En apenas 15 días, fueron gastados del erario $32 millones en la alimentación de cinco detenidos. El hecho ocurrió en el municipio de Algeciras. El comandante de la Estación de Policía prendió las alarmas y pidió investigar las presuntas irregularidades.
Hernán Galindo
Las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 020 de diciembre de 2023 por medio del cual se contrató el suministro de alimentación para personas privadas de la libertad que se encontraban en la Estación de Policía del municipio de Algeciras fueron dadas a conocer en una rendición de cuentas por el intendente Leonardo Ordoñez, comandante encargado de la unidad policial.
El suboficial dijo que al ser preguntado por la nueva administración sobre el correspondiente contrato y cómo era el suministro de la alimentación para las personas privadas de la libertad le informó que al hacer el cotejo correspondiente no se encontraron los soportes correspondientes que debían aparecer para el pago del contrato.
“Nosotros como comandantes de la Estación debíamos verificar que esto se cumpliera. Estos son recursos públicos y la nueva administración en el empalme nos requirió la información. Se preguntó ¿Cuántas personas había privadas de la libertad y cuantas comidas se llevaban? Y al hacer el cotejo no coincidían”, sostuvo.
Agregó que esta información se suministró para que los entes de control hagan las correspondientes investigaciones.
El contrato por $32 millones
LA NACIÓN tuvo acceso al contrato 020 del 2023 suscrito entre la administración del exalcalde Libardo Pinto y la Fundación Ecológica y Social La Esperanza.
El contrato se suscribió por el monto de 32 millones de pesos y con un plazo de ejecución de 30 días o hasta que se agotaran los recursos para suministrar alimentación a las personas privadas de la libertad que se encontraban en la Estación de Policía del municipio de Algeciras y aparecen las firmas del exalcalde Libardo Pinto y José Honorio Ríos, representante de la Fundación.
Las presuntas irregularidades
El secretario de Gobierno de la actual administración de Algeciras, Nelson González, fue el encargado de dar a conocer las presuntas irregularidades que encontraron en la ejecución del contrato. “Tuvo un plazo de ejecución de los 15 días desde el primero de diciembre del 2023 hasta el 15 de diciembre del mismo año y una vez constatado en el informe que tiene el intendente Leonardo Ordóñez Polanía, comandante encargado de la Estación de Policía del municipio de Algeciras, nos certifica que en el mes de diciembre solo hubo cinco personas privadas de la libertad”, precisó.
Adicionó que durante el tiempo de ejecución del contrato siempre estuvieron los mismos cinco detenidos y por eso las cifras no cuadran. Además, no aparecen los soportes correspondientes.
“Haciendo el cálculo correspondiente, teniendo en cuenta que la alimentación se pagó en los siguientes términos: los desayunos a 20.000 pesos, los almuerzos a 22.000 pesos y las cenas a 22.000 pesos, haciendo el cálculo de esa alimentación para cinco personas durante 15 días sumaría 4 millones 800 mil pesos y si fuera de todo el mes serían 9 millones 600 mil pesos”, expuso.
Además, al hacer los cotejos correspondientes, se encontraron que se colocaron como si se diera de comer cada día a 75 personas; “revisando las cuentas por ningún lado dan, ya que aparte de que colocaron que se les dio de comer a esas 75 personas, siempre estuvieron las mismas cinco personas privadas de la libertad”, explicó el secretario de Gobierno.
Lo que sigue
Nelson Gómez manifestó que lo primero que hicieron fue en el proceso de empalme presentar las observaciones para que Control Interno del municipio requiera a la administración pasada para que dé las correspondientes explicaciones y se pondrán en conocimiento a cargo de quienes están prestando la asesoría jurídica al municipio, para que pongan en conocimiento la situación ante los órganos de control correspondientes”.
Finalmente dijo que lo otro curioso del proceso del contrato en mención es, que las planillas que deberían soportar la entrega de los alimentos no reposan como parte integral del proceso.
LA NACION intentó en varias oportunidades obtener una versión sobre el caso del exalcalde de Algeciras, Libardo Pinto, pero, aunque en principio manifestó que estaba dispuesto a hablar y entregar los soportes correspondientes, luego no volvió a contestar su teléfono celular.