La Nación
Cuando los policías vendían químicos al narcotráfico 1 24 febrero, 2021
INVESTIGACIÓN

Cuando los policías vendían químicos al narcotráfico

La empresa huilense Serviambiental, con una probada trayectoria en tratamiento de residuos peligrosos, se salvó de ‘expropiación’ de una bodega. Un Juzgado de Extinción de Dominio, ordenó la devolución del bien al probarse que no fue responsable del tráfico ilegal de químicos, orquestado por dos policías antinarcóticos.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Un informe de inteligencia y contrainteligencia alertó a las autoridades sobre la venta ilegal de precursores químicos utilizados para la producción de base de coca.

Según la denuncia, en una bodega ubicada en la zona industrial de Neiva se almacenaban sustancias químicas que terminaban en poder de organizaciones de narcotraficantes en el sur del país.

Una llamada telefónica registrada el 17 de febrero de 2019 reportó a las autoridades detalles de la operación para apoderarse de los químicos decomisados. El mismo reporte advirtió que en la red participaban varios policías en servicio activo.

El testigo anónimo informó que un cargamento de químicos sería trasladado desde la base antinarcóticos, ubicada en el aeropuerto ‘Benito Salas’ hasta una de las bodegas del complejo, y luego hasta Putumayo. La información resultó real.

El 19 de febrero de 2019 tropas del batallón Magdalena propinaron el primer golpe.

Cuando cruzaba por la vereda El Roble en la vía Pitalito-Mocoa un camión contratado en Neiva fue interceptado en un retén del Ejército. Los uniformados lo estaban esperando.

En la caja de carga, escondidas entre bultos de cascarilla de arroz fueron halladas 40 canecas con 600 galones de ácido sulfúrico, utilizado para el procesamiento de alcaloides.

Según el conductor, Wilky Sneider Lizcano Galindo, las canecas fueron cargadas  al camión en una bodega de la zona industrial de Palermo.

El vehículo distinguido con las matrículas THR-503 ingresó a las 9:32 a.m. a la bodega, fue cargado con bidones y salió de allí pasadas las 11:00 a.m. rumbo a Mocoa (Putumayo).

 

El entramado

El intendente José Wilson Santana, adscrito a la Policía Antinarcóticos de Neiva, contrató el camión para realizar un “trasteo”. No obstante, el viaje terminó convertido en el traslado de unas canecas desde la base de la Policía de Antinarcóticos. Lo hicieron en tres viajes.

En el último, cuando se dirigían a la bodega, fueron interceptados en un retén, en ‘El Bote’, cerca de la empresa de energía.

El uniformado les indicó que las canecas contenían ácido sulfúrico y hacían parte de un requerimiento de destrucción ordenado por el Fiscal 4 Especializado. El fiscal corroboró la coartada, sin saber las verdaderas intenciones del uniformado.

Dos días después, funcionarios del CTI cumpliendo orden emanada de la Fiscalía Quinta ocuparon la bodega 6, del Parque Industrial El Viso. En su interior fueron hallados otros 74 recipientes plásticos (43 con capacidad de 15 galones y 31 con capacidad de 5 galones), con ácido sulfúrico.

La prueba de identificación preliminar, homologada a la sustancia química, arrojó un resultado positivo para ácido sulfúrico, con un peso de 800 galones.

El fiscal antinarcóticos ordenó otro allanamiento a la sede de Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en el barrio Las Granjas para verificar las cantidades de los químicos decomisados. El registro ocurrió el 8 de marzo.

El funcionario judicial  afirmó que “Santana Gil utilizó de manera abusiva, arbitraria y contraria a la ley órdenes emitidas por la Fiscalía para sacar de la unidad antinarcóticos ácido sulfúrico y llevarlo a un sitio distinto al ordenado, esto es, a la bodega de Serviambiental”.

Solo que utilizaba las órdenes para movilizar cantidades superiores a otros lugares no autorizados.  Santana confesó que había vendido los contenedores en 450 mil pesos.

Uno de los dos policías fue capturado. El Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tello le dictó medida de aseguramiento. Confesó y fue condenado. Santana Gil pidió vacaciones y huyó. Ambos fueron destituidos.

 

El complot

Los precursores químicos eran vendidos, al parecer, a estructuras criminales, confirmó el fiscal de la naciente Unidad Regional Antinarcóticos (URA).

“Las pruebas muestran la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios de la policía antinarcóticos de Neiva, quienes en calidad de custodios de sustancias prohibidas decomisadas a grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, aprovechaban tal condición para comercializar las sustancias y trasladarlas a laboratorios ubicados en el departamento del Putumayo”.

“Para ese propósito – dijo – esa estructura delincuencial utilizaba la bodega de Serviambiental, donde se almacenaban los químicos”.

La empresa Serviambiental, con una larga trayectoria en recolección y tratamiento de residuos peligrosos, sorprendida por el hallazgo, se declaró víctima de este entramado de corrupción y ofreció su cooperación para esclarecer el episodio.

La empresa confirmó que en efecto, la bodega ubicada en el lote B-06 manzana B del parque industrial pertenecía a la empresa Serviambiental.

El local había sido arrendado, tres meses antes a una empresa costeña, que se prestó para el transporte de las sustancias restringidas.

Aunque la empresa insistió en que fue víctima de los uniformados  y de su inquilino, no le creyeron.

 

Extinción

La Fiscalía 53 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá inició el 3 de mayo de 2019 el proceso de expropiación de los bienes ocupados, argumentando que fueron utilizados para la ejecución de actividades ilícitas.

El 10 de junio de 2019 emitió demanda de extinción de dominio y remitió el expediente al juzgado de conocimiento. Ese mismo día decretó las medidas cautelares.

El 21 de junio, en plenas fiestas del San Pedro,  el despacho judicial ordenó el embargo y secuestro del inmueble La bodega fue puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda.

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva admitió la demanda el 12 de julio de ese mismo año. Concluida la etapa probatoria, el 6 de febrero de 2020 se iniciaron los alegatos.

Finalmente, después de un largo debate probatorio, el juez, con las mismas pruebas de la Fiscalía, demostró que en este caso, la actividad ilícita no puede atribuirse por acción u omisión al propietario del inmueble y por lo tanto negó la extinción de dominio.

 

Los cargos

Según la Fiscalía la empresa huilense le arrendó apenas 1.500 metros cuadrados a la empresa costeña, no toda la bodega, por lo tanto debía conocer todo el material ingresado a la bodega.

“Por ello, los medios de prueba son suficientes para afirmar que el inmueble objeto de estudio fue destinado a la comisión de actividades ilícitas con la anuencia del titular de dominio”, insistió el fiscal.

En su criterio, las actividades ilícitas que se desarrollaban al interior de su propiedad no podían ser ajenas a Serviambiental.

“Lo anterior significa que la empresa concedente no ejerció el debido cuidado que le era exigible, pues fue omisiva frente a estas diligencias, es decir, incumplió la función social de la propiedad, de ahí que estén cumplidos los presupuestos de la causal invocada para decretar la extinción del derecho de dominio”

La empresa huilense, contrario a lo informado por el ente acusador, no tenía el control del inmueble cedido en arrendamiento, precisó su apoderado Sheiber Cuenca.

“Quienes hacían uso del inmueble eran los trabajadores de ‘Reciambiente del Caribe”, la empresa encargada de transportar las canecas con la sustancia”, según las mismas pruebas de la Fiscalía.

Cuando los policías vendían químicos al narcotráfico 7 24 febrero, 2021
Las canecas halladas en la bodega.

Las pruebas

Los registros fílmicos aportados por investigadores de la Fiscalía (300 horas de videos) confirman claramente que quienes permanecían y se movilizaban en el inmueble eran empleados de la mencionada empresa. Además, la presencia ocasional de empleados de Serviambiental estaba dirigida únicamente al archivo.

“No se probó el supuesto conocimiento que tenía Serviambiental de las actividades ilícitas realizadas sobre el bien, lo cual es equiparable al dolo, propio del punible de encubrimiento”, reforzó el abogado Sheiber Cuenca Galindo apoderado de la firma huilense.

Por el contrario, empleados de la empresa costeña, se dedicaban a impedir que la dueña de la bodega conociera el contenido de las canecas.

“Un día antes de allanamiento, se presentó una camioneta cargada con canecas azules, pero al notar la presencia de funcionarios de la empresa huilense evitaron ingresar al predio”, alegó el jurista.

“Una vez uno de los socios abandonó las instalaciones el vehículo ingresó frente a un empleado de ‘Reciambiente del Caribe’ y procedió a descargar los contenedores”, argumentó.

Los videos realizados por la Fiscalía mostraron al trabajador de la empresa costeña en plena actividad. William Javier Guamanga tuvo contacto con las canecas, los policías y vehículos involucrados en el transporte del químico.

“Ese mismo trabajador fue quien atendió la diligencia de allanamiento y señaló que los químicos eran de Serviambiental”, reveló el juez.

El empleado, según el expediente, sabía sobre el arribo de la sustancia y se comunicaba permanentemente con el intendente José Wilson Santana Gil involucrado en la red de comercialización de químicos para bandas criminales.

“Eso demostraría, en su criterio, el actuar doloso de los empleados de firma caribe, “pues se valían de acciones evasivas para impedir que funcionarios de la empresa afectada advirtieran actos ilegales”.

Lo concreto

Quedó demostrado que la empresa opita no tuvo ninguna relación con la recepción, movilización y custodia del químico, lo que si ocurre con la empresa costeña arrendataria del inmueble. Tampoco tuvo  “complacencia del titular de dominio”, como lo aseguraba la Fiscalía.

En una cláusula del contrato, quedó prohibido al concesionario realizar actividades distintas a las establecidas en este documento y expresamente el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo, sustancias nocivas o farmacodependientes

Además, censuró las versión de la Fiscalía, según la cual “la empresa dueña del predio debía tener conocimiento de ‘todo el material que ingresaba el concesionario a la bodega´. “Dígase que tal afirmación no pasa de ser una interpretación parcializada del articulado, pero, en todo caso, alejada de la realidad contractual”, afirmó el juez.

Algos similar ocurrió con la terminación del contrato para frenar las quejas de los vecinos sobre malos olores. “No puede deducirse inobservancia de las obligaciones contractuales, ni imprudencia en su proceder, y menos cuando de esa manera se materializaría la devolución del bien de manera más rápida y efectiva”, apuntó el togado.

Cuando los policías vendían químicos al narcotráfico 8 24 febrero, 2021
El primero decomiso realizado en El Roble, en la vía Pitalito-Mocoa.

Antecedentes

Según directivos de la empresa huilense antes de firmar el contrato de cesión de espacios, verificaron los antecedentes, sin descubrir ninguna alerta, anotación negativa o señal de riesgo de la firma dedicada al tratamiento, reciclaje, recuperación, mezcla, transformación de aceites para su comercialización, transporte, exportación de residuos líquidos y sólidos del petróleo, entre otros.

El contrato fue firmado el 26 de noviembre de 2018 con el gerente de la empresa caribe, Luis Castellón Bernal.

En estas condiciones, la actividad ilícita no puede atribuirse por acción u omisión al propietario del bien y por lo tanto negó la extinción de dominio.

“Pese a cumplirse el aspecto objetivo, ya que está probado que el inmueble fue utilizado para la actividad ilícita, no ocurre lo mismo con el subjetivo, pues el supuesto fáctico de la causal no es atribuible a quien detenta la titularidad del dominio”, concluyó el juez al negar la extinción de dominio.

El funcionario judicial ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva para que proceda a levantar las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro decretadas en el trámite del proceso. Serviambiental, puede respirar tranquila. La extinción quedó en cero, podrá recuperar la bodega y su reputación quedó a salvo.

 

Los policías destituidos

Los dos uniformados implicados en la actividad ilícita Jaime Alonso Gutiérrez Quiroz y José Wilson Santana Gil fueron destituidos.

El primero fue retirado del servicio activo el 4 de octubre de 2019 (Resolución 04390) y el segundo fue desvinculado de la institución el 5 de junio de 2020 (Resolución 01524).
Las dos decisiones fueron firmadas por el director general de la Policía, general Óscar Atehortúa, luego de surtidos los procesos disciplinarios internos adelantados por la Policía Metropolitana de Neiva que concluyeron con la sanción de destitución e inhabilidad por diez años.

El patrullero Gutiérrez Quiroz fue condenado en sentencia anticipada tras haber confesado los cargos. El intendente Santana, pidió vacaciones y nunca regresó, desconociéndose su paradero.