“Usted no puede hacer una Constituyente de un sector contra otro. Eso sale mal. La Constituyente es, por definición, un acuerdo”. Fueron las palabras del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Caracol Radio un día después de las marchas.
Tiene razón el Ministro. Las constituciones cuando son impuestas de un sector de la sociedad en contra de otro, inevitablemente terminan en una guerra civil y en un espiral de violencia política entre un sector que quiere defender su Constitución impuesta y otro que busca imponer la suya.
La Constitución del 91, en medio de sus dificultades y críticas, fue una Constitución de paz y concertación, no una Constitución hecha en tiempos de volatilidad política como los actuales.
Recordemos que la Constitución de 1863, fue una manifestación liberal exacerbada que duró hasta que en 1886, el sector opuesto, de origen conservador, pudo imponer la propia; esta última, también fue reformada con autoritarismo por el General Reyes Prieto, en una pretendida Asamblea Constituyente que se abrogó las funciones del Congreso -de aquel entonces- y terminó confabulada con el Expresidente, extendiendo su mandato por cerca de 6 años más.
Por estas históricas razones, las constituciones, son un acuerdo entre los diferentes sectores de una sociedad que no pueden estar sometidas al querer de uno solo. Atribuirse la voluntad del pueblo es una característica propia de regímenes totalitarios.
Recientemente el pueblo chileno, en dos oportunidades, ha rechazado la posibilidad de una nueva Constitución; la primera, fue en el año 2022 cuando su espíritu giró hacia la izquierda y, posteriormente -año 2023- cuando el mismo se ubicó en la derecha.
El Gobierno colombiano debería aprender del ejemplo de los ‘Australes’ y ponerse de una vez por todas a gobernar, no puede seguir soportado sobre la base de una mayoría que hoy no es amplia y, que tampoco cuenta con el respaldo de un porcentaje de la clase media que les creyó.
Las marchas del pasado domingo en toda Colombia han sido un fuerte y contundente mensaje de inconformidad contra el Gobierno Nacional. La enorme preocupación por el deterioro del orden público, la desmoralización de las fuerzas militares y de policía, la crisis minero-energética, los ataques a la institucionalidad, el debilitamiento del sector productivo y la incertidumbre por las reformas no consensuadas pero impuestas por vía administrativa, entre otras, han detonado esta reacción ciudadana.
El Gobierno Nacional no puede ser subestimado, desde el imperio de su lógica ya reaccionó y pretende desde ya, profundizar su mensaje de lucha de clases; su próximo paso será la marcha del primero de mayo.
Templanza deberá tener la oposición, la marcha fue exitosa pero nada se ha ganado y la señal de alerta, tampoco se ha apagado.
Advertidos.