La Nación
COLUMNISTAS

¿Derogar la ley de garantías?

Las buenas intenciones de la Ley de garantías ya han sido superadas por los corruptos que desde hace mucho tiempo y siendo coherentes con la tradicional idea de “Buscarle la comba al palo” han logrado burlar el propósito de prohibir la contratación y la celebración de convenios durante los cuatro (4) meses antes de las elecciones de  gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, obviamente ante los ojos de los organismos de control y del público en general. Ya existe en las administraciones territoriales la habilidad de contratar a diestra y siniestra antes de ese periodo, violando todo el régimen de contratación que se inspira en la transparencia y en la eficiencia y eficacia de la administración de los recursos públicos.

La fórmula es simple, la mermelada se reparte antes y no después, y los politiqueros, han sido asesorados para este fin por algunos abogados inescrupulosos que con su “sapiencia suma” tuercen cualquier propósito que pretenda salvaguardar el interés general.

Ellos ya saben que si las elecciones son el 25 de octubre de 2015 de acuerdo con el calendario electoral expedido mediante Resolución 13331 del 11 de septiembre de 2014 de la Registraduría Nacional, la Ley de Garantías tendrá efectos a partir del 25 de junio de 2015, y qué es lo que hacen, correr, hacen que funcione la administración y violando cualquier lógica característica de los entes públicos, se vuelve de manera sorprendente una administración eficiente en la ejecución de los recursos.

No me cansaré de argumentar que el problema no es de leyes, el problema es de mucho más fondo, es absurda una ley que congela la administración y que tendrá estancados más de 5 billones de pesos para ser ejecutados a favor de las personas, pues estos recursos bien administrados resuelven problemas de fondo y generan empleo, mejores condiciones de vida y deben ejecutarse por parte de las administraciones territoriales, otra cosa es que no existan veedurías fuertes, que las contralorías sean de adorno, que la Procuraduría solo funciona contra los que le convenga al procurador de turno y que lo mismo suceda con la Fiscalía General que deja vencer los términos y que precluye investigaciones de alto impacto contra funcionarios corruptos, pero que ataca sin cuartel a los delincuentes que se roban un caldo maggi o a los campesinos que luchan contra un Estado indolente o contra estudiantes que sirven de chivo expiatorio.

Lo que necesitamos no es un ley más, sino un Estado fuerte, al cual se ingrese no por la palanca, sino por el mérito, por sus calidades éticas, por su valores, por su hoja de vida impecable, por un concurso en el que el existan criterios como la vocación de servicio demostrada en su trasegar por la vida, no porque tú me eliges y yo te elijo, necesitamos educadores y padres de familia que estén dispuestos a educar a nuestro hijos y que corrijan a tiempo no solo como ilegal sino también como  inmoral, la trampa, la copia, el atajo, la grosería, la impuntualidad, la flojera, la vagancia.

Educación de la cuna hasta la tumba, pero no cualquier educación, una educación pública que sea ejemplo de excelencia y que esté conectada con la realidad para que nunca más nuestros pueblos sigan eligiendo a tanto delincuente en las administraciones.

Orgullosamente Docente Fac. Ciencias Jurídicas y Políticas USCO.