La Nación
Consejo de Estado rechazó demanda contra elección del fiscal Martínez 1 18 mayo, 2024
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Consejo de Estado rechazó demanda contra elección del fiscal Martínez

Rechazada por la Sección Quinta del Consejo de Estado quedó la demanda de nulidad contra la elección del fiscal general, Néstor Humberto Martínez por el caso relacionado con la multinacional Odebrecht.

 La decisión, estuvo en manos del magistrado Carlos Moreno, fue por la caducidad que aplica al advertir que ya habían pasado los 30 días que establece la norma para presentar este tipo de recursos. “La demanda se presentó extemporaneamente, después de los 30 días que tienen tras la elección para presentarla”, explicó una fuente de la Corporación.

Sin embargo, el alto tribunal advirtió que los demandantes (Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo) tendrán tres días para presentar el recurso de súplica ante la decisión para que se revise la decisión del magistrado.

Luego, los magistrados que entrarían a revisar el caso serían Lucy Jeaneth Bermúdez, Alberto Yepes y Rocío Araujo, quienes hacen parte de la Sección Quinta.

Dentro de la demanda se había advertido que la elección debía anularse por “falsa motivación “, es decir, que Martínez en su presentación omitió que había desarrollado trabajos para privados que contrataron con el Estado, lo que llevó a que la Corte tomara su decisión con información incompleta, según los demandantes.

“Néstor Humberto Martínez no fue transparente durante el proceso de selección en el que resultó elegido Fiscal General. De esta manera a través de la figura de anulación electoral  piden que se anule el acto de elección”, manifestaron los demandantes en un comunicado.

Además se refirieron a la información  que el fallecido testigo del caso Odebrecht Jorge Enrique Pizano, habría proporcionado a Martínez antes de ser fiscal general.

“No le informó a la Corte Suprema de Justicia que, durante el tiempo en que ejerció como abogado privado (entre 2015 y 2016), conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados”, afirmaron los demandantes.