Por lo menos 70.758 millones de pesos tendrán que pagar el poderoso grupo de inversionistas españoles Lopesan por la fallida construcción de la Torre Materno Infantil del Hospital Universitario de Neiva. La condena quedó en firme.
RICARDO AREIZA
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Lopesan, uno de los más poderosos grupos empresariales de España, no logró zafarse de una condena por la fallida ejecución de la Torre Materno Infantil en Neiva (Huila).
El conglomerado con sede principal en Islas Canarias tendrá que indemnizar económicamente al Hospital Universitario de Neiva por el incumplimiento del contrato de obra pública adjudicado en el 2011. La indemnización asciende a 70.758 millones de pesos, sin intereses, según un dictamen pericial aprobado el 26 de abril de 2023.
La cifra fue aprobada en el trámite de un incidente de liquidación de los perjuicios materiales causados por el incumplimiento del contrato de obra pública.
La condena sigue vigente. La orden judicial obliga a la multinacional española a pagar los perjuicios por el incumplimiento del contrato No. 242 para la construcción del centro asistencial de alta complejidad.
La decisión judicial quedó ejecutoriada el 6 abril de 2022. No obstante, la compañía reclamó la nulidad, alegando una indebida notificación. La solicitud no prosperó.
El Tribunal Administrativo del Huila negó la solicitud que presentó el consorcio integrado por las empresas Herreña Fronpeca (Sucursal Colombia) y Lopesan Asfaltos y Construcciones (Sucursal Colombia).
“Hasta este momento, en la instancia del proceso que se estudia, no se encuentran razones para advertir configurada la causal de nulidad invocada por indebida notificación del auto admisorio de la demanda o su emplazamiento”, advirtió el magistrado Enrique Dussán Cabrera.
La condena en abstracto fue decretada el 8 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila al declararse el incumplimiento del contrato por parte del consorcio español Lopesan Fronpeca y lo condenó a pagar en forma solidaria los perjuicios.
El complejo arquitectónico debía ejecutarse en un año. Según el cronograma original la primera fase debía entregarse el 23 de octubre de 2012. Sin embargo, quedó con un avance del 41,40%.
Daños estimados
Los perjuicios fueron estimados en 70.758 millones de pesos más los intereses que se puedan generar hasta que se haga efectiva. La cifra fue determinada por la Lonja de Propiedad Raíz del Huila en un peritaje realizado por la ingeniera civil Adriana María García Orozco y el administrador financiero Cesar Augusto Paya.
La indexación por daño emergente, según el informe pericial, fue calculada en 34.052 millones de pesos. La estimación por lucro cesante asciende a la suma de 36.706 millones, más los intereses que se causen hasta que se haga efectiva la liquidación.
Polémica contratación
La obra fue adjudicada el 7 de septiembre de 2011, en una polémica licitación pública al consorcio colombo-español Lopesan Fronpeca durante la administración del gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez, quien ejercía como presidente de la junta directiva.
El valor del contrato de obra pública ascendía a 23.362 millones de pesos. El gobierno departamental aportó 16.289 millones de pesos con recursos de regalías petroleras. El resto (incluyendo avalúos, diseños, adquisición de predios e interventoría) los aportó con recursos propios el Hospital Universitario de Neiva. El valor total de la primera fase costó 28.071 millones de pesos.
La obra comenzó en noviembre del 2011 en medio de serios inconvenientes de diseño, falta de suministros, pero esencialmente, por falta de recursos.
Según el cronograma inicial, la primera fase debía entregarse el 23 de octubre de 2012. Pero no le alcanzó ‘músculo financiero’.
El consorcio no pudo cumplir con el cronograma ni terminó la obra. Sólo ejecutó 5.216 millones de pesos de los 7.008 millones que le giraron de anticipo, principal soporte para iniciar la obra.
Descalabro financiero
El consorcio español debía tener disponible un 60% de capital de trabajo propio y unos 12.000 millones de pesos adicionales para ejecutar las obras con sus propios recursos. No obstante, durante la ejecución del proyecto se demostró que los contratistas no tenían el músculo financiero ni la solvencia financiera para adelantar una obra de esa magnitud, como lo ostentó en su propuesta. Las inversiones, dependían exclusivamente de los anticipos entregados por el centro asistencial, pero no de su propio capital, como estaba pactado.
Los recursos ejecutados en la primera fase conforme a los cortes de obra, mostraban un promedio de 500 millones mensuales, cuando lo programado eran 4.000 millones mensuales.
Caducidad
Ante los reiterados incumplimientos el centro asistencial declaró la caducidad del contrato el 25 de enero de 2013 haciendo efectiva la garantía única expedida por la Compañía de Seguros del Estado por valor de 21.968 millones de pesos.
“En este caso el consorcio contratista no cumplió el objeto contractual dentro del plazo pactado. El consorcio únicamente ejecutó el 41% de obra pactada, incurriendo en una verdadera deslealtad contractual para con la entidad contratante”, aseguró el gerente de la época, Jesús Antonio Castro.
El funcionario liquidó unilateralmente el contrato de obra pública (Resolución 017 de 2013) ante la imposibilidad de hacerlo de manera bilateral.
Una vez liquidado el contrato, el gerente del Hospital Universitario de la época Jesús Antonio Castro decidió demandar al consorcio por los daños y perjuicios ocasionados por el consorcio al no terminar la obra en los plazos previstos.
La demanda fue admitida el 15 de septiembre de 2015 y siete años después declaró el incumplimiento del contrato y condenó a los inversionistas españoles a cancelar los daños en abstracto, lo que implicó contratar un peritaje técnico para la cuantificación de los daños. El estudio fue entregado el 28 de junio de 2022.
Aunque el consorcio impugnó tardíamente, no logró demostrar las supuestas falencias procesales argumentadas a última hora.
El magistrado Dussán Cabrera reiteró que durante el trámite de la controversia contractual se garantizó el derecho al debido proceso permitiendo que la parte afectada tuviese una representación en defensa y contradicción de todas las actuaciones.
Por esa razón negó la nulidad del fallo que condenó al grupo empresarial español a pagar solidariamente los perjuicios.
La decisión no fue recurrida. En firme la orden judicial, Alfonso Valdés Velasco, abogado del consorcio, cambió la estrategia. Ahora, sus esfuerzos se centraron en pedir la invalidación de la liquidación de perjuicios porque, en su criterio, el dictamen pericial, no cumple con los requisitos mínimos legales establecidos.
El último empujón
Tras el descalabro, la Unión Temporal Torre Materna asumió con un nuevo contrato la terminación de la primera fase con un costo de 16.625 millones de pesos. En la obra se han ejecutado 44 millones de pesos y sigue inconclusa. Para terminarla y dotarla se requieren por lo menos otros 60 mil millones de pesos.
Ahora, después de haber habilitado algunas de las instalaciones, el hospital universitario, en un nuevo esfuerzo, suscribió el contrato final para concluir el proyecto.
El contrato por 62.845 millones de pesos tendrá que ejecutarlo el consorcio Constru-Materno, representado por Andrés Perea Sánchez.