Adriana, Diana y Milena tienen en común ser trabajadoras de la salud, pero sobre todo el ímpetu de exigir mejores condiciones laborales para el gremio, liderazgo que les habría costado la pérdida de su espacio laboral.
Con la llegada del covid-19 no pasaron muchos días para que se agudizaran las falencias de un sistema de salud ampliamente cuestionado por los trabajadores del gremio.
Y es que estar frente al mortal virus, sin las garantías laborales y sanitarias, no los hace sentir héroes; al contrario, esta vulnerabilidad acrecienta el descontento y motiva a protestar, lo que, a su vez, estaría provocando despidos injustificados.
Este es el caso puntual de departamentos como el Huila, donde la valentía del personal de la salud para exigir mejores condiciones, habría significado finalización y no renovación de contratos.
Las voces de los despidos
Adriana Bernal Gutiérrez
El pasado 1 de mayo, la doctora Luz Adriana Bernal Gutiérrez, quien en días pasados fue la vocera de algunos trabajadores de la salud de la ESE María Auxiliadora de Garzón, que protestaron reclamando mejores condiciones laborales y equipamiento para atender la pandemia, anunció que la agremiación sindical Proactiva, no le renovó el contrato, al parecer por participar de dicha protesta.
“El pasado 13 de abril desarrollamos una protesta tipo plantón con casi todo el personal asistencial de la institución exigiendo una reunión con la gerente, para definir las garantías en cuanto a equipos de protección y vinculación directa, hoy 1 de mayo Día del Trabajo me encuentro desempleada ya que me entregaron una carta donde me comunican terminación del contrato. Quiero dejar claro que sabía que esto podía pasar y lo asumo con convicción, estoy convencida que esto debe cambiar, a mis colegas les digo que no se dejen amedrantar”, afirmó la médica.
Diana Sánchez Sáenz
Cinco años laborando en el área de vigilancia epidemiológica de la Sede de Canaima de la ESE Carmen Emilia Ospina completaba la auxiliar de enfermería, cuando el pasado 24 de abril denunció, que haber participado en un plantón y escrito en un grupo de WhatsApp a principios de marzo, mensajes alusivos a la necesidad de exigir elementos de protección, le costó su trabajo.
“Mi jefa inmediata me informó que no me renovarían el contrato que finalizaba el 30 abril, muy seguramente por lo que escribí y llegó a conocimiento de las directivas, de hecho, con antelación, le estuvieron haciendo inducción a la persona que me reemplaza, nunca di una queja, no entiendo por qué esta decisión, llevaba cinco años en la ESE”, contó a LA NACIÓN, la auxiliar de enfermería de 31 años.
Diana Paola aseguró que ella era quien sostenía los gastos en su hogar, pues su esposo no tiene trabajo; ahora los dos deberán lidiar con el desempleo.
*Daniela (nombre cambiado por solicitud de la médica)
El pasado 21 de abril la joven se convirtió en la primera médica despedida de la Clínica Uros de Neiva en el marco de la pandemia. La decisión de la empresa privada de salud se efectuó dos semanas después de que la profesional redactara y presentara una solicitud, apoyada por los médicos del centro de salud, pidiendo mejores garantías sanitarias y laborales para enfrentar el covid-19.
El tipo de contrato de la profesional, al igual que el de sus colegas, era prestación de servicios, y en su caso, culminaba el 31 de diciembre del presente año. “Se redactó una carta pidiendo elementos de protección personal y cambio de contratación; todos estábamos apoyando esas dos exigencias que consideramos básicas, yo fui a hablar, di la cara, presenté la carta y dije lo que habíamos pensado con nuestros colegas; pensé que el tema iba a quedar ahí”, narró la médica.
Sin embargo, el 21 de abril le pasaron la carta de despedido. La profesional aseguró que, al preguntar el motivo de la terminación del contrato, le dijeron que había recorte de personal.
Panorama
Diego Fernando González, presidente del Colegio Médico del Huila, aseguró que los plantones en señal de protesta que se han extendido por el departamento, dejan también contratos cancelados en el centro de salud IPC de la ESE Carmen Emilia Ospina.
Según González, a dos auxiliares de enfermería que participaron de plantones no les reanudaron el contrato. “Nosotros queremos hablar con el gerente actual de la Ese Carmen Emilia Ospina, la idea es esclarecer las razones por las cuales no se les dio continuidad a estas personas, que se haga un debido proceso, porque esto es un reflejo de lo que está pasando en diferentes entidades de salud, no solo en la parte pública sino también en la privada”.
Por su parte, Clara Inés Borrero Tamayo, directora territorial del Ministerio del Trabajo en Huila, dijo que los casos que se presume son despidos injustificados, son actualmente tratados por Mintrabajo. “Tenemos un par de averiguaciones preliminares que hemos iniciado de oficio con base en información que nos llega de manera anónima o de la que nos vamos enterando por diferentes medios”, aseguró.
Preliminarmente la funcionaria manifestó que las vinculaciones por medio de agremiación o sindicato, tienen una condición especial y el Ministerio de Trabajo no tendría la competencia para tomar medidas por la forma de vinculación laboral. “No se trata de una relación laboral sino de una prestación de servicio, lo cual tiene una connotación de carácter civil, entonces eso nos limita a nosotros en nuestras funciones. Sin embargo, en el marco del diálogo social, hemos venido adelantando conversación con algunas de las entidades”, puntualizó.
Frente a este panorama, estos despidos quedarían en la impunidad, por las características de la tercerización laboral que predomina en el sistema de salud colombiano.