El generalizado festín de la contratación de los últimos años vs endeudamiento y déficit fiscal, exige que el Gobierno o el constituyente primario, adopte todo tipo de medidas para erradicar la corrupción pública y privada.
Por corrupción, la infraestructura pública Colombiana y los peajes, cuestan entre 3 y 7 veces más que en cualquier otro país de la región y tenemos las peores vías y los combustibles más costosos.
Las contrataciones de concesiones viales de 1, 2 y 3 generación, se convirtieron en baloto para los concesionarios y ruina para los usuarios. Puede ocurrir igual con las de cuarta generación. Otro tanto ocurre con las riquezas del subsuelo.
Todo ciudadano tiene derecho a saber lo que ocurre con las finanzas y el patrimonio público (los impuestos). La endemia de la corrupción es mucho más grave de lo que la gente considera. La trampa contra el desarrollo no es la guerrilla, es la corrupción.
Los procesos de contratación y ejecución de, consultorías, obras, suministro y asesorías se convirtieron en la vena rota del erario, pero el gobierno se niega a decretar medidas concretas para erradicar la endemia y sancionar a los responsables.
Los pliegos de condiciones, para participar, evaluar y adjudicar suelen ser hechos a la medida del mejor postor.
La contratación pública debe regirse por estatuto único, preciso y de obligatorio cumplimiento, para todas las entidades públicas. Disponer de tal estatuto, solo será posible, si el Jefe de Gobierno, obtiene facultades extraordinarias, para adoptarlo con fuerza de ley. A través del Congreso es imposible, por obvias razones.
Las entidades públicas, mediante convenios interadministrativos, con las empresas industriales y comerciales de su jurisdicción o nacionales, trasladan dineros del sector central de su administración, para que contraten a dedo o bajo el reglamento interno respectivo, aprobado por su junta administradora. La ley de contratación debe establecer sanciones severas, para quien la viole.
Quien desacate la ley de contratación, debe ser despedido del cargo e inhabilitado por el resto de su vida para ejercer cargo público o contratar con el Estado, sea funcionario o particular, por el resto de su existencia.
Ante la tozudez del régimen, para mantener y cebarse con la corrupción, es necesario votar en blanco como castigo a la inmoralidad y que el constituyente primario gobierne a través de reglamento de origen plebiscitario. La corrupción no se derrota con paños de agua tibia.