Este artículo lo escribo el viernes 9 de febrero, día del periodista, aunque sólo saldrá publicado en La Nación el lunes 12 de febrero, como homenaje a los periodistas honrados del país, tomando como modelo a Yamid Amat, uno de los pocos comunicadores de los grandes medios que busca la objetividad, la imparcialidad y la verdad, a través del noticiero CMI de las 8 de la noche en el canal uno. Este noticiero con un índice de respaldo del 13.68%, se disputa con el canal institucional, el primer lugar de la sintonía en el país, cuando los canales de los grandes grupos financieros como RCN, Caracol, El Tiempo y otros, pierden sintonía por su falta de objetividad y marcada parcialidad informativa. Las dos entrevistas de Yamid a que se refiere mi artículo, fueron las desarrolladas el miércoles 7 de febrero con Carlos Arturo Velandia quien, durante sus 32 años como guerrillero del ELN, entre 1972 y 2004, llevó el nombre de Felipe Torres, llegando a ser Comandante del Frente Domingo Laín en Arauca. En 2004 fue capturado, permaneciendo preso durante 10 años. Al salir de la cárcel, se desvinculó de la guerrilla, viajó a España donde complementó sus estudios universitarios y luego de siete años regresó al país. La entrevista fue sobre los acuerdos logrados en la sexta ronda de negociación entre esta guerrilla y el gobierno, celebrada en La Habana (Cuba), donde se prorrogó por seis meses el acuerdo de cese al fuego, el ELN se comprometió a abandonar la práctica del secuestro económico y se decidió impulsar un Fondo Multidonante Internacional, destinado a generar el desarrollo integral de los territorios afectados por el conflicto.
La segunda entrevista fue al día siguiente jueves 8 de febrero, fecha en que se cumplieron las marchas en respaldo del gobierno en todo el país. El entrevistado fue el presidente de la CUT Fabio Arias, quien con claridad y precisión explicó que lo del “Golpe de Estado Blando” en Colombia, contra el gobierno de Gustavo Petro es un hecho real que sigue la metodología de los golpes que se han dado en Latinoamérica contra presidentes como el sucedido contra Dilma Rousseff en Brasil, Manuel Celaya en Honduras, Pedro Castillo en el Perú y Cristina Fernández en Argentina. El procedimiento preferido por las derechas latinoamericanas ha ido el llamado “lawfare” o guerra jurídica. La fiscalía de Barbosa, que no tiene facultad constitucional para investigar al presidente pero ha querido involucrarlo en mal uso de los recursos de la campaña, aprovechándose de la investigación contra su hijo Nicolás y ahora con el allanamiento de la sede de Fecode tras la factura del aporte de $500 millones que la Federación le hizo al partido Colombia Humana destinados a testigos electorales.
Estas dos entrevistas hablan muy bien de la objetividad con que Yamid asume el análisis de las coyunturas políticas y es un ejemplo que deberían seguir los otros medios del gran capital.