Como una ‘bola de nieve’ está creciendo la problemática de hacinamiento en los reclusorios transitorios del Huila por cuenta de una directriz del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de no recibir sindicados aduciendo razones de salubridad.
Si bien el Inpec busca evitar contagios masivos al interior de las cárceles del país, resulta francamente indignante e inhumano que decenas de personas capturadas lleven varios meses hacinadas en lugares que no cumplen las condiciones para ello.
Lo que se ha conocido esta semana en Neiva sobre las difíciles condiciones que viven los detenidos en el ‘bunker’ de Canaima y la URI de la Fiscalía es la muestra de un problema que sacude hoy a varias regiones del departamento y del cual todos han buscado ‘sacarle el cuerpo’.
El Ministerio de Justicia ha asegurado que las personas en condición de imputadas o acusadas son responsabilidad de las autoridades locales, por lo tanto, son los alcaldes son los encargados del mantenimiento del orden público en sus territorios. Por su parte, el Inpec determinó, unilateralmente, suspender las visitas y restringir hasta nueva orden el ingreso de personas detenidas que provengan de las Estaciones de Policía o Centro de Reclusión Transitoria. Y solo contempló, el traslado, excepcionalmente, de condenados así como los sindicados con altos perfiles delincuenciales, a quienes, previamente se les realice el tamizaje y examen médico por parte de la Secretaría de Salud, luego de haber estado en cuarentena.
La Procuraduría y las Personerías parecieran haberse quedado solas en la lucha para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los detenidos. Por eso, en buen momento, la Justicia, a través de una acción de tutela, ha considerado que “Si bien estamos en un Estado de Emergencia Sanitaria, como resultado de la pandemia que ha hecho que el Estado emita medidas con el fin de contrarrestar su propagación, las mismas no puede vulnerar los derechos fundamentales, máxime tratándose de personas en condición de detenidas”.