Se ha presentado nuevamente a las Cámaras el Proyecto de Acto Legislativo ”por medio del cual se adiciona el artículo 171 de la Constitución Política” así: “Habrá un Senador por cada uno de los departamentos señalados en el Art. 309 de la Constitución Política”. Su autor, el H. R. Germán Navas Talero, afirma en la exposición de motivos que “por la dinámica derivada del sistema electoral para la conformación del Congreso,… los nuevos departamentos… no han visto plenamente representados sus intereses por la falta de presencia en el Senado de la República”. Argumenta, además, que con el actual sistema de elección del Congreso “se ha presentado un problema de legitimidad de la representatividad” y “la mayoría de Senadores tienen una representatividad fuertemente arraigada a un ámbito geográfico específico”. El diagnóstico es exacto y la intención de buscar el equilibrio territorial en el legislativo está plenamente justificada.
El panorama es mucho más preocupante pues son trece los departamentos sin voceros propios en el Senado: San Andrés, Arauca, Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, Vaupés, Vichada, Magdalena y Guajira. Cuando el mundo avanza en la regionalización como fuerza de desarrollo autóctono, los legisladores del 91 establecieron la Circunscripción Nacional para Senado en un arranque inexplicable de originalidad, no sustentada en la historia de la Democracia. Tanto es así, que Colombia es el único país con elecciones libres y Circunscripción Nacional para Senado. Esa institución es excepcional, destinada a las minorías cuyos derechos deben preservarse con especial cuidado. Es más, los fenómenos perversos que ha generado esa modalidad son tan preocupantes que el Gobierno mismo afirma que:“La Circunscripción Nacional para Senado ha causado déficit de representación en algunos territorios y ha propiciado el escenario de la corrupción”. Está demostrado que los departamentos con poca población no pueden competir electoralmente con las grandes urbes. Eso entraña una peligrosa discriminación político-regional.
No se ha encontrado en los debates que se dieron en la Constituyente 91 argumentación válida ni suficiente sobre este cambio en el origen del Senado. Al contrario, quienes se opusieron (Palacio Rudas, Hernando Yepes, Jaime Castro) previeron sus consecuencias negativas: legitimidad cuestionada en la más alta comparación política del país, freno al proceso descentralizador, distancia entre el elector y el elegido con la imposibilidad de la revocatoria del mandato, departamentos sin representación en el Senado, desvalorización de las regiones, alto costo de las campañas, etc. Sin duda, ese es el actual escenario de la política electoral. ¿Se ha detenido alguien a comparar el costo de las elecciones antes y después del 91?
En fin, la preocupación del muy activo Congresista Navas Talero es hoy generalizada. Sinembargo, la solución a fondo del problema es restablecer la Circunscripción Territorial para Senado. El conversatorio iniciado por el Ministro Cristo la semana pasada es la oportunidad para ajustar la legislación a los tiempos que corren. Ya lo decía Sartori: “La geografía de la democracia debe acompañar a la geografía de la modernidad”.