MARCOS SILVA MARTINEZ
El desarrollo de las naciones debe ser integral y muy racional respecto a los múltiples factores que lo condicionan y lo hacen posible o imposible.
La mala o deficiente formación de capital humano, es clave. En Colombia es causa del precario desarrollo socioeconómico integral la nación.
La pertinencia y la calidad de la formación intelectual de las juventudes, debe ser objetivo prioritario de los gobernantes. No lo es en Colombia.
Lo comprueba la crisis financiera de la educación, en todos los aspectos, incluida la infraestructura. El déficit se catapultó en los últimos 25 años e incide en la mala calidad y falta de pertinencia en la formación académica.
El déficit fiscal nacional, no es excusa válida. Obedece a irresponsabilidad de los gobiernos, para racionalizar el gasto y la inversión y evitar que delincuentes de cuello blanco se roben el presupuesto, como es habitual.
El régimen tributario no es equitativo. Favorece la concentración de capital y la baja tributación de quienes más tienen y más deben pagar.
Las reformas tributarias del 2012 y 2014, crearon y reglamentaron nuevos impuestos, entre otros, el impuesto a la riqueza cuyo recaudo inicial alcanzó $5.0 billones año. La reforma tributaria de 2016 decidió eliminarlo.
En la anunciada ley de financiamiento fiscal del actual gobierno, pueden revivir el impuesto a la riqueza o pueden ordenar destinar el 4 por mil actual, únicamente para financiación de la educación, en general, además pueden reducir exenciones, deducciones y la evasión sistemática.
Además, si el Estado es capaz, de erradicar el cáncer de la corrupción en contratación pública, dispondría en breve lapso de más de $50 billones anuales, por recuperación de lo que se roban. La corrupción sí se puede derrotar. Requiere responsabilidad política, imaginación y pragmatismo.
Sí hay condiciones para mejorar los ingresos del fisco nacional y para disponer de recursos para solucionar definitivamente la crisis financiera del sector educativo.
La solución de la crisis, para que corresponda a la realidad nacional, debe lograrse en un Acuerdo Nacional, entre Estado y representación general del sector educativo y debe comprender, mínimo los siguientes puntos:
1.-Restructuración integral y total del sistema de financiación del sector educativo, con incremento de 0.5% y el 0.2% anual del PIB, hasta alcanzar el 8.0% y el 2.0% del PIB anual, para educación en general y ciencia y tecnología respectivamente.
2.-Definir y establecer políticas de Estado sobre capacitación de docentes y sobre acceso y permanencia en la docencia, que debe ser solo por méritos académicos demostrados en pruebas de conocimiento y desarrollar permanentemente vigilancia y control académico a las instituciones privadas de educación.
3.-Redefinir requisitos y condiciones, haciéndolas más exigentes, para obtener Certificación de Alta Calidad, en educación superior, involucrando el resultado de las Pruebas Saber Pro (ECAES) y establecer que solo las Instituciones que dispongan de Certificación de Alta Calidad, puedan ofrecer y desarrollar programas de posgrados.
4.-Reglamentar la inversión en mejoramiento y ampliación de Planta Física, de manera que, en cada caso, se demuestre la necesidad, la urgencia y el costo, con soportes ciertos.
5.-Establecer nueva escala salarial para docentes, desde kínder hasta posgrados, con base en resultados de evaluación académica, en el área de formación del concursante.