En las últimas horas se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación a los interventores de las obras contratadas para la construcción de las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en Neiva y Santa Marta.
Se trata de Carlos Ernesto Perdomo Rubiano, Carlos Javier Espitia Palomino, y Javier Darío Santos Vanegas, en sus condiciones de representantes legales de las empresas DPC Ingenieros SAS, que ejerció labores de interventoría al contrato 052 de 2011 para la ciudad de Santa Marta (Magdalena) y DAIMCO SAS y Consorcio Constructores Asociados, para el contrato 069 de 2013 de Neiva (Huila).
La ESAP celebró el convenio 052 en 2011 con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) para realizar las construcciones en Santa Marta y Neiva, y en desarrollo de estos proyectos, suscribió contratos para la interventoría de las obras con las mencionadas firmas.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal investiga las razones por las cuales los interventores, al parecer, certificaron y recibieron a satisfacción proyectos que presuntamente no fueron ejecutadas a cabalidad y que presentaban debilidades administrativas, técnicas y financieras.
En este sentido, ordenó la práctica de diferentes pruebas y remitió el asunto a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Entidad con el fin de que emita un informe técnico para determinar si las construcciones en Santa Marta y Neiva presentan falencias en su estructura y si los diseños cumplen con el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.