En la primera fase de práctica de pruebas estuvieron presentes como testigos el secretario de la Asamblea Departamental, Jaime Andrés Ibarra y los diputados Sandra Hernández y William González. El Secretario manifestó en la audiencia, que hubo inconsistencias en las actas porque no se anotaron o registraron los impedimentos de los diputados investigados.
Al parecer, los tres diputados sí se habían declarado impedidos, pero en las actas no se hizo la anotación respectiva. Los tres renunciaron a versión libre y a descargos.
La diligencia judicial debió suspenderse en dos ocasiones por supuestos quebrantos de salud expuestos por el abogado.
Los señalamientos
La iniciativa que se tramitó en enero pasado, comenzando el periodo de deliberaciones, estaba destinada a autorizar los reajustes de ley para empleados de la administración central.
Aunque es un proyecto normal que se tramita todos los años, esta vez los diputados aprobaron el incremento, sin haberse declarado impedidos, lo que constituye una violación al régimen de inhabilidad sancionable con destitución.
El proyecto autorizaba un incremento salarial de siete por ciento para para las distintas categorías de empleo de la Gobernación y Asamblea Departamental según los topes fijados por el Gobierno Nacional mediante Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015.
Los diputados aprobaron el primer debate y le dieron viabilidad a la iniciativa lo que pudo configurar la violación al régimen de inhabilidades. Por esta razón, la Procuraduría les abrió un proceso disciplinario.
El representante del Ministerio Público les imputó cargos. De configurarse, la falta está calificada como gravísima y puede ocasionarles la pérdida de investidura y la inhabilidad para ocupar cargos o funciones públicas.
El día de hoy continuará la audiencia con una práctica de pruebas en la Asamblea.