La Nación
Control social y abusos en Colombia: las graves revelaciones del informe de la OEA 1 15 junio, 2024
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Control social y abusos en Colombia: las graves revelaciones del informe de la OEA

En algunas regiones de Colombia se limitó el uso de prendas de vestir o se exigió de autorizaciones para ingresar.

Redacción Web/LN

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó su informe semestral, que comprende el periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, incluyendo el marco denominado como el inicio de la paz total.

En él hay un capítulo especial denominado ‘Justicia de facto’, es decir, el control social sobre la población civil y cuya dinámica es recurrente en el siguiente orden: Eln, Estado Mayor Central, AGC y Segunda Marquetalia.

En regiones como Córdoba, por ejemplo, el Clan del Golfo o AGC limitó el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro; también elementos que cubran el rostro como gorras y gafas.

En Cauca y Nariño, el Estado Mayor Central exigió a los ciudadanos carta de autorización firmada por el comandante del bloque o frente para ingresar a sus regiones, además de la obligatoriedad de portar carné y pruebas clínicas de enfermedades de transmisión sexual.

Además, en regiones de Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, la movilidad terrestre y fluvial está restringida entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. El Estado Mayor Central en algunas zonas ha instalado vayas fijando normas de tránsito, control de velocidad, restricción de casco y de vidrios polarizados.

El informe también muestra que en el sur de Córdoba integrantes de los grupos ofrecen dinero por abusar sexualmente de las niñas; los montos varían dependiendo de si las menores de edad han tenido o no relaciones sexuales previamente.

Y en el Catatumbo, las personas consumidoras de sustancias ilícitas son obligadas a realizar trabajos de resocialización, lo que implica trabajos forzados no remunerados durante semanas o meses. Para ser liberadas deben comprometerse a no recaer, bajo la amenaza de desplazamiento forzado u homicidio.

Lo más paradójico, según el documento, es que las entidades del Estado deben solicitar permiso a los comandantes de frentes para ingresar a las zonas, registrarse y permitir que sus elementos de trabajo con información confidencial sean requisados.

Con información de: Blu Radio