Piero Emmanuel Silva Arce
Por estos días el Gobierno de Estados Unidos decidió quitarles el visado a tres magistrados de las alta cortes colombianas. Dos de estos funcionarios judiciales – Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo – pertenecen a la Corte Constitucional y el otro – Éyder Patiño – es el presidente actual de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Resultan sospechosas las medidas en un momento en el que las objeciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentadas por el Gobierno colombiano vuelven a la Corte Constitucional tras su fracaso a su paso por el Congreso.
Parece que se tratara de una medida de coacción frente a estos funcionarios para que avalen las objeciones planteadas por el Gobierno de Duque. Esto se infiere también debido a un comentario realizado por el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, en una reunión con congresistas donde ante un argumento jurídico para estar en contra de las objeciones, este respondió: “no me venga con leguleyadas”. La frese pronunciada por el diplomático norteamericano desconoce el papel de las altas cortes como garantes de la norma de normas, la Constitución Política, una de las máximas conquistas de las democracias modernas liberales.
Antonio José Lizarazo fue ponente de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras que Patiño fue ponente de un fallo de la Corte Suprema donde se negó la extradición de un indígena porque consideró que ya había pagado una pena de diez años impuesta por la justicia de su propia comunidad; la ley consagra que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Es importante recordar que la autonomía indígena, consagrada constitucionalmente, les da la potestad a estos pueblos de ejercer justicia al interior de su jurisdicción.
Además de lo mencionado anteriormente, existen indicios sobre interceptaciones ilegales a magistrados que están relacionadas con decisiones jurídicas y políticas cruciales para el país como es el caso de la JEP. De acuerdo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, las chuzadas provendrían de una red criminal con fines extorsivos. No obstante, y con los antecedentes dejados por el gobierno de Uribe, no sería extraño que quienes incomodan al Gobierno de turno por sus posturas independientes y críticas, estuvieran chuzados. El panorama en Colombia cada vez es peor; estamos ante un Gobierno que juega a proteger a quienes han financiado la guerra, estamos ante unas élites que prefieren tener a guerrilleros en el monte que a personas debatiendo alrededor de las ideas y de la verdad. No dejemos perder esta oportunidad de avanzar hacia la paz.