El pasado miércoles este periódico publicó en toda una página el texto del mensaje que algunas entidades públicas, congresistas y líderes del Huila enviaron al presidente de la República Juan Manuel Santos en respaldo a las acciones tomadas por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Cam, respaldadas por el gobernador Carlos Mauricio Iriarte, relacionadas con la orden que dictó esta entidad de suspender el llenado de la represa de El Quimbo, hasta tanto la multinacional Emgesa realice todo el aprovechamiento forestal y retire la totalidad de la biomasa del área que será inundada.
Fuimos muchos los huilenses que creímos que la orden de la Cam era determinante para detener el llenado con base a sus atribuciones legales como primera autoridad ambiental del Departamento. No ocurrió así debido a que Colombia padece un aberrante centralismo en donde prácticamente todas las decisiones de fondo sobre la economía y el desarrollo regional, dependen de la voluntad de funcionarios nacionales que se llevan en los pies los intereses fundamentales de los entes territoriales. Esto no ocurre solo con motivo de la vulneración de las normas de protección del medio ambiente, sino con todo. Ahí tenemos para la muestra la forma como la Nación absorbió el manejo y la destinación de las regalías dejando a los departamentos sin capacidad para decidir sobre su destino.
Colombia ha sido históricamente un país centralista, salvo entre 1863 y 1886, cuando se organizó el país como una República Federal que le permitió a los Estados miembros contar con autonomía para el manejo de sus destinos. La Constitución de 1991 tan solo avanzó en la descentralización política cuando permitió que las autoridades administrativas regionales (Gobernadores y Alcaldes) fueran elegidas por el voto popular, lo cual es insuficiente para contar con una autonomía que le permita a los entes territoriales tomar decisiones que correspondan a sus propios intereses de desarrollo económico y social. Para el caso al cual me refiero, la misiva enviada al Presidente es no solo un gesto lastimero propio de un país que no respeta la autonomía de las regiones, sino que se la lleva por la calle en forma parecida a como lo hacen las dictaduras. Qué otra cosa se puede decir de un gobierno nacional que a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se burla de los huilenses y los descalifica para defender sus propios intereses como si nuestro territorio huilense fuera prestado o arrendado por el ente nacional.