En momentos en que se reactivó el proceso por el fraude financiero en Baraya, la Fiscalía le abrió un nuevo proceso por operaciones bancarias fraudulentas en su pueblo natal. Un juez especializado reprogramó para septiembre la audiencia de acusación.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
El ex tesorero John Edison Torrejano, detenido por un millonario fraude financiero en Baraya (Huila) fue imputado por un caso similar, cuando ocupó el mismo cargo en su Villavieja, su pueblo natal.
La anomalía fue detectada inicialmente por la Contraloría Departamental del Huila en otra auditoría realizada en Villavieja.
El equipo auditor confirmó que Torrejano, quien desempeñaba el cargo de Tesorero, ordenó una transacción que terminó en bolsillos particulares. La Contraloría remitió el expediente a la Fiscalía.
El ex tesorero como el particular Reinaldo Cardoso Cardoso acaban de ser imputados por el nuevo delito de peculado por apropiación. Ninguno se allanó a cargos.
El ex funcionario autorizó un retiro denominado Pago a Tercero Efectivo y Cheque de una cuenta corriente denominada Agua Potable, cuyo titular era el Municipio de Villavieja por la suma de $35, 25 millones de pesos, giradas en dos cheques de gerencia.
Los dos títulos fueron girados el 27 de septiembre de 2013. El primero por 5 millones de pesos, a nombre de Reinaldo Cardoso Cardoso, y el segundo a nombre del Municipio por la suma de $30, 25 millones de pesos. Este cheque fue retirado por el tesorero y consignado en otra cuenta corriente del municipio en otro banco.
El mismo día, Cardoso cobró el primer cheque y presuntamente se apropió del dinero, sin que tuviera vínculo alguno con la administración municipal.
Torrejano, alertado por el reporte de la Contraloría, devolvió parte del dinero.
La nueva imputación aparece en momentos en que se reactivó el proceso penal por la defraudación en Baraya, después de estar congelada durante siete meses.
La acusación será sustentada el próximo 22 de septiembre por la fiscal Amanda Isabel Vitoviz Chávarro.
Los acusados fueron capturados el 22 de octubre de 2019 en Villavieja. Además de Torrejano, son procesados el comerciante Luis Miguel Charry Forero, John Edison Castro Sandoval, Jorge Edgardo Soache Perdomo y Edisson Izquierdo Sabogal, supuestos beneficiarios de los giros fraudulentos.
La fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medios informáticos semejantes.
Nueva acusación
La acusación fue radicada en enero pasado inicialmente ante la Juez Primero del Circuito Especializado de Neiva. Sin embargo, una vez se instaló la audiencia, la juez se declaró sin competencia para iniciar el juicio sin que la fiscal del caso hubiese sustentado oralmente la acusación.
Estimó con la imputación del concierto para delinquir para cometer delitos contra la administración pública era jurídicamente inadecuada.
De hecho, al imputar el concierto para delinquir no soportó los hechos jurídicamente relevantes que permitiera inferir razonablemente esa conducta.
La funcionaria judicial explicó que el simple y llano concurso de personas en la comisión de uno o varios delitos o el concurso material de dos o más punibles, necesariamente no configuran un concierto para delinquir puesta de circunstancias pueden ser también predicables del instituto de la coautoría.
Polémico concierto
“Si bien en el escrito de acusación la Fiscalía acusa a cinco personas no narra, no describe ningún hecho jurídico relevante, es decir, ningún elemento particular y concreto, ninguna circunstancia fáctica o aspecto circunstancial que permita establecer o inferir que este número plural de personas constituían un grupo delictivo organizado, que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Convención de Palermo (Delincuencia transnacional), argumentó la juez del Circuito Especializado.
“Simplemente nos deduce del número de actos que tuvo la acción de peculado y del número de personas que tuvieron que ver con la ejecución de dicha conducta”, precisó la funcionaria.
En su criterio, la Fiscalía no cumplió con la carga procesal de afirmar ni describir ningún hecho jurídicamente relevante que subsane la conducta en el tipo penal de concierto para delinquir para cometer delitos contra la administración pública.
“En conclusión, la Fiscalía no cumplió con la carga procesal de la afirmación por cuanto para obtener el fin deseado con la aplicación de determinadas normas jurídicas la parte debe afirmar los hechos que le sirven de presupuesto sin lo cual no es posible al juez tenerlos en cuenta aun cuando aparezcan probados”, afirmó.
En esa circunstancia la funcionaria se declaró incompetente para iniciar el juicio y remitió el expediente a los juzgados penales del Circuito y al Tribunal Superior para dirimiera la controversia. Por lo tanto, la audiencia de acusación fue suspendida.
Competencia
No obstante, el 24 de febrero pasado el Tribunal Superior de Neiva se abstuvo de resolver la competencia.
En su criterio, la alegación de incompetencia, resultaba extemporánea por anticipada, ya que la Fiscalía no tuvo oportunidad de verbalizar la acusación.
“Por inexistencia de formulación de acusación, la sala se abstendrá de definir la competencia”, explicó el magistrado ponente Hernando Quintero Delgado.
El expediente regresó al despacho de origen. Sin embargo, una vez se reinició de nuevo la audiencia la Fiscalía presentó la acusación con la misma calificación de las conductas. La funcionaria judicial reiteró la incompetencia y la audiencia quedó nuevamente en suspenso.
Atendiendo la instrucción de la Sala Penal, la Juez Primera Penal del Circuito Especializado de Neiva convocó nuevamente la audiencia de acusación para el próximo 22 de septiembre. Ese día la Fiscal 11 Seccional tendrá que sustentar oralmente la acusación, y precisar, los alcances del concierto para delinquir.
Robo continuado
El fraude, según investigación propia realizada por la Fiscalía, podría superar los mil millones de pesos.
Un informe pericial del CTI estimó la defraudación en 944,86 millones de pesos, sin revisar dos meses claves septiembre y octubre de 2017.
La Contraloría estimó la defraudación en 749, 85 millones de pesos. De este monto, Torrejano devolvió 95,65 millones de pesos en cinco consignaciones.
Durante los diez meses que estuvo ejerciendo el cargo Torrejano realizó 72 transacciones fraudulentas. De estas, 22 beneficiaron a Luis Miguel Charry Forero, 16 a Jorge Edgardo Soache Perdomo y una a Edison Izquierdo y dos a John Edison Castro, entre otros. La Fiscalía documentó otras operaciones fraudulentas.
Las maniobras
Torrejano utilizaba el nombre de un contratista real de la entidad, para efectos del trámite del pago, sin embargo en bancos, se realizaba el giro a un tercero sin vínculo con la entidad. En su mayoría, amigos o parientes cercanos, que aparecían como supuestos beneficiarios o que prestaban sus cuentas para facilitar los movimientos irregulares.
El funcionario, en su doble condición de Tesorero y Secretario de Hacienda, creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, debidamente inscritos y registrados, pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración municipal.
Además, utilizaba las claves personales en el software contable HAS SQL, así como el token de seguridad que le entregaron las entidades financieras para su uso exclusivo.
Torrejano, según el escrito de acusación, accedió al aplicativo en forma irregular por lo menos en 60 oportunidades, durante las cuales elaboró y modificó egresos, pagos varios, comprobantes de contabilidad, notas bancarias, entre otros documentos.
La auxiliar administrativa, Carmenza Vanegas Pacheco, quien detectó el robo continuado, confirmó que Torrejano manejaba exclusivamente los dos dispositivos, el suyo y un segundo asignado para el alcalde.
“Torrejano manejaba todo; él tenía las claves y las operaciones sólo se podían hacer desde su escritorio”, explicó la funcionaria durante una versión libre que rindió el año pasado ante la Procuraduría Provincial.
Las operaciones fraudulentas, en su criterio, no se realizaban a control remoto ni era posible que lo hicieran terceras personas.
“Las transacciones solo se podían hacer desde el computador del Secretario de Hacienda, donde estaba registrada la Dirección IP, necesario para la conexión en internet registrada solo en ese equipo, en ningún otro”, aclaró.
El último giro
El 7 de septiembre de 2018, aprovechando una reunión de empalme realizó su última transacción, ingresó a su antiguo despacho, prendió su computador y en un descuido, realizó la última transacción, estando por fuera de la administración.
Esta vez, utilizando la cuenta del Banco de Bogotá transfirió 18,80 millones de pesos a Luis Miguel Charry Forero, quien no tenía ningún vínculo contractual o comercial con la administración municipal.
La operación tampoco tenía soportes ni afectación presupuestal. Al día siguiente Torrejano le entregó los dos token.
Torrejano responde en un proceso fiscal ante la Contraloría, otro disciplinario ante la Procuraduría Provincial de Neiva y dos procesos por peculado ante la Fiscalía.