Quienes hemos criticado desde tiempo atrás al Congreso por favorecimiento a la clase dominante, su excesiva actividad extra-legislativa, ser juez y parte en muchos casos, excesivos gastos y escándalos suficientemente conocidos, consideramos que el Legislativo nunca aprobará reformas radicales que afecten intereses propios o de sus patrocinadores y ese es el caso de la salud; esto lo conocía Petro perfectamente.
Y entonces ¿Por qué la monumental equivocación presidencial?, ingenuidad o torpeza poco probable, más bien cierta confianza y prepotencia al considerar que podría convencer al Congreso evitando afectar sus privilegios.
Recordemos su silencio durante el frustrado proyecto de rebaja de salarios a congresistas o impuestos a pensiones elevadas que afectarían al parlamentario; en este caso Petro debió radicalizarse y exigir dicha medida como contribución para reducir inequidad, además desaprovechó una gran oportunidad para plantear reformas sustanciales al Congreso, asunto que habría tenido gran acogida dado el cuestionamiento y el repudio general a los “honorables”.
Esta falencia petrista sumada a la mañosería parlamentaria, lograron la pérdida de dos años del período presidencial y archivar el proyecto de salud; de otra parte la estrategia obligada de Petro de acudir a decretos y participación popular para su reforma tiene poca probabilidad de éxito por trabas legales, la vasta infraestructura privada de salud acrecentada durante 30 años y la feroz y tendenciosa campaña de los propietarios de los medios de comunicación que son los mismos propietarios del sector financiero y también de las Eps.
Antes de la Ley 100/93 casi toda la infraestructura del servicio de salud era estatal, pero la reglamentación (neoliberal) del artículo 60 de la Constitución sobre privatización permitió que el sector privado adquiera dichos bienes en condiciones favorables.
Las Eps operaron con serias irregularidades pues los órganos de control fueron ineficaces; es el caso de Supersalud, un apéndice de un sector politiquero asociado al grupo de Vargas Lleras, accionistas de las Eps. Tan frondoso ha sido el negocio que se crearon cerca de 100 Eps con presidentes devengando salarios similares o superiores al del primer mandatario, pues recordemos a Palacino que devengaba $190 millones mensuales hace 15 años.
Actualmente operan alrededor de 25, la mayoría por diversas razones desaparecieron, pero sus pérdidas las endosaron a hospitales al desconocer la deuda por servicios prestados. Las que subsisten presentan déficit financiero y de servicio al afiliado, pero los gastos burocráticos de directivos no los reducen; entonces no es racional solicitar más dinero oficial sin un drástico plan de austeridad.
El tránsito de un modelo privado de salud, que se ha consolidado durante tres décadas a un modelo estatal o mixto, implica una transición con traumatismos, algo normal, en especial si se realiza en un periodo muy corto.
La polarización de las partes es un gran obstáculo, el sector privado no está dispuesto a perder la administración de los $100 billones del presupuesto de salud, solamente acepta ciertos ajustes como propone Vargas Lleras, mientras el Gobierno pretende cambios radicales en un corto plazo, es decir en la actualidad no existe posibilidad alguna de mejoras sustanciales.
Una opción sería que las partes flexibilizaran algunos puntos radicales (podría pensarse en régimen mixto) y se logre una reforma aceptable, pero en el mediano o largo plazo, pues sería deseable que se incluyeran aspectos como el envejecimiento poblacional y el incremento de la formalidad laboral para tener más aportes para salud y pensión. Dado lo extenso y complejo de la problemática de la sanidad, me propongo precisar o ampliar algunos aspectos en posteriores escritos.