RICARDO AREIZA
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El ex alcalde de Rivera, José Luis Bahamón Montealegre, quien aspira a un segundo mandato, comparecerá el próximo martes ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, acusado de los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
El ex mandatario en plena campaña política, terminó ‘enredado’ por la venta irregular de un predio del municipio y de haberse quedado, presumiblemente, con el dinero que cobró por la venta ilegal del inmueble, ubicado además, en una zona de protección ambiental. La denuncia fue hecha por el concejal Aníbal Mosquera Campos.
La Fiscalía le imputó cargos el 15 de marzo de 2017 ante el Juzgado Único Promiscuo de Rivera con funciones de control de garantías. Aun así, decidió inscribirse por el Partido Liberal a la Alcaldía de Rivera.
La fiscal séptima delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Paola Andrea Córdoba, lo acusó como probable autor a título de dolo consumado de peculado por apropiación en concurso con celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La audiencia preparatoria programada inicialmente para el próximo año, fue anticipada para este martes. La fecha fue fijada por el juez Tercero Penal del Circuito, Jorge Enrique Luna Corrales.
El negociazo
El lote ‘La Dinda” de cuatro hectáreas más 699 metros cuadrados contiguo al barrio ‘Tierra de Promisión’, fue vendido ilegalmente al comerciante Arnulfo Cardozo Ramos el 2 de septiembre de 2013. El negociazo quedó registrado mediante Escritura Pública 1746 en la Notaría Cuarta del Círculo de Neiva.
“La venta no fue autorizada por el concejo. Por tratarse de un bien fiscal debió solicitar facultades especiales para la venta” explicó el concejal Aníbal Mosquera Campos, quien sustentó la denuncia.
“No conforme con dicha irregularidad, el alcalde no ingresó los recursos producto de la venta al erario público (sic), que debió realizar mediante adición presupuestal a la vigencia respectiva”, enfatizó la Fiscalía al confirmarle los cargos por supuesta corrupción.
Según el comerciante Arnulfo Cardozo Ramos a finales de junio de 2015 la secretaria de Gobierno, reversó la compraventa, cuando estaba en marcha la denuncia penal, lo que terminó destapando las anomalías.
El lote, producto de un des englobe, fue adquirido por el municipio en el año 2000 supuestamente para construir la plaza de mercado.
El lote fue vendido de palabra por la suma de diez millones de pesos. El comerciante, Cardozo Ramos quien venía ocupando el predio desde hacía 32 años, lo pagó en dos contados, cada uno de cinco millones. No hubo recibos ni constancias de pago. El dinero nunca ingresó a las cuentas oficiales.
Los pagos los hizo en efectivo, en la propia residencia del mandatario. El primero por cinco millones se los entregó personalmente. Luego repitió el mismo procedimiento para el segundo contado. En ambos casos hubo testigos.
“Posteriormente fue a la Notaría Cuarta, reclamó la escritura, hizo todas las vueltas de registro, quedando debidamente legalizada”, relató la fiscal Paola Andrea Córdoba.
Sin embargo, dos años después, presionado por la investigación penal, reversó unilateralmente el contrato.
“No entiendo porque el alcalde inició una actuación administrativa sobre el predio, porque se le canceló el dinero correspondiente al valor pedido por el mismo alcalde”, narró Cardozo Ramos.
Legalización
El desenglobe fue registrado el 15 de agosto de 2013 en la Notaría Quinta de Neiva (Escritura 2166). Luego el 2 de septiembre del mismo año, se suscribió la escritura 1746 en la Notaría Cuarta donde se materializa la venta del mismo predio ‘La Dinda’ al comerciante Arnulfo Cardoso Ramos.
Según el documento “el precio total de la presente venta es la cantidad de cuatro millones de pesos, que el vendedor declarar tener recibidos a entera satisfacción en dinero efectivo en manos del comprador (sic).
La escritura fue suscrita como vendedor por José Luis Bahamón, ocupación alcalde y Arnulfo Cardoso Ramos.
La compraventa fue registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos bajo la matrícula inmobiliaria 200-229294 donde confirma el valor de la compraventa por cuatro millones de pesos.
Reversazo
Una vez el concejal formuló la denuncia penal, el alcalde Bahamón Montealegre ordenó el 17 de junio de 2015 una actuación administrativa dando por terminado el contrato de compraventa del predio ‘La Dinda’ argumentando que el comprador no canceló le precio acordado.
El 20 de agosto de 2015 expidió la Resolución 288 declarando unilateralmente la terminación del contrato de compraventa. Ese hecho generó sorpresa en el comerciante, quien finalmente develó los orígenes y detalles de la transacción.
Pagos ilícitos
La Secretaria del Concejo certificó que “revisados los archivos del 2012 al 2015 no se encontró que el concejo haya autorizado la venta del predio ‘La Dinda’”.
Y lo más grave: La Secretaría de Hacienda de la localidad certificó que tampoco se encontró registro alguno sobre pagos por concepto de compra de predios.
Otro oficio expedido por la misma entidad el 7 de noviembre de 2015 informó que realizada “una revisión al presupuesto de la ejecución de ingresos de la vigencia 2012 al 2015, el Municipio de Rivera no ha recibido ingresos por la venta del lote ‘La Dinda’.
Adicionalmente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, confirmaron que el citado predio presentaba restricciones para la venta por parte del Municipio de Rivera por encontrarse ubicado en una zona de protección ambiental y en una zona de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos.
“Por ser un bien de uso público, con restricciones para su comercialización, este inmueble no es susceptible de avalúo comercial”, explicó el investigador Gustavo Puentes.
El perito estableció un valor estimado del predio para el año en que hizo la transacción (2013) de 39, 94 millones de pesos a septiembre de 2013.
“Aunque el predio denominado ‘La Dinda’, tiene una restricción por su uso del suelo, no existe razón que justifique su depreciación exagerada, pues el precio de venta fue inferior en un 87,98% con relación al precio de compra”, precisó el investigador.
Imputación
Tramitada la denuncia penal, la fiscalía le imputó cargos como probable autor a título de dolo consumado de peculado por apropiación en concurso con celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
“Con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida se puede afirmar con probabilidad de verdad, que las conductas delictivas existieron, que el investigado era conocedor de las obligaciones que la Constitución y la ley colombianas le imponían como servidor público en temas de contratación estatal, que tenía plena capacidad para autodeterminarse y quiso su realización, delitos por los cuales hoy se acusa a José Luis Bahamón como autor a título de dolo consumado de peculado por apropiación en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, concluyó la fiscal del caso.
Otros casos
No solo el ex alcalde de Rivera terminó enredado penalmente por la venta irregular de predios del municipio.
El ex alcalde de Elías Billy Alexander Vargas Salas fue sentenciado a 36 meses de prisión por adquirir terrenos destinados a programas de vivienda popular y protección de micro cuencas.
Vargas Salas compró para el municipio dos predios rurales por 177,42 millones de pesos en forma irregular, sin autorización del Concejo y desconociendo la normatividad.
Amparado en un acuerdo macro que faculta al alcalde para firmar convenios y contratos, el ex mandatario adquirió otro predio denominado ‘Lote Urbanización Las Cruces’, ubicado en zona urbana de Elías, por un valor de 127,96 millones de pesos. Según su asesor jurídico no se requería de una autorización del Concejo para la adquisición de los terrenos.
Además, el ex alcalde de Oporapa Yamid Sterling Sánchez, y seis de sus colaboradores están vinculados en un proceso penal por la compra y venta de lotes.
El ex mandatario adquirió un predio para la construcción del colegio San José. El predio ubicado en el barrio Rosario tuvo sobrecostos de un 400%. El lote costaba 40 millones de pesos. Luego fue vendido por 45 millones, diez meses después fue vendido a un tercero por 250 millones y finalmente al municipio lo adquirió por 476 millones de pesos en marzo de 2015.
Además, terminó enredado en otro proceso por transferirle a su hermano, José Hermínsul Sterling Sánchez, a título de venta y enajenación perpetua el derecho de dominio de un lote de terreno ubicado en dicho municipio. Por este hecho la procuraduría Provincial de Garzón lo destituyó e inhabilitó por trece años.