A pesar de las reformas institucionales emprendidas para frenar la corrupción en el país durante los últimos años, A pesar de las reformas institucionales emprendidas para frenar la corrupción en el país durante los últimos años, el resultado del IPC 2012 revela que la aplicación de estas reformas ha sido lenta y aun no logran mostrar resultados concretos. LA NACIÓN, Bogotá La ausencia de sanciones efectivas y rápidas frente a casos de corrupción y la prevalencia de prácticas de abuso del poder en todas las ramas del poder público y en diferentes estamentos del Estado se reflejan en la baja calificación que obtiene Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2012, estimó la fundación Transparencia, autora del estudio. Colombia obtuvo un puntaje de 36 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), y se ubica en el rango inferior de la tabla de calificaciones, ocupando el puesto 94 entre 176 países evaluados. Entre los 32 países de la región de las Américas evaluados, Colombia se encuentra en el grupo con calificaciones deficientes, menor a la de 19 países y superior a la de 12 (ver tabla anexa No. 1). A nivel de Suramérica, solo Chile (72), Uruguay (72) y Brasil (43), que recientemente ha enfrentado con sanciones ejemplarizantes los escándalos de corrupción al interior del gobierno, obtienen calificaciones aceptables. En los últimos lugares se ubican Honduras, Paraguay, Haití y Venezuela. En el IPC, Transparencia Internacional evaluó los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país específico, basado en el promedio de los resultados encuestas y evaluaciones realizadas a ejecutivos del sector privado, expertos y analistas de riesgo. Medidas sin efectos Elisabeth Ungar, directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia afirmó que los resultados del IPC para el país son muy preocupantes. “Lo que nos muestra la baja calificación de 36/100 es que a pesar de las reformas institucionales para combatir la corrupción, incluyendo la aprobación de nuevas normas como el Estatuto Anticorrupción , aún no se percibe el efecto de estas iniciativas deberían generar sobre prácticas corruptas al interior del Estado colombiano. Hay denuncias, procesos de investigación, nuevas normas, pero se percibe que la sanción no es efectiva, predomina una sensación de impunidad”, aseguró. Según la evaluación, la corrupción en Colombia ha alcanzado un carácter estructural. Está asociada con el pago de sobornos en la contratación, compensaciones por favores para concretar un negocio o acceder a un servicio público, pero también que se manifiesta en la captura del Estado en sus diferentes niveles, el nepotismo, legislar en beneficio propio, entre otros. “Superar la corrupción requiere de esfuerzos de todo el Estado, no solo de la voluntad o responsabilidades aisladas del gobierno. El problema viene escalando de tiempo atrás y no tiene color político. El ejecutivo, el legislativo, la rama judicial y los órganos de control deben coordinarse si queremos resultados efectivos”, aseguró Ungar. “Pero además-remarcó- el sector privado, como corresponsable de muchos hechos de corrupción, debe asumir compromisos y emprender acciones para prevenirla y combatirla”. Mal librada “Colombia sale muy mal librado en este aspecto. Es decir, la percepción de corrupción en el poder legislativo en Colombia es de las más altas a nivel internacional, inclusive a nivel regional en Suramérica, y eso impactó y jaló para abajo, duro, el índice de percepción de corrupción en Colombia”, aseguró Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia. El funcionario informó que el Gobierno Nacional trabaja en el diseño de una estrategia integral para fortalecer la lucha contra la corrupción. Indicó que un segundo aspecto donde le va mal a Colombia, es el que tiene que ver con la percepción de corrupción relacionada con el sector privado. “Ahí tenemos que trabajar obviamente en una estrategia que no solamente lleve a sancionar los casos de corrupción sino a promover la posibilidad de que las empresas puedan denunciar más fácilmente la corrupción”, afirmó Galán. No es una prioridad Entre las siete encuestas y evaluaciones que componen la calificación del IPC para Colombia los puntajes más bajos corresponden a la opinión de ejecutivos de empresas. “Esta percepción del sector empresarial sobre la corrupción en el sector público evidencia que no se están tomando las medidas necesarias para prevenir la corrupción, lo cual debería ser una prioridad para sectores sensibles y considerados ‘locomotoras’ del desarrollo económico, como el minero. El crecimiento económico trae grandes beneficios, pero también conlleva grandes riesgos en materia de corrupción”, puntualizó la directora de Transparencia por Colombia. 
Elisabeth Ungar, directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia
