Como era de esperarse, gran revuelo causó en el país la decisión de la Corte Constitucional de ‘tumbar’ la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas en el país.
El alto tribunal argumentó, entre otras cosas, que la prisión perpetua es un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la resocialización de las personas condenadas en Colombia, y que el visto bueno que el Congreso le dio a esta medida afectó la dignidad humana, que funda el Estado social de Derecho, base de la Constitución Política de 1991. Es en este último aspecto en el que la Corte insiste mucho: “la resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural”.
“La pena de prisión perpetua sin posibilidad de revisión puede constituir una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad”, fue la gran explicación de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Desde la misma noche del jueves en que se dio a conocer el fallo, surgieron numerosas voces a favor y en contra. El presidente Iván Duque fue el primero en reaccionar e insistió en la necesidad de que “Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas”.
Aunque la decisión de la Corte contiene argumentos que son válidos, no se puede ignorar el clamor de miles de colombianos que reclaman penas ejemplarizantes para quienes atentan contra la vida, dignidad e inocencia de los niños.
Este fallo de la Corte debe servir para que la problemática de las agresiones a niños sea también mirada de manera integral, comenzando por definir cómo atacar realmente la alta y vergonzosa tasa de impunidad.