y a la dignidad humana) el Tribunal decretó de oficio medidas de justicia restaurativa que garanticen la idónea y correcta aplicación del principio de reparación integral.
Como medidas de justicia restaurativa, el Consejo de Estado dispuso que el Alcalde de Neiva y la rectora de la institución educativa ofrezcan disculpas públicas, a las víctimas y a sus familiares, por omitir el deber de vigilar y custodiar a las estudiantes, así como de revisar las hojas de vida de los docentes asignados a su cargo.
El acto de reparación simbólica, deberá realizarse en una ceremonia privada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo a las tres menores, a sus padres, hermanos y abuelos ofendidos.
Las excusas se centrarán principalmente por la omisión en la vigilancia y custodia de los educandos, así como la omisión en la revisión de las hojas de vida de los docentes y en no poner en conocimiento de las autoridades esas conductas reiterativas del agresor.
Dicha revisión, deberá efectuarse con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la infancia y la adolescencia de la ciudad de Neiva, esto en virtud de la protección de los derechos de las menores.
Como garantías de no repetición ordenó a la Alcaldía de Neiva con cargo al presupuesto, en un término de tres meses, la revisión de las hojas de vida de los docentes que se encuentren laborando y en caso de encontrarse conductas abusivas denunciarlas inmediatamente a las autoridades competentes.
Ante la gravedad de los hechos y la agresión a la que fueron sometidas las tres menores, el Tribunal ordenó que con recursos públicos de la Alcaldía de Neiva determine cuál debe ser el tratamiento psicológico necesario para superar las secuelas que perviven y asuma el pago de aquel tratamiento.
Condenado abusador
El docente, Jorge Luis Vidarte actualmente en prisión, fue vinculado en 1993 por la Secretaría de Educación del Huila. Era un maestro nacionalizado. Aunque había sido sancionado, seguía en el cargo.
En 1997 fue suspendido por 90 días por abuso con sus alumnas en una institución rural. El 15 de diciembre de 2011 fue destituido e inhabilitado por 15 años, al término de un proceso disciplinario interno que se le realizó.
Encontrado responsable fue condenado a 15 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva el 29 de junio de 2010. La decisión fue confirmada el 13 de octubre de 2010 por el Tribunal Superior de Neiva.
Caso similar
Por un caso similar ocurrido en la Institución Educativa Gallego, Sede San Rafael, ubicada en el municipio de La Plata (Huila), el Juzgado Séptimo Administrativo condenó a la Gobernación del Huila a indemnizar a las víctimas.
Según el relato, durante los años 2015 y 2016 varias menores fueron sometidas a actos sexuales abusivos por parte del docente John Ferney Molina Cuéllar, capturado y actualmente procesado por esas conductas.
Los hechos fueron denunciados por una de las menores el día 30 de julio de 2018. Sus padres denunciaron el caso ante el rector de la institución, y ante la Fiscalía General de la Nación, los días 2 y 3 de agosto de 2018, respectivamente.
La funcionaria judicial declaró la responsabilidad de la Gobernación del Huila por los perjuicios morales.
“El daño padecido por la menor consistió en su afectación a la integridad personal por el maltrato infantil al que fue sometida por el acto sexual abusivo que padeció por parte del educador”.