Cecilia González Villa/LN
Ceciliagonzalez lanacion.com.co
El contrato de la concesión vial Neiva- Mocoa- Santana en el Putumayo en
manos de la empresa Aliadas para el Progreso tiene sus días contados. LA
NACIÓN conoció que el gobierno nacional inició desde la semana pasada el
proceso de caducidad.
El último plazo que la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANI le había
dado al consorcio Aliadas para destrabar el lío que generó por el
incumplimiento del contrato, venció el pasado 18 de enero, sin ninguna
solución. Es decir, una vez más la empresa llegó sin nada en las manos.
Los representantes arribaron a la reunión técnica nuevamente intentando
dilatar las cosas ante la ANI y el Ministerio de Transporte con el argumento
de que seguía negociando con la firma francesa (que ya se hizo a un lado) y
ahora con una firma brasilera que no tiene nada que ver con Odebretch,
según fuentes extraoficiales.
Sin embargo, el gobierno representado por la ANI le contestó que no había
más dilaciones ni prórrogas, y que se había decidido que el lunes 21 de
enero iniciaba el proceso de caducidad del contrato. Es decir, hace
exactamente ocho días.
De esta manera, el gobierno frenó al menos por ahora, las intenciones de
Aliadas de que quienes les comprara además se hiciera cargo de las
sanciones o multas impuestas hace algunos meses.
Las multas emitidas por el gobierno del presidente Iván Duque, por
incumplidos, son dos. La primera es de dos mil millones de pesos y la otra por
22.000 millones, plata que deberán pagar o pagar. No hay condonaciones de
ninguna clase.
Solo se librarían de pagar, si el contrato se vende o se cede, de lo contrario,
no tendrían otra salida que tener que cumplir con la sanción.
Sumado a ello, no se puede olvidar que los problemas con Aliadas no son
nuevos. Para empezar no lograron arrancar porque no puderon hacer cierre
financiero. Esto, debido a que ningún banco estaba dispuesto a prestarles
plata porque algunos de los socios estarían involucrados con Odebrecht.
Iban por más
Pese a esta decisión de comenzar el proceso de caducidad por parte del
gobierno, el miércoles pasado, Aliadas nuevamente se presentó ante la ANI
asegurando que ahora estaba negociando solo con una empresa brasilera,
que necesitaba nueve meses más y que solicitaba la suspensión del proceso
de caducidad.
Fuentes extraoficiales le dijeron a LA NACIÓN que el gobierno no había
respondido hasta el viernes anterior esta última petición pero se sabe que la
respuesta se daría en las próximas horas.
La respuesta para Aliadas según ha trascendido en fuentes del Ministerio de
Transporte sería sencilla. Que presente la propuesta pero el proceso de
caducidad sigue su curso hasta tanto no se firme un acuerdo.
El proceso de caducidad dura 45 días y además ofrece la oportunidad de
garantía del debido proceso.
Además, la firma Aliadas dentro de los 45 días que dura el proceso de
caducidad puede, acceder a recursos ante la ANI que son resueltos de inmediato.
También tiene la opción de presentar un acuerdo con otra firma. Si el
gobierno lo avala o acepta las condiciones que en este caso serían otras
nuevas, las cuales ya están listas.
El plan B del gobierno
Pero se sabe que el gobierno ya tiene plan B. Si la empresa Aliadas no sale
con nada, y se determina decretar la caducidad del contrato de la concesión
vial Neiva- Mocoa- Santana en el Putumayo, el gobierno iniciaría una nueva
licitación.
Es más, el Ministerio de Transporte ya cuenta con recursos del orden de los
200 mil millones de pesos para intervenir directamente el tramo Pericongo,
es decir que la buena noticia es que no quedaría sujeto a una nueva licitación.
Así que de acuerdo con las nuevas condiciones del gobierno, el nuevo
contrato tiene que empezar por el tramo Pericongo, incluyendo el viaducto
que se debe construir en el lugar.
En este caso cabe aclarar que el gobierno no puede proceder de inmediato
con esta opción debido a que la vía está afectada o en concesión es decir al
menos por ahora es de propiedad de la compañía Aliadas para el Progreso.
Sin embargo, ante esta situación lo más probable es que el contrato quede
en manos de la firma brasilera con la que ahora mismo negocia Aliadas y de
la cual no se conoce su nombre por cláusulas de confidencialidad en el proceso.
Así las cosas, lo único que queda por ahora es esperar a que Aliadas logre
llegar a un acuerdo con la empresa brasilera interesada en el contrato que
arrancó hace tres años. De lo contrario, la situación tendrá que ser resuelta
por el gobierno, con las consecuencias que ya se conocen.
Mientras tanto, Aliadas continúa avanzando en la intervención del sector de
Pericongo, sobre el llamado puente de ‘El Diablo’ .