Mientras en El Salvador el presidente Nayib Bukele ejecuta la Fase III del Plan Control Territorial desvertebrando las estructuras criminales conocidas como las maras; en Colombia, el hermano de Gustavo Petro visita la cárcel de La Picota para encontrarse con políticos condenados por delitos contra la administración pública.
Dicho encuentro fue explicado, en declaraciones para la W Radio, en los términos que el país conoció por el mismo Gustavo Petro y que fueron ratificados posteriormente por la profesora Cielo Rusinque.
Sin embargo, y desatada la tormenta, en las últimas horas han salido los malabaristas del petrismo a decir que esto ha sido “un mal entendido”, “un juego sucio”, “un entrampamiento”, “una torpeza”, “unas desafortunadas declaraciones”, “una gestión intereclesial”; en fin, todo un complejo sistema filosófico importado y de uso exclusivo para “mentes brillantes”.
La ridícula puesta en escena de los voceros del “perdón social a la colombiana”, contrasta con la claridad del presidente Bukele quien sin tanta pedantería y arribismo intelectual habla y actúa. A la fecha, el Plan Control Territorial tiene como objetivo capturar 70.000 pandilleros de los cuales, a la fecha, ya cuenta con más de 23.000 detenidos.
Ahora, más allá del sofisma de distracción y de la justificación “intelectual” de los voceros del perdón social, es obvio que el concepto no resulta aplicable a nuestra realidad gracias a que el país ya perdonó lo imperdonable a las guerrillas del M-19, el EPL y, más recientemente, a las FARC a pesar de haber incurrido abiertamente en delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, y acostumbrados al estilo ladino de la izquierda para enredar al país, ha quedado sembrada una enorme duda sobre las verdaderas intenciones que hay detrás de todo esto gracias a la cantidad de incongruencias y mentiras que han aflorado alrededor de la oscura propuesta.
No obstante, la misma Rusinque y la congresista Catherine Juviano han dicho que lo que hay de fondo es el problema humanitario de la población carcelaria. Argumento que se esgrime igualmente en El Salvador por actores políticos como el FMNL (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) a través de periódicos como El Diario de Hoy y Co Latino, quienes agitando la bandera de los derechos de la población carcelaria, denuncian al presidente Bukele por abuso de poder
En coincidencia con lo anterior, desde la comunidad internacional ya se empiezan a escuchar voces de alarma desde la Secretaria General de la ONU como desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esto, Bukele ha dicho:
“¡Sinvergüenzas!, nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre de nuestro pueblo, nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrieron por nuestro país, nunca dijeron nada cuando cientos de miles de personas lloraron a sus familiares, nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo; ahí aplaudían, ahí venía el Secretario General de la OEA a darle la mano a los pandilleros”.
Según Bukele, las protestas se explican únicamente porque el gobierno ha tocado el brazo armado de diferentes sectores políticos, empresariales y financieros que con sus tanques de pensamiento, ONG´s y periodistas cierran filas contra el presidente.
En definitiva, estamos ante dos visiones radicalmente opuestas de la política criminal, con modelos de justicia contrapuestos y una antagónica escala de valores sobre lo que podría llegar a ser en nuestro continente la aplicación de la teoría del perdón social.