La Corte Suprema citó a declarar a Carlos Ramón González, director de Inteligencia, Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, en el marco de la investigación por la ‘Sneyderpolitica’. Dos investigadores de la Corte Suprema de Justicia llegaron a la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), para recolectar información.
La Corte Suprema citó a declarar a Carlos Ramón González, director de Inteligencia, Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, en el marco de la investigación por la ‘Sneyderpolitica’.
Así mismo, ordenó hacer una inspección al Congreso de la República. De igual forma, dos investigadores de la Corte Suprema de Justicia llegaron a la Unidad de Gestión del Riesgo para recolectar información.
La orden se dio en el marco del caso que avanza contra el presidente del Senado, Iván Name y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por supuestamente haber recibido dinero de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Gestión del Riesgo, para impulsar las reformas sociales del gobierno y las elecciones regionales.
El magistrado Francisco Farfán ordenó la práctica de pruebas para determinar si hay mérito suficiente para vincular a los dos congresistas en indagatoria por este caso de presunta corrupción.
Este caso fue abierto tras las denuncias publicadas en medios de comunicación, en las que se señalaba que Pinilla habría entregado $4.000 millones a los congresistas por encargo del ex director de esa entidad, Olmedo López, para impulsar las propuestas del gobierno en el Congreso.
En las últimas horas se conocieron conversaciones de WhatsApp, entre Sneyder Pinilla y Andrés Calle, que serían la prueba sobre el supuesto encuentro entre ambos funcionarios para la entrega de mil millones en un apartamento propiedad del congresista en Montería (Córdoba).
Frente a este escándalo, Calle ha guardado silencio, mientras que Iván Name negó haber recibido unos 3.000 millones de pesos a cambio de abrirle paso a las reformas sociales del Gobierno Nacional y se mantuvo en que sus actos siempre han sido rectos y transparentes.
La Corte Suprema adelanta el proceso de investigación, por lo que ordenó una inspección al expediente de la Procuraduría para determinar cuáles son las pruebas que han recaudado en este caso.
Con información de RCNradio