En agosto de 2019 se firmó un convenio entre la Contraloría General y un Centro de investigaciones para que el Politécnico Grancolombiano dictara estudios de derecho en la sede de la Contraloría a funcionarios, familiares hasta segundo grado de consanguinidad y cónyuges al parecer a cargo del presupuesto nacional, en virtud del cual se favorecieron 23 privilegiados funcionarios entre ellos el contralor general, quien logró estudiar y titularse en dos años y medio, además desarrolló la tesis para obtener un doctorado que había realizado en otra universidad; sobre el particular el contralor afirmó que él era muy disciplinado y que para elaborar la tesis bastaba inscribir el nombre pues ya dominaba la temática. Es decir en los últimos cuatro años como contralor ha desempeñado eficientemente su compleja labor, estudió derecho y se graduó en dos años y medio, hizo la tesis para un doctorado, “todo muy fácil”, estará convencido de que es un superdotado y el resto unos tarados?
Sobre lo anterior, es claro que se trata de un abuso de poder y corrupción, lástima que una prestigiosa universidad esté involucrada en esta irregularidad; Caracol que logró su difusión a tres años del convenio podría indagar cuanto nos costó esa jugadita; qué dirán los miles de estudiantes que pagan de su bolsillo costosos estudios de posgrado?, o padecen la tortura al endeudarse con ICETEX?, y el Colegio de Abogados qué dice?. También se divulgó que el Secretario General del Politécnico quien supervisó todos los aspectos del convenio fue favorecido con contratos de la Contraloría en cerca de $200 millones, actualmente es el superintendente de sociedades, premiado por el señor Duque; es razonable que la ESAP y otras universidades ofrezcan cursos cortos de extensión a entidades, para adiestrar funcionarios en labores concretas, pero no mediante abusos de tal magnitud; muy extraño que el Politécnico haya coadyuvado en esta corruptela, posiblemente para favorecer sus finanzas.
Este tipo de actos, no penalizados en nuestra legislación burguesa (favorable a la clase dominante) son repudiables bajo elementales principios de justicia, no es asunto aislado, el abuso de poder ha sido sistemático especialmente por parte del Ejecutivo y Legislativo; la administración Duque monopolizó los órganos de control, inclusive permeó la Junta Directiva del Banco de la República. La indignación por los miles de abusos del sector uribista y aliados suficientemente conocidos, desde hace más de veinte años, es un factor por el cual el candidato Petro encabeza las encuestas y su rival uribista no logra avances (voto protesta). Pese a que Petro tiene sus deficiencias especialmente en lo referente a continuidad de la estrategia asistencialista, un eventual gobierno representaría un freno a los crecientes abusos oficiales durante muchos años y una oportunidad para construir las bases de un nuevo país.