El consorcio colombo brasilero PCP, encargado de la pavimentación de un tramo de Transversal del Libertador entre Huila y Cauca, a pesar de los incumplimientos y demoras, reclama al Invías 24.323 millones de pesos por un supuesto desequilibrio económico.
RICARDO AREIZA
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El consorcio colombo brasilero PCP, contratista de la pavimentación de uno los tramos de vía Totoró-La Plata, demandó al Instituto Nacional de Vías (Invías), exigiendo una millonaria indemnización por un supuesto desequilibrio económico, imputable a la entidad oficial.
Según representantes del grupo empresarial las presuntas acciones y omisiones realizadas por la entidad oficial en la ejecución del contrato, la falta de planeación y omisión en adecuar el contrato a las circunstancias excepcionales que se presentaban; se tradujeron en una afectación a restablecimiento del equilibrio económico que generó supuestos perjuicios al contratista, los cuales han de ser resarcidos.
A pesar de haberse vencido el plazo de ejecución contractual el 15 de junio de 2018 la entidad nunca adelantó la liquidación del contrato como lo dispone la ley.
La obra, estaba contemplada en segunda fase de la Transversal del Libertador, uno los denominados ‘corredores prioritarios para la prosperidad’ adjudicados durante el primer periodo de Juan Manuel Santos para conectar La Transversal del Libertador conecta la Troncal de Occidente.
La contratación
El consorcio PCP suscribió el contrato con el Invías en mayo del 2012 con un plazo de ejecución de 51 meses. Según lo pactado las obras debían iniciar el 20 de septiembre 2012 y terminarían el 19 de diciembre 2016.Sin embargo se extendió otros17 meses, lo que habría ocasionado el desequilibrio financiero.
La sociedad empresarial estaba integrado por la compañía colombiana CI Grodco S.A. Ingenieros Civiles, con el 50% de la participación accionaria y por la empresa brasilera Constructora OAS Ltda (con el otro 50%).
La inversión, según la oferta, ascendió a 236.136 millones de pesos para la pavimentación de 45.57 kilómetros entre los departamentos de Huila y Cauca.
El contrato el contrato 518 de 2012 incluía el mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto corredor Transversal del Libertador fase II, con una longitud de 45.57 kilómetros en el sector Totoró – Gabriel López – Inzá – Guadualejo – La Plata.
Además, la construcción de tres variantes y dos puentes en Ullucos incluídos los accesos, localizado en la ruta 2602 y el puente de Juntas en la ruta 3701.
La obra iniciaba en La Plata (Huila) y terminaba en Totoró (Cauca). El tramo contemplaba la construcción de la estructura de pavimento, subbase estabilizada y granular, obras de arte y movimientos de tierra entre los municipios de Páez (Belalcázar) y La Plata.
La pavimentación de ese tramo complementaría las obras de la primera fase del proyecto que demandó una inversión superior a los 196 mil millones de pesos, para intervenir 51.02 kilómetros.
Con estos dos tramos (96.59 kilómetros) se aseguraría la conexión vial entre los dos completamente pavimentada.
En esa misma puja participaron nueve empresas entre ellas el Consorcio San Sebastián, contratista beneficiado con el otro tramo en la ruta Isnos- Paletará –Popayán al consorcio San Sebastián que se acaba de reactivar, luego de la cesión de la participación que tenía la compañía ICM, involucrada en el escándalo de Centros Poblados.
Inconvenientes
Según funcionarios del Invías, el contrato tuvo múltiples dificultades en todos los órdenes. Sin embargo, hoy está liquidado.
“El proyecto presentaba un atraso físico y financiero significativo con corte al mes de julio del 2016, por aproximadamente 26 mil millones de pesos en inversión (lo que significa un atraso del 12,12% en el programa de inversión vigente)”, reportó un informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno de la entidad.
Desde el 15 de febrero comenzó a reportar atrasos acumulados, lo que “evidencia un incumplimiento del contrato de obra”.
“Existen obras complementarias como box coulvert, cunetas, muros de contención y obras inherentes a la construcción del pavimento en concreto hidráulico, iniciadas y sin completarse en un 100 %, así como otras sin iniciar, según la interventoría, teniendo condiciones favorables (clima – épocas de verano, recursos, maquinaria, materiales, etc.). Lo antes mencionado recae en la discontinuidad del corredor vial, retraso en inversión y ejecución”, reportó la auditoría.
Además, en la gestión predial faltaban por legalizar varios de los terrenos requeridos para ejecutar el trazado según el diseño geométrico aprobado, restando continuidad o linealidad al proyecto y retrasando la inversión programada, según la interventoría.
En la misma vía se presentaron pérdida de banca, daños estructurales en obras de drenaje por inestabilidad de taludes que no se tuvieron en cuenta en la planeación del proyecto, más los costos básicos por estudios y diseños que se incrementaron en tiempo y en dinero. No obstante, pese a los incumplimientos y contratiempos, la ejecución concluyó en junio de 2018.
Afectaciones
La obra, según funcionario del Invías consultados por LA NACIÓN, tuvo inconvenientes desde el inicio.
El consorcio colombo brasilero confirmó que a partir del 29 de diciembre de 2012 el proyecto empezó a verse seriamente afectado económicamente como consecuencia de los actos de perturbación del orden público, tales como quema de maquinaria y secuestro de funcionarios por parte de grupos alzados.
“También por suspensión de obra por cierres de la vía y cierres temporales que impidieron que los proveedores del consorcio PCP pudieran hacer las entregas de los insumos en tiempo y forma; por incidencia de la atípica ola invernal presentada en la zona del proyecto generando, derrumbes continuos dentro y fuera del área de influencia de las obras”, recalcó el grupo empresarial.
Adicionalmente, el contratista tuvo que soportar la interrupción de obras por parte de la comunidad de San Andrés de Pisimbalá, por inconformidad en acuerdos de consulta previa. El auditor, Alexander Barrera recomendó que se adelanten acciones legales por incumplimiento del contratista.
Sanciones
En febrero del 2016 el Invías sancionó al consorcio por haber subcontratado con el consorcio Rockex SAS la ejecución de algunos tramos en ese corredor sin la previa autorización del Invías. La multa ascendió a 1.716 millones de pesos.
Según el Ministerio del Transporte ese hecho constituía una violación de una cláusula contractual.
La ministra de Transporte de la época Natalia Abello Vives, confirmó el incumplimiento por parte del contratista (Resolución 420 proferida el 28 de enero del 2016).
Sin embargo, el consorcio consideró que durante la ejecución contractual se presentaron varios hechos imprevistos e incumplimientos contractuales por parte del Invías.
Demanda
La demanda ordinaria fue colocada el 20 de abril de 2021 inicialmente en Bogotá en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Los representantes del grupo empresarial solicitó que se declare que el Instituto Nacional de Vías (Invias) incumplió las obligaciones pactadas en el contrato de obra N°518 de 2012 para la pavimentación de ese tramo entre Huila y Cauca.
En su criterio, reclamó que se declare que dicho incumplimiento le resulta imputable a la entidad oficial, porque alteró el equilibrio económico del contrato de obra a título de mayor permanencia, ‘stand by’, costo oportunidad y no reconocimiento y pago de diseños adicionales necesarios.
En consecuencia demandó su restablecimiento pleno y la liquidación judicial del contrato.
La reclamación, según la demanda, asciende a 24.323 millones de pesos por concepto de perjuicios por el incumplimiento contractual y restablecimiento del equilibrio económico o por la suma mayor que resulte probada dentro del respectivo proceso incluida su liquidación.
Admisión
Aunque el contrato se ejecutó y se coordinó en el Cauca, el magistrado Javier Tobo Rodríguez consideró que la corporación carecía de competencia para tramitar la controversia contractual en razón del territorio, por el lugar de ejecución del contrato objeto del litigio.
Argumentando el factor territorial, el togado lo remitió al Tribunal Administrativo del Huila, escogido por los representantes del consorcio para dirimir el enredo judicial.
El magistrado Jorge Alirio Cortés admitió la controversia y ordenó su trámite.
Reactivación
En el mismo trayecto, están en ejecución otros dos contratos para la pavimentación de ese corredor vial, vital para la conexión terrestre de los dos departamentos.
En el otro frente, también se reactivó la pavimentación de la vía Isnos-Popayán, en el corredor del Paletará.
La obra estaba paralizada desde el 13 de septiembre de 2021 cuando se detectó que una de las firmas del consorcio constructor aparecía involucrado en el escandaloso episodio de la Unión Temporal Centros Poblados.
La empresa ICM Ingenieros de propiedad de condenado Emilio Tapia Aldana, cedió su participación, permitiendo desenredar la contratación y ejecución de los contratos para la terminación del proyecto.
ICM Ingenieros autorizó la cesión de su participación correspondiente al 25% como integrante del Consorcio San Sebastián 064, a favor de los cesionarios, Gama Ingenieros Arquitectos S.A.S. el 20% y Harinsa Navasfalt Construcciones S.A.S., el 5%, así como los derechos y obligaciones que les corresponden en el contrato.
El Contrato No.1006 de 2021, adjudicado al consorcio San Sebastián 064, fue suspendido por el Invías, una vez estalló el escándalo por la pérdida de 70.200 millones de pesos destinados para llevar internet a las zonas campesinas.
El levantamiento de la medida cautelar, ordenada por el Tribunal de Cundinamarca facilitó la reactivación de las obras del corredor del Paletará, considerado como una solución sostenible para el Parque Nacional Puracé. La inversión asciende a 349.870 millones de pesos.