En Colombia existe un reclamo histórico frente a las barreras que impiden que todas las personas podamos acceder a justicia en condiciones de igualdad. Los grafitis y los carteles que se ondearon en las calles del país durante el paro nacional en 2021 son prueba de ello. La falta de una justicia efectiva en el país ha permitido que los conflictos se resuelvan a mano propia, y, además, ha generado una doble victimización para quienes luego de sufrir a causa del conflicto armado, deben soportar el dolor, la frustración y la impotencia ante la falta de respuesta estatal para investigar, juzgar y reestablecer sus derechos. En esta columna retratamos, a través de un caso de la vida real, las desigualdades en el acceso a la justicia que siguen afectándonos como país.
Un caso, múltiples barreras
Melania, víctima del conflicto armado, es una de las coautoras de esta columna, y nos comparte su historia como ejemplo de lucha. Ella vivía en Tambo, Cauca con sus 3 hijos, trabajando como tendera. Un día miembros de la guerrilla reclutaron a su hija de 13 años. Melania decidió seguirlos para impedir que la hicieran parte de sus filas. Caminó por días hasta el campamento guerrillero donde reclamó de vuelta a su hija. Aunque consiguió que la dejaran libre, ni ella ni su hija se volvieron a sentir seguras. Tuvieron que desplazarse a Popayán y luego a Cali, ciudades donde encontrar trabajo no fue fácil, y donde además sufrieron discriminación por su condición de mujeres en situación de desplazamiento. A esta difícil situación se sumaba algo aún más difícil, su hija sufría las secuelas de haber sido abusada sexualmente por miembros de la guerrilla durante su reclutamiento.
Un día, por pura casualidad, Melania vio que en la Alcaldía de Popayán se dictaba una charla sobre derechos humanos. A través de esta, se enteró de que ella tenía derecho a exigir una reparación. Con esta información decidió declarar su historia ante las autoridades, solicitando reparación administrativa por los hechos vividos. Posteriormente instauró una denuncia que incluyó la situación de violencia sexual que vivió su hija durante el reclutamiento. Lamentablemente, como les pasa a muchas mujeres víctimas en nuestro país, el fiscal que la atendió puso en duda su relato y recriminó a su hija. Para colmo de males, cuando Melania indagó por el estado de su denuncia, le respondieron que el expediente del proceso penal se había “embolatado”. El caso terminó archivado.
Años después, con el apoyo de la organización Ruta Pacífica de las Mujeres, Melania logró ganar una tutela para obtener acceso a derechos sociales como salud y vivienda, y ser incluida en el Registro Único de Víctimas. En el 2002, Melania empezó también un largo proceso de solicitud de adjudicación de tierras, en el que infructuosamente le intentaron asignar predios ocupados, luego predios no adquiridos por el Estado, y luego predios sin las condiciones mínimas para ser habitados. Durante años, Melania visitó constantemente las oficinas de la entidad que maneja su proceso de adjudicación de tierras, “y me decían siempre que ellos no pueden hacer nada, que eso es de Bogotá, y así me despachan (…) y así nos tienen… se burlan de nosotras como mujeres, nos dicen cualquier cosa y nos mandan para la casa”. Solo hasta 2014 finalmente le asignaron un predio con condiciones adecuadas para vivir y producir. Melania vive actualmente en este predio, donde cultiva café, mientras intenta resolver problemas de linderos con sus vecinos. Sin embargo, después de todos estos años, su lucha continúa, pues no cuenta aún con el título formal de su predio, sus cultivos han sido objeto de quemas y recibe amenazas en contra suya, por tanto, como lo dice Melania, “no puedo estar tranquila aún”.
Desafortunadamente, en Colombia existen miles de casos como el de Melania. Como lo explicó Bárbara, algunos de los obstáculos que limitan el acceso a la justicia se derivan de factores institucionales, entre otros, la “presencia selectiva” del Estado en zonas donde si bien existe presencia militar, la presencia de otras instituciones, incluyendo la justicia, es precaria. La historia de Melania evidencia también casos en los cuáles las víctimas deben enfrentarse a funcionarios que promueven estereotipos y discriminación. Como lo mencionó Alejandra: “los jueces no fallan solo con la ley, sino que traen consigo cargas y estereotipos, por ejemplo, frente a ser de una zona de guerrilla, o ser mujer”. La falta de sensibilización y capacitación en enfoque de género de los funcionarios de la justicia, puede ser un factor de doble victimización[1]. En cuanto al proceso de adjudicación del predio, la historia de Melania evidencia también los múltiples problemas que persisten en el país, empezando porque el Estado desconoce cuánta tierra baldía hay para adjudicar, y siguiendo por la reconocida dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a estas adjudicaciones.
Existen a su vez, otros factores de impunidad que no dependen enteramente del Estado y que más bien se relacionan con desigualdades o problemas estructurales en el país. Entre otros, las prevenciones de las personas hacia el sistema de justicia, el temor de denunciar por las represalias que puedan tomar los perpetuadores, el miedo a ser culpabilizadas, y el propio desconocimiento que tenemos sobre nuestros derechos y los mecanismos a través de los cuáles éstos se protegen y reestablecen.
Melania: un ejemplo de resistencia y berraquera
Pese a estas barreras, miles de madres, esposas y amigas como Melania han persistido en la lucha por el esclarecimiento de crímenes y el restablecimiento de sus derechos. En algunos casos, estas luchas se han logrado a través de la construcción de redes ciudadanas de apoyo que entran a suplir las falencias del estado al brindar espacios de capacitación, representación y acompañamiento. Como lo contó Melania: “Yo no sabía los derechos de la mujer, uno como campesina no sabe sus derechos. Esa desigualdad afecta la posibilidad de yo ir al Incoder, me hace sentir como impotente, como si yo no pudiera hacer algo. Pero al mismo tiempo yo hablaba con Alejita (la abogada que la ayudó con su proceso), y con la Ruta Pacífica, y eso me daba fuerzas y argumentos para seguir demandando mis derechos”.
Sin embargo, los logros del agenciamiento propio de las víctimas y de las redes de apoyo ciudadanas permanecerán limitados si no son acompañados por acciones institucionales. No solo es clave fortalecer la educación sobre derechos (en especial para personas a las cuáles se les dificulta más acceder a fuentes de información, incluyendo a las mujeres campesinas), sino que también es clave, salir del “fetichismo legal”[2]. Como lo resalta Bárbara “necesitamos entender que el Estado está compuesto por personas y no es un elemento aparte de la sociedad que puede solucionar todo a través de leyes”. Es necesario enfocarnos en humanizar los procesos de justicia, sumando capacitaciones y controles disciplinarios efectivos que puedan romper los círculos viciosos de impunidad en los que no hay represalias, por ejemplo, ante faltas que cometen los funcionarios contra las víctimas.
También es importante visibilizar más casos de liderazgo como el de Melania. Como lo señala Silvia, “al escuchar historias semejantes, y preferiblemente, con voz propia, otras víctimas pueden identificarse e inspirarse y así, replicar procesos de agenciamiento y resistencia”. Este esfuerzo no debe parar en la visibilización, sino también enfocarse en el fortalecimiento de estos liderazgos, para que surjan más casos como el de Melania, que ahora es vocera y ayuda a otras víctimas.
El rol del arte y la cultura para visibilizar las desigualdades en el acceso a la justicia y para procesos de reparación es también fundamental. Como un aporte en este sentido, Marcela ha elaborado este video que representa la Odisea de Melania, inspirándonos con su capacidad de resistencia y afrontamiento ante un Estado que le incumple y no garantiza sus derechos. Mira el video acá.
Este escrito hace parte de una serie de 30 columnas reflexionando sobre 30 diferentes formas de desigualdad en Colombia que publicamos semanalmente los lunes. Las columnas fueron escritas a partir de un proceso de diálogo entre 150 jóvenes académicos, artistas, activistas, víctimas y demás personas de diferentes perfiles y saberes. Este proyecto se llama Re-imaginemos, y es una carta abierta invitándonos a hablar, cuestionar y reimaginar las desigualdades.
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Coautoras: Bárbara Mora, abogada, investigadora y magistra en ciencias sociales con enfoque en género- Cundinamarca; Melania Gurrute, trabajadora del campo, madre, víctima de la violencia – Cauca; Silvia García, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Diseña y ejecuta proyectos sociales – Santander; Alejandra Coll, abogada magistra en estudios de género e investigadora en derechos humanos – Valle del Cauca; Marcela Rueda, arquitecta interesada en cómo usar la arquitectura y el diseño para transmitir ideas – Santander
Editora: Allison Benson
[2] Como lo denomina la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre