La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), condenó al Estado colombiano por las violaciones a los derechos de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el ejercicio de su profesión en el año 2000.
“El Estado de Colombia es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada y secuestrada a las puertas de la Cárcel La Modelo por paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales”, indica el fallo.
La Corte agregó en la sentencia, notificada este lunes a las partes, que en este caso advirtió la existencia de “indicios graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en los referidos hechos”.
Asimismo, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos
a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia
a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón
de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable.
Por otro lado, el Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de
los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión y garantías
judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que
recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000.
Finalmente, el Tribunal declaró la violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad,
garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la madre de la señora Bedoya Lima, la
señora Luz Nelly Lima.
Las medidas de reparación
La Corte Interamericana ordenó al Estado colombiano promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para “determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la señora Bedoya, así como los actos de amenazas que ha sufrido”.
Además, pidió garantizar la difusión del programa trans-media “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos, crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización
a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten
con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contras las
mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de
peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores. Así como también crear un centro estatal de memoria y
dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas.
También, diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a
los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres
periodistas y crear un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la
prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para
la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres
periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.
Por último, los jueces ordenaron medidas de reparación económica para Bedoya y su madre, Luz Nelly Lima, por daño material e inmaterial.