La Fiscalía Especializada llamó a juicio oral a José Ernesto Almario Reyes, alias ‘Ernesto’, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. El hombre era miembro de la banda disidente ‘Teófilo Forero Castro’ de la ‘Segunda Marquetalia’ en los municipios de Neiva, Campoalegre, Tello y Baraya. “Coordina las reuniones con las víctimas y aporta información de la ubicación de las víctimas”, dijo la fiscal.
Rafael Rodríguez C.
El hombre, que estaba encargado no solo de ubicar las víctimas para extorsionar, sino también de coordinar las reuniones con ellas para los pagos a la banda disidente Teófilo Forero Castro’ de la ‘Segunda Marquetalia, fue llamado a juicio oral por un fiscal especializado de Neiva. Su cómplice de andanzas, Yuli Katerine Callejas Yate, confesó y fue condenada.
La denuncia por el delito de extorsión, de una de las víctimas, fue la pieza inicial para que los investigadores de los Gaula de la Policía y Ejército, lograran la identidad de José Ernesto Almario Reyes, alias ‘Ernesto’ y los compañeros con los que se encontraba intimidando con amenazas a nombre de compañía de alias ‘El Paisa’ de la ‘Segunda Marquetalia’.
La víctima, que puso en conocimiento de las autoridades, señaló que las intimidaciones eran hechas por alias ‘Alexander Hernández’. “Indicó que fue objeto de una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto…”.
El sujeto citó a su víctima a una reunión en la vereda El Colegio, en el corregimiento de Vegalarga en el oriente de la ciudad de Neiva.
Esta información fue procesada por los investigadores que a lo largo de las pesquisas fueron recolectando información y pruebas que le permitieron encontrar a 26 víctimas de las amenazas y exigencias económicas de la agrupación delincuencial.
La Fiscal Tercera Especializada de Neiva manifestó en la acusación contra Almario Reyes, que se logró establecer que el sujeto que se identifica con el alias ‘Alexander Hernández’, no solo extorsiona al denunciante del corregimiento de Fortalecillas de la capital huilense, sino que también esta había comenzado a exigir dinero a ciudadanos del común, agricultores, ganaderos, empresas de transporte formal e informal, sector financiero, compras de café, cacharrerías, supermercados, asaderos de pollo, obras de construcción, en los municipios de Campoalegre, Tello, Baraya, Neiva, centro poblado Vegalarga y San Antonio de Anaconia.
Las intimidaciones y exigencias económicas comenzaron a registrarse desde ese mes de abril del 2021 con llamadas extorsivas, mensajes de WhatsApp y distribución de cartas y panfletos extorsivos.
Exguerrilleros de las Farc
La investigación, que permitió documentar 26 víctimas, contó con interceptaciones telefónicas que sumadas a las entrevistas de las personas extorsionadas, permitieron a las autoridades evidenciar la agrupación disidente “utilizaba las estrategias y métodos financieros establecidos en la historia y pasado terrorista de las Farc-EP”, señaló la fiscal del caso.
Agregó que los integrantes de la organización delincuencial tenían su respectivo rol. “Cuenta con varios integrantes que fueron excombatientes de la Teófilo Forero, frente 17 ‘Angelino Godoy’ y frente 21 de Las Farc, quienes cuentan con un amplio bagaje en la materialización de acciones extorsivas, reclutamiento y desplazamiento forzado, entre otros hechos delictivos y terroristas, llevados a cabo contra la población civil y gremios más representativos”.
Sobre José Ernesto Almario Reyes, alias ‘Ernesto’, indicó la fiscal que el hombre era oriundo del municipio de Tello en el norte del Huila. “Era encargado de la recolección de información sobre potenciales víctimas a extorsionar, coordina las reuniones con las víctimas y aporta información de la ubicación de las víctimas”.
El hombre, de 48 años de edad, fue acusado de los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada. “De los elementos materiales probatorios, la evidencia física e información legalmente obtenida se puede afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta punible investigada existió y que José Ernesto Almario Reyes, es responsable…”, explicó la delegada del ente acusador.
Condena
Las autoridades capturaron junto a Almario Reyes a Yuli Katerine Callejas Yate, Miguel Ángel Santos Charry y Sergio Reyes Bautista, en diciembre de 2021 y cobijados con medida de aseguramiento por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Algeciras.
Las autoridades indicaron que la joven era la encargada de realizar las llamadas extorsivas, intimidando a las víctimas, ejerciendo presión. “Fue la responsable del desplazamiento forzado de una familia”.
Además, tenía la tarea de llevar la contabilidad de los cobros realizados y organizar el personal que colaboraba con la organización delictiva.
Yuli Katerine al conocer en su contra las pruebas testimoniales, técnicas y documentales, decidió llegar a una ‘negociación’ con el fiscal del caso para obtener así una rebaja considerable de la pena.
La mujer logró que el delegado del ente acusador por el delito de desplazamiento forzado, le otorgara un descuento de pena del 50% ante la voluntad de aceptar cargos.
El preacuerdo fue presentado al Juez Tercero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento, que lo avaló al establecer que estaba ajustado a las normas legales. “El preacuerdo, aunado a los elementos materiales probatorios, configuran el mínimo probatorio, resultando estos suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia…concluyéndose entonces que la acusada ejecutó una conducta típica, antijurídica y con culpabilidad”.
Agregó el operador judicial que “no existe duda alguna” que Yuli Katerine Callejas Yate hacía parte de una estructura criminal, “realizando llamadas extorsivas intimidando a las víctimas ejerciendo presión y la posterior recolección de los dineros producto de la extorsión, llevando la contabilidad de los cobros realizados, organizando el personal que colaboraba con la organización delictiva, siendo además la responsable de realizar intimidaciones llevando al desplazamiento forzado”.
Precisó que la confirmación de los cargos por medio de preacuerdo “…conlleva como consecuencia el reconocimiento por parte de la imputada…lo que además se respalda con los documentos aportados por el agente acusador y reconocidos por la procesada y su defensa en acta de preacuerdo…llevan al convencimiento de la responsabilidad penal de la acusada, más allá de toda duda”.
Sostuvo que es claro que el comportamiento de la procesada “puso en peligro de forma cierta y sin causa que lo justificara…la seguridad pública, la libertad y autonomía personal, individual, y el patrimonio económico”.
Reiteró que la procesada hacía parte de una organización delictual dedicada a realizar extorsiones bajo intimidaciones, entre otras acciones delictuales, “siendo que además Yuli Katerine llevó al desplazamiento forzado”.
El togado halló responsable a Yuli Katerine Callejas Yate como autora de los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, y coautora del delito de extorsión agravada en concurso homogéneo.
La joven fue condenada a once años y cuatro meses de prisión, además deberá pagar una multa de 8.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ($8.400.000.000).